La juez archiva la pieza originaria del caso de fraude en cursos de formación

Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya, conocida por el caso de los ERE y quien ordenó las detenciones de cargos políticos al entender que existía una trama de clientelismo, ha acordado el sobreseimiento y archivo de la pieza originaria de los cursos de formación, el fraude en acciones de enseñanza pagadas con fondos públicos y en las que se han detectado irregularidades administrativas. La juez señala que no todas las subvenciones investigadas por la policía judicial por no estar justificadas carecen de estos avales. "El fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación. El menoscabo de fondos públicos tampoco", afirma la juez en el auto que cierra la causa, como reclamó la Fiscalía, y deja la investigación en decenas de casos particulares abiertos en 18 juzgados andaluces.

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La magistrada argumenta que "asimilar los conceptos de fraude o menoscabo a los de prevaricación o malversación es contrario a derecho y al principio de legalidad". Y añade que la mera ilegalidad detectada no corresponde al derecho penal sino a otros ámbitos jurídicos que ya "tienen prevista una adecuada reacción orientada a mantener la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos".

La juez Núñez rechaza de plano la existencia de una trama emanada desde la Administración para defraudar con los cursos de formación, cuyas irregularidades están siendo investigadas por una veintena de juzgados y orientadas a los convocantes de las actividades formativas por acceder a subvenciones no debidamente justificadas. Sostiene la magistrada que una interpretación penal de los fraudes supondría "un ataque consciente y grave" que la instructora no observa.

El archivo detalla la existencia de irregularidades: falta de documentación, ausencia de originales o copias compulsadas de facturas y justificantes de pago, resoluciones de exceptuación (eximir a las entidades de la necesidad de justificar los cursos), certificaciones sin comprobación, concesión y pago de nuevas subvenciones sin la inspección de otras acciones formativas realizadas y la falta de expedientes de reintegro (devolución) por subvenciones no justificadas. La Junta ha recuperado 7,6 millones de las subvenciones concedidas.

En este sentido, la juez explica que las excepciones para justificar cursos pueden ser irregulares, pero  "no es conducta delictiva alguna", ya que no buscaban el beneficio de una empresa sino "impedir el bloqueo en la tramitación de las subvenciones" generado "al no poder asumir la Administración la labor de comprobar las justificaciones presentadas por los beneficiarios en tiempo y forma".

Ni actuación concertada ni red clientelar

Núñez Bolaños rechaza que, como sostuvo la investigación policial, las irregularidades administrativas detectadas fueran "fruto de una actuación concertada y coordinada desde el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía, desde la Dirección General a todas las Delegaciones Provinciales, actuación que beneficiaría a determinadas empresas o entes y que daría lugar, de forma consciente, a la malversación del erario público".

Del mismo modo, la magistrada afirma que "tampoco se ha constatado la existencia de una red clientelar". "Que, entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas, encontremos 39 empresas que tienen alguna vinculación con el partido socialista no resulta significativo", argumenta.

Críticas a la actuación del PP

En este sentido, la juez arremete con la actuación del Partido Popular en este caso al atribuir la existencia de una trama para beneficiar a empresas cuyos responsables tenían vinculación con el PSOE o con el Gobierno andaluz. "Ese examen adolece de los requisitos básicos para ser tenido en consideración desde un punto de vista estadístico, carece del más mínimo rigor que se exigiría en una investigación al no realizarse una muestra de control para valorar cuántas empresas vinculadas a otros partidos políticos, incluido el PP, o a otros sectores sociales recibieron también subvenciones para formación", argumenta Núñez.

La magistrada apoya su afirmación sobre la "falta de acreditación, más allá de la teoría o hipótesis policial, sostenida también por el PP", en el archivo de la investigación en el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén el pasado 15 de junio, que determinó que “no existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta de Andalucía destina al pago de tales subvenciones fueran malversados con el visto bueno, autorización o por desidia de la propia administración, al no probarse lo contrario ni aún indiciariamente, ni que la propia Administración a través de sus responsables, ordenaran, indicaran o indujeran a realizar actuaciones u omitirlas que permitieran que terceros, sin relación probada con la administración más allá de lo que policialmente se expone y no se acredita, se beneficiaran torticeramente de tales fondos”. “Resulta manifiestamente absurdo (...) finalidades espurias por los responsables de la administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral”, añade.

El ministerio fiscal y las otras partes personadas pueden interponer recursos de reforma o de apelación en los próximos tres o cinco días. El PP ya ha anunciado que recurrirá.