El Constitucional amparó el control por el Parlamento de los vetos
El Gobierno estudia abrir un nuevo conflicto de atribuciones contra el Congreso
El Gobierno amenaza con promover un nuevo conflicto de competencias contra el Congreso de los Diputados ante el Tribunal Constitucional. Esta vez el motivo es el rechazo en la Mesa de vetos a proposiciones de ley de los partidos. La Moncloa entiende que la Mesa no puede rechazarlos. Sin embargo, el PSOE argumenta que, en situaciones similares, el Tribunal Constitucional ya ha fallado en favor de los Parlamentos y en contra de los Ejecutivos.
Si como parece la legislatura arranca la próxima semana con la investidura de Mariano Rajoy, el conflicto entre Gobierno en minoría y el Congreso con mayoría de otros partidos será permanente. Ya llegó al Tribunal Constitucional en forma de conflicto de atribuciones del Congreso contra el Gobierno en el mes de junio por la negativa a someterse a control parlamentario y, a la espera de esa sentencia, el enfrentamiento institucional puede ampliarse ahora. La Moncloa asegura que espera conocer la decisión de la Mesa en la que rechaza dos vetos del Gobierno a proposiciones de ley de la oposición y parar otros ocho. Si se pide más información la darán y si fuera un rechazo estudiarán ir al Constitucional.
Según la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que encabeza José Luis Ayllón, admitir que la Mesa pueda rechazar los vetos supondría que “una mayoría coyuntural impide que se ejerza una potestad constitucional", en este caso la del Gobierno para impedir que se desajusten los Presupuestos o se aprueben gastos que el Estado no pueda asumir.
Entiende el Ejecutivo que la Mesa no tiene competencia para rechazar la capacidad de veto a iniciativas que supongan aumento de gasto, tal y como permite la Constitución y el reglamento del Congreso. El único precedente de rechazo es de 1983 y en 2009 se frenaron otros vetos pidiendo más información al Gobierno. Expresamente no se ha pronunciado nunca el Constitucional sobre conflictos sobre este asunto entre Congreso y Ejecutivo, pero sí hay sobre parlamentos autonómicos. Preceptos similares de veto existen en las comunidades para evitar que la oposición descuadre las cuentas y, por ejemplo, el 24 de julio de 2006 el Constitucional sentenció que “resulta evidente que la Mesa del Parlamento Vasco tiene encomendado el control de la disconformidad manifestada por el Gobierno”. Se refería al Gobierno vasco y, curiosamente, la tesis del control de la Mesa sobre el veto la defendía en recurso de amparo el PP. Esa sentencia añadía que el reglamento de la Cámara “también otorga a la Mesa del Parlamento cierto margen de interpretación sobre cuándo puede considerarse que dicho impacto (presupuestario) se produce” y “la Mesa también debe ejercer su función genérica de calificación respecto a los documentos de índole parlamentaria remitidos por el Gobierno”. El PSOE, que encabeza el rechazo a los vetos en la Mesa del Congreso, argumenta además que otras resoluciones del Constitucional y del Tribunal Supremo otorgan a la Mesa la capacidad de dar veracidad a los escritos del Gobierno, sin limitarse a calificar los escritos.
La revocación de los vetos será esencial en la legislatura que se apunta. Primero porque será el Gobierno con menor apoyo parlamentario en España y segundo porque por primera vez el partido mayoritario no tiene mayoría en la Mesa. Si el Gobierno recurriera al Constitucional no hay instrumentos para una suspensión cautelar de la tramitación de las iniciativas. La sentencia tardaría años y supondría la anulación de la norma que ya estaría en vigor.
Aumento del gasto
El escrito de veto del Gobierno enviado al Congreso señala, por ejemplo, que “en el caso suspender o paralizar la implantación de la LOMCE, la Comisión Europea podría considerar que España no cumple las condiciones del programa y retirar total o parcialmente su financiación, por lo que se produciría una pérdida de ingresos para España de hasta 614.961.977,98 euros, devengados en 2016 y recaerían sobre el Estado estas obligaciones de gasto no previstas por importe de hasta 614.961.977,98, por motivo de la pérdida de ingresos”.
En su escrito de veto a la proposición de ley de paralización de la LOMCE (Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza), el Gobierno asegura que la norma supondría una pérdida económica grave.
“La vigencia de la LOMCE y la aplicación de su calendario de implantación significa la recepción de los fondos programados. En cambio, su derogación o paralización implica muy probablemente la pérdida total o parcial de los fondos prevista a partir del curso en que ésta se implante, dado que no se cumplirían en la forma programada y autorizada por la UE las medidas previstas. Ello abre la incógnita de un nuevo y futuro proceso de re-financiación de una futura nueva normativa”, asegura.
Concluye que “la paralización de la LOMCE en este momento (y por ende la pérdida de los fondos comunitarios total o parcialmente), conllevaría una disminución en los ingresos presupuestos del Estado y de todas aquellas comunidades sujetas a convenios (todas excepto Cataluña y País Vasco), por lo que el Gobierno debería oponerse a la tramitación de ambas PL al amparo del artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados y del artículo 134.6 de la Constitución”.
La otra proposición de ley se refiere al Estatuto de los Trabajadores. En este caso, La Moncloa asegura que “es indudable que la modificación en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados conlleva un incremento de los costes de las empresas públicas; que se verán incrementados para los trabajadores subcontratados en ellas, especialmente del sector industrial. A modo de estimación, estos costes supondrían un cuantioso efecto en el sector público empresarial. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en el sector industrial el gasto correspondiente al trabajo que, formando parte del proceso de producción propia, se encarga es realizado por otras empresas supone un gasto equivalente al 68% de los costes de sueldos y salarios. Pues bien, incluso asumiendo que en el sector público empresarial este porcentaje fuese menor (50%) y que el encarecimiento de los costes de dichos trabajos fuese moderado (2%), teniendo en cuenta que en año 2013 las empresas públicas tuvieron un gasto total en sueldos y salarios de 5.963 millones de euros el incremento de gastos en las actividades subcontratadas sería de 60 millones de euros anuales.
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