Samantha Romero, una magistrada de clausura

Pasadas las doce del mediodía del pasado viernes la sección primera de la Audiencia de Baleares hizo pública la esperada sentencia del caso Nóos. 741 folios que la magistrada Samantha Romero ha redactado a lo largo de los 133 días hábiles que han transcurrido desde que el pasado 22 de junio el proceso quedara visto para sentencia tras casi seis meses de maratonianas sesiones. Un dictamen unánime, sin voto particular rubricado sin matices por las juezas Rocío Martín y Eleonor Moyá que formaban el tribunal junto a Romero y que puede llevar al cuñado del Rey a pasar más de seis años entre rejas.

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La magistrada ponente ha tenido dedicación exclusiva para redactar la sentencia desde el momento en que finalizó el juicio. Una situación que ella misma solicitó prorrogar hasta finales del mes de marzo y que le ha permitido no tener que lidiar con otras causas que han recaído en sus compañeros de la Sección Primera, que se han tenido que repartir el trabajo mientras Romero se dedicaba únicamente a elaborar la sentencia. Mientras tanto, Moyá y Martín han seguido formando parte del tribunal de la sección que ha continuado enjuiciando asuntos de forma diaria en la Audiencia de Baleares.

Los ocho meses que han transcurrido desde que finalizó el juicio han pasado en completo silencio por parte de Romero. La magistrada ha trabajado siempre desde su casa y apenas ha pisado el edificio que acoge la Audiencia Provincial, a la que llegó unos meses antes de que recayera en sus manos la redacción de la sentencia. Era una jueza desconocida -lo sigue siendo- tanto por sus compañeros como por quienes cubren diariamente la información judicial, ya que la mayor parte de su carrera hasta el momento se había desarrollado en Tarragona donde también formó parte de la Audiencia Provincial.

Los primeros rasgos de su carácter se vislumbraron durante los seis meses que duró el juicio. Fue dura y tajante en sus intervenciones para reprobar a las partes, con continuos choques verbales con el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach con quien la fricción fue tan evidente que apenas cruzaban la mirada. Muchos criticaron su escaso intervencionismo a la hora de cortar las declaraciones de algunos acusados y su escasa comunicación con los abogados y fiscales del caso, de los que estaba separada físicamente en los recesos y con quienes no coincidió ni en el aparcamiento. Un comportamiento que generó extrañeza entre los habituales de los juicios en la Audiencia Provincial por la “distancia y la frialdad” en el trato, según lo describe un abogado personado en el proceso.

Esa falta de comunicación también ha sido la tónica habitual de estos últimos ocho meses en los que Romero apenas ha tratado con sus superiores, con quienes ha coincidido en escasas ocasiones. La mayoría de las deliberaciones con Moyá y Martín se han realizado por la tarde, cuando las puertas del palacio que acoge la Audiencia quedan cerradas al público. Ha desarrollado su trabajo aislada para evitar filtraciones sobre el fallo, un temor que dicen sus cercanos se acrecentó después de que la prensa local aireara parte de su vida sentimental, que ella había intentado salvaguardar con un celo especial. Durante los meses de redacción solo trascendieron las diferencias de criterio entre las tres magistradas que trataban de cerrar una sentencia unánime y que retrasaron la elaboración de un dictamen que muchos preveían para antes de finalizar 2016.

Las órdenes para pulir los últimos detalles también han llegado desde casa y las directrices para hacer pública la sentencia han generado tensiones en la cúpula de la Audiencia Provincial estos últimos días, ya que no compartían el hermetismo de la magistrada que no ha compartido los detalles del dictamen hasta el último momento. A pesar de los precedentes a la hora de notificar resoluciones importantes, como la sentencia de la Gürtel la semana pasada en Valencia, Romero decidió no sumar a ellos la notificación de la sentencia sobre la infanta Cristina. Una forma de proceder que generó sorpresa entre las partes, que lamentaban no haber recibido ningún aviso de que el dictamen se notificaría por vía telemática a partir de las 12 del mediodía del pasado viernes.

En cualquier caso, la magistrada dejará pronto de estar en el disparadero. En unos días podría celebrarse una vista de medidas cautelares contra Iñaki Urdangarin y Diego Torres si así lo considera el tribunal, después de la petición de los fiscales Horrach y Lamas que valoran solicitar el ingreso inmediato en prisión de ambos. Después Romero volverá a la actividad rutinaria que apenas desempeñó hace unos meses cuando llegó a la Audiencia Provincial, aunque ahora lo hará con la sentencia por uno de los casos de corrupción más importantes de este país a sus espaldas.