Adrián de la Joya, el amigo de todos con casa en Suiza
El empresario admite que la comisión de OHL de 1,4 millones era para Ignacio González, pero no se la dio
El jueves 20 de abril, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interrogaba, en calidad de investigado, al empresario Adrián de la Joya por un pago de 1,4 millones de euros, en 2007, de la constructora OHL a Ignacio González, hoy en prisión. De la Joya reconoció haber recibido esa cantidad en su cuenta en el Anglo Irish Bank de Suiza y la indicación de Javier López Madrid (alto directivo de OHL) de transferir el dinero a Ildefonso de Miguel (directivo del Canal de Isabel II) para que este se lo hiciera llegar al líder madrileño del PP. Era una comisión por la adjudicación a la constructora de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid). Sin embargo, declaró al juez que no hizo la transferencia y se quedó con el dinero por unas deudas que OHL tenía con él.
La cuenta que tiene IBAN CH540854010212210001 en el Anglo Irish Bank, que consta en el auto del juez Velasco, y las sociedades Lauryb Group Inc, con domicilio en Panamá, y Franford Trade LTD, con sede en Tórtola (Islas Vírgenes), han aparecido vinculadas a De la Joya en los casos Gürtel y Lezo. En el primero, la cantidad recibida fue de 50.000 euros, pero en este último caso, la transferencia ascendió a 1,4 millones.
¿Quién es ese personaje que presta sus cuentas en Suiza y sus sociedades off shore para que se realicen pagos ahora investigados por la justicia? Un gran relaciones públicas, que pasó de ser comisionista en obras públicas a empresario del sector de las telecomunicaciones y la televisión, y acabó residiendo en Suiza, desde donde ofrece servicios de asesoría e intermediación financiera. Amigo de todos, con domicilio en un país en el que el secreto bancario es más que su himno y su bandera.
Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco es un hombre de negocios poco conocido por el público, pero mucho en los círculos de la jet madrileña y marbellí. Casado con Cristina Fernández Longoria y cuñado de Abdul Rahman el Assid (empresario libanés afincado en Sotogrande y socio de Adnan Kashogui), que está casado con María Fernández Longoria.
En los años noventa, el matrimonio (Adrián y Cristina) participaba en todas las fiestas de Marbella y se codeaba con los empresarios más famosos de la época. Mario Conde, los Albertos… (Beva, la tercera hermana Fernández Longoria, estaba casada con José Luis Alcocer). Curiosamente, todas las fotos del matrimonio publicadas entonces en la prensa del corazón han desaparecido de la memoria de los principales buscadores, como si su salida de España a partir de 2007 supusiera un paso hacia la máxima discreción que exigía su nuevo trabajo.
Una finca de Mario Conde
De finales de los noventa data su presunta relación con Mario Conde y Arturo Romaní (procesados entonces por el caso Banesto) para hacerse cargo, a través de la sociedad Seint, de la finca La Alamedilla. En el registro figura durante un tiempo como administrador de la sociedad La Alamedilla SL, junto a Elena Arroyo, cuñada del banquero. Ese es el mundo en el que se viene moviendo durante todos estos años.
Su trayectoria profesional ha estado muy vinculada a Rafael Martín Sanz, que fue consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, con el Gobierno socialista de José Bono. Y ya con él compartió su primer escándalo con motivo del denominado caso Atocha. De la Joya y Martín Sanz estuvieron implicados en una investigación provocada por el cobro de comisiones por adjudicaciones irregulares de la Comunidad de Madrid, entre 1989 y 1992, a la empresa Construcciones Atocha, de la que salieron indemnes judicialmente.
También con Martín Sanz entró en el negocio audiovisual con el Grupo Karpesa, que incluía a la productora Telson, por la que obtuvieron el 29,8% de Radiotrónica, que luego se convirtió en Avanzit. Era la época de Juan Villalonga como presidente de Telefónica, principal cliente de Avanzit. Martín Sanz y De la Joya, que habían sido nombrados presidente y vicepresidente de la sociedad, se vieron forzados a dimitir en 2001, tras llevar la empresa a la suspensión de pagos.
Es entonces cuando crea el Grupo Serena, lanza algunos negocios con el empresario Domingo Díaz de Mera (el promotor del fracasado aeropuerto de Ciudad Real) y monta un despacho profesional, AMC, con oficina en el barrio de Salamanca de Madrid. Tiene, además, varias sociedades patrimoniales junto a su mujer, según consta en los registros de la propiedad consultados por EL PAÍS.
A partir de 2007, De la Joya liquida algunas de sus sociedades y traspasa los inmuebles a manos de personas físicas. Es por esa época cuando deja de ser asesor de obras para convertirse en intermediario financiero, con domicilio fiscal en Suiza y sociedades en paraísos fiscales. Una de sus cuentas en Suiza le llevó a declarar como investigado la semana pasada en la Operación Lezo (sigue imputado hasta que el juez diga lo contrario) y, según fuentes judiciales, se comprometió a colaborar con la justicia en todo lo que necesitaran.
Buenas relaciones con Casals y el comisario Villarejo
Adrián de la Joya tiene amigos en la política, la empresa, la prensa, la justicia y la policía. En mayo pasado, el empresario comía en el restaurante Portonovo de Madrid con el comisario José Manuel Villarejo, el presidente de La Razón, Mauricio Casals (también investigado por la Operación Lezo y luego desimputado) y el director de La Sexta, Antonio García Ferreras. Casals y Villarejo se declararon muy amigos de De la Joya y el comisario ha dicho que suelen reunirse con magistrados.
En el sumario por el caso Nicolás figuran 174 llamadas telefónicas entre la oficina del empresario y el móvil del policía en los 60 días posteriores a la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias. De la Joya figura como accionista de La Alamedilla, una finca que se pretendía utilizar para cometer una estafa y que está bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.
El abogado que asistió a De la Joya ante el juez fue Ernesto Díaz Bastién, socio de Villarejo en algunas de sus empresas; entre ellas Schola Iuris, escuela de práctica jurídica en la que imparten clases jueces y fiscales en activo.
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