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El PP trabaja ya para poder gobernar en minoría desde noviembre, con un respaldo de solo 137 diputados frente a 213, el menor que ha tenido nunca un Ejecutivo en democracia. El control de daños incluye el análisis de los recovecos legales, la necesidad de negociar cada iniciativa, el freno de las derogaciones de leyes, la salida al control de comisiones de investigación y el uso de instrumentos en su favor como la Presidencia del Congreso y la mayoría absoluta del Senado.

Estará en minoría, pese al pacto aún vigente con Ciudadanos y Coalición Canaria que elevará a 170 el número de diputados que apoyará previsiblemente la investidura de Mariano Rajoy, con la abstención del PSOE.

El PP del Congreso y La Moncloa barajan, para empezar, iniciar de forma inmediata el trámite de unos Presupuestos para 2017, aunque ya hayan sido prorrogados los anteriores. Estudian iniciar el trámite en noviembre, junto al techo de gasto, aunque el PSOE asegura que no descarta que ese procedimiento no se inicie hasta después de Navidad.

Según el cálculo de los populares, que encabeza Rafael Hernando en el Congreso, el procedimiento de tramitación de las cuentas del Estado les puede favorecer. El primer escollo es el debate de totalidad y en él cada grupo puede presentar una enmienda de devolución que, de aprobarse paralizaría medidas urgentes como la revalorización de pensiones, por lo que el PP confía en que tendrá la mayoría  necesaria para que se supere esa barrera para discutir los detalles. La devolución del proyecto del Gobierno supondría mantener en vigor las cuentas aprobadas en septiembre de 2015 solo con la mayoría absoluta del PP, contestadas por todos y rechazadas ya por Bruselas, especialmente, en lo referido al techo de gasto y la estabilidad que afectan a las comunidades autónomas.

Luego tendría que negociar las enmiendas una a una, de manera que, por primera vez en muchos años, el texto resultante puede ser muy distinto del inicial, lo que permite pactar con distintos partidos, como el PNV y hasta las formaciones catalanas. Incluso, podrían aprobarse apartados sin el PP.

En el Senado el PP puede cambiarlas con su mayoría absoluta, pero necesitaría confirmar luego las modificaciones en el Congreso.

En ese control de daños se incluye como instrumento fundamental el artículo 134.6 de la Constitución y el 126 del reglamento del Congreso, que permiten al Gobierno vetar iniciativas de la oposición que impliquen un incremento de gasto. Por ejemplo, la iniciativa presentada este jueves por todos salvo PP y Ciudadanos para revalorizar las pensiones.

Los decretos, un instrumento que usó el Gobierno en minoría de Aznar en 1996 como no ha hecho ningún otro, tienen la contraindicación de que precisan mayoría para ser convalidados.

Los populares asumen que tendrán dificultades en el control al que les someterá la Cámara, aunque cuentan con margen de maniobra como el utilizado hace un mes cuando Ana Pastor favoreció la fórmula de comparecencia de Luis de Guindos que prefería el Gobierno para hablar del caso Soria, aunque no pudiera evitar que el ministro se sometiera al control del Congreso.

El PP tendrá más dificultades para controlar las comisiones de investigación, pero trabaja en la forma de descafeinarlas. Por ejemplo, pactó con Ciudadanos una sobre “la presunta financiación ilegal del PP, que permita esclarecer las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro”. Los populares confían en reconducirla hacia una comisión genérica que ya ha sido aprobada por el pleno, que presidirá el diputado de Ciudadanos Toni Cantó, y que trabajará en busca de medidas contra la corrupción. Es decir, más que una comisión de investigación sería una de estudio con comparecencia de juristas y especialistas que aporten propuestas.

Comisión de investigación

Según el PP, no es posible investigar Gürtel mientras se celebra la vista oral y se está a la espera de una sentencia sobre el caso. Algo parecido intentarán con la comisión de investigación relativa a las gestiones en Interior del ministro Jorge Fernández Díaz. Esta ya ha sido creada, pero el PP intentará negociar con el PSOE y Ciudadanos que no se convierta en un examen de “las cloacas del Estado” en la que los populares podrían forzar comparecencias sobre la actividad de Interior con Gobiernos socialistas.

Respecto a la reforma de la Constitución, el PP quiere que antes de abrir una ponencia en el Congreso se limite en lo posible su alcance. Nada más tomar posesión, el Ejecutivo tiene margen para poner en marcha una serie de nombramientos de cargos que cesan con el cambio de Gobierno, que son de su estricta competencia y que tienen que pasar por un examen no vinculante en el Congreso. Por ejemplo, el candidato a fiscal general del Estado, que debe comparecer en el Congreso, pero sin opinión determinante de la Cámara. Al futuro Gobierno de Rajoy le favorece que hasta enero, no hay que proceder a nombramientos de los que precisan consenso entre los partidos y que, además, los primeros sean en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, aunque necesite mayoría cualificada. Concretamente son cuatro vacantes en el Tribunal Constitucional.

Los que salen son el presidente, Francisco Pérez de los Cobos; la vicepresidenta, Adela Asúa; y el magistrado Ricardo Enríquez, que fue nombrado en sustitución de Francisco Hernando. De esta terna era también Luis Ortega, cuya plaza está vacante desde su fallecimiento. De ellos, dos fueron propuestos por el PP, uno por el PSOE y otro por el PNV, lo que facilita el acuerdo.