Castilla-La Mancha adeuda 17,5 millones por obras paralizadas por Cospedal

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que hacer frente al pago de 17,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones por la paralización de siete infraestructuras sanitarias. Entre ellas las de tres hospitales, tres centros de salud y un centro sociosanitario cuyas obras se vieron interrumpidas con Cospedal al frente del Gobierno autónomo entre los años 2011 y 2015. Su Ejecutivo alegó entonces falta de disponibilidad presupuestaria, pero no ordenó la interrupción con diligencia; es decir, no se siguieron los cauces administrativos pertinentes. Ni siquiera hubo negociaciones con las empresas y por lo tanto no se cerró ningún acuerdo de suspensión.

En cuatro de esos casos, los de los hospitales de Albacete y Cuenca y los centros de salud de Caudete (Albacete) y Membrilla (Ciudad Real), las empresas adjudicatarias ya han reclamado vía administrativa el pago de esas indemnizaciones una vez que el actual Ejecutivo ha intentado reactivar su construcción. Siguen siendo las adjudicatarias legales de esas obras por mucho que estén paradas y a medio ejecutar.

Reclamaciones

En las reclamaciones las constructoras incluyen conceptos muy diversos: los derivados de la seguridad y vigilancia de las instalaciones, su mantenimiento y limpieza, seguros, alquiler de maquinaria e incluso las tasas municipales, abonadas a los Ayuntamientos para obtener las licencias pertinentes. En el caso del hospital de Albacete, un tercio de la reclamación, que asciende a 10.685.652 euros, se imputa al concepto de lucro cesante o beneficio industrial. Lo firma y justifica minuciosamente la Unión Temporal de Empresas (UTE) creada a tal efecto: Constructora San José, Ortiz Construcciones y Proyectos y Barroso, Nava y Cía. Estas obras se adjudicaron el 25 de noviembre de 2010, se iniciaron en 2011 y se paralizaron al año siguiente.

En Cuenca, más de lo mismo. La UTE formada por Carrascosa, Sarrión y OHL reclama un montante de 6.593.348 euros. A esa cifra se llega sumando dos capítulos de gastos: los de suspensión de la obra y los de daños y perjuicios, incluyendo en este último algunos llamativos como los derivados del protocolo de promoción e inauguración de las obras. La construcción se inició el 29 de noviembre de 2010, y s eparalizó el 13 de junio de 2011.

Otras dos reclamaciones han llegado a las oficinas del Sescam, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Se trata de las relativas a la detención de las obras de dos centros de salud en Caudete y Membrilla. La primera por valor de 116.865 euros, la firma Seranco, a la que se encomendó esta obra el 18 de junio de 2010. Aquí fue la propia empresa la que, tras siete prórrogas y ante la falta de pago por parte de la Administración regional, suspendió la ejecución en enero de 2012. La misma compañía se encargaba de las obras de finalización del centro de salud de Membrilla desde que logró hacerse con el contrato en verano de 2010 hasta la suspensión de los trabajos en marzo de 2014. Desde ese año reclama daños y perjuicios por valor de 109.526 euros.

Hay otras tres infraestructuras que no han formulado aún una reclamación formal por daños y perjuicios. Se trata del hospital de Guadalajara, un centro sociosanitario en esa capital y otro centro de salud en Toledo. Para estos casos el Sescam estima una hipotética factura de 5.300.000 euros por daños y perjuicios.

El Hospital Universitario de Toledo es el proyecto sanitario estrella de las últimas tres legislaturas en Castilla-La Mancha. Proyectado en 2002, aún es un armazón de hormigón a pesar de que las obras se reanudaron el pasado mes de abril. En este caso el Gobierno entonces presidido por Cospedal sí negoció con las empresas adjudicatarias, logrando un acuerdo que evitó posteriores expedientes de daños y perjuicios. Eso ha permitido la reactivación de unas obras cuya factura en indemnizaciones alcanzó la pasada legislatura los 22 millones de euros.