Los tentáculos de Villarejo en el mundo judicial

El comisario jubilado y empresario José Manuel Villarejo montó durante años una red de influencias en la justicia española para poder intervenir en los procedimientos judiciales que le afectaban a él o a sus clientes. Esa red sigue viva y tiene como principales activos el instituto de práctica jurídica Schola Iuris, en el que han cobrado por dar clases relevantes jueces y fiscales españoles (entre ellos el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, según los datos públicos del claustro de profesores), y la asociación Transparencia y Justicia, que se persona en aquellos casos de interés para el policía, como hizo hace apenas 10 días en el caso Lezo.

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El entramado de sociedades de Villarejo no se limita al sector inmobiliario, hotelero, de consultoría, seguridad o sanidad; la justicia supone un nicho importante para sus actividades. En unos casos a través del despacho de abogados del que es socio (Stuart & Mckenzie Spain) y en otros, a través de las citadas escuela y asociación.

Schola Iuris es un exclusivo instituto jurídico de Madrid en cuyo claustro han confluido altos cargos policiales, reputados abogados y, sobre todo, fiscales y magistrados de relevancia. El centro fue creado el 19 de octubre de 2004 y una de sus especialidades es el máster de Derecho Penal Práctico, homologado por el Colegio de Abogados de Madrid. Los alumnos abonan de matrícula 14.000 euros por 512 horas lectivas.

Este instituto es una sociedad limitada, cuyo titular es la sociedad Procard Europa, con un capital social de 3.010 euros, de la que es administrador único el director de dicho instituto, Ángel Benseny Pellicer. El director es perito calígrafo y psicólogo forense de los juzgados de Primera Instancia de Madrid y el campus está situado en la planta 18 de la Torre de Cristal, en el centro financiero del paseo de la Castellana de Madrid.

Benseny aparece como apoderado junto al abogado Rafael Redondo (socio de Villarejo en la mayoría de sus negocios) y otros dos policías, los hermanos Carlos y Antonio Giménez Raso, en el consejo de la empresa Cenyt Argo, que tiene como sociedad matriz a Cenyt Consultoría, uno de los ejes del entramado societario del conflictivo policía.

EL PAÍS se ha puesto en contacto con los fiscales Maza y Moix para contrastar la información pública de Schola Iuris y, a través de la Dirección de Comunicación de la fiscalía, han señalado que el actual fiscal general del Estado impartió una sola clase en 2005 y que el fiscal Anticorrupción nunca ha dado ni clases ni conferencias en ese instituto y que no conoce al comisario Villarejo (esta aclaración no se le había solicitado). Esta respuesta contradice los datos incluidos en la web de Schola Iuris durante años.

El propio comisario Villarejo presume en sus conversaciones privadas de tener muy buenas relaciones con jueces y fiscales, con los que mantiene reuniones periódicas. El expolicía y empresario acudió a la toma de posesión del fiscal general del Estado sin estar invitado, pero acompañó al juez decano de Madrid, Antonio Viejo, con quien tiene buena relación.

Los magistrados y jueces españoles están sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, regulado en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las únicas actividades consideradas compatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional son “la docencia o investigación jurídica, así como la producción literaria, artística y científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella”. La norma establece con detalle las actividades compatibles y aquellas sobre las que hay que pedir autorización.

Los jueces, magistrados y fiscales pueden dar clase en cursos y seminarios (siempre que no tenga carácter permanente ni suponga más de 75 horas al año), conferencias públicas, participar en tribunales calificadores de pruebas de selección a la Administración, etcétera. Sin embargo, desde algunas instancias se ha planteado la posible connivencia entre estos funcionarios públicos y los abogados que participan en estos cursos y, por supuesto, con los propietarios de las instituciones que les contratan. El que fuera fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha sido uno de los más críticos con estas relaciones.

Además de Schola Iuris, Villarejo tenía una segunda vía para influir sobre aquellos casos de interés: la asociación Transparencia y Justicia, que acaba de personarse como acusación popular en el caso Lezo. Esta asociación fue fundada en 2005, un año después que la escuela de práctica jurídica, bajo el nombre de Asociación para la Protección de la Inversión.

En 2011 cambió de denominación por el nombre actual y fueron designados representante legal el abogado David Macías González y miembro de su patronato Rafael Redondo. Ambos forman parte del núcleo duro de las sociedades de Villarejo. Macías es, entre otros cargos, administrador único de Desarrollo Empresarial Potes, que ostenta la propiedad de la web informaciónsensible.com, dirigida por la actual mujer del policía.

Transparencia y Justicia se ha personado en procedimientos famosos. Entre ellos, el caso Campeón, por el que se imputó al político socialista José Blanco, y el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre en la Gran Vía de Madrid. En este último caso, la asociación tuvo una actuación errática, acusando primero a la expresidenta de la Comunidad de Madrid de un delito de desobediencia y abandonando el caso posteriormente a pesar de ganar un recurso de apelación.

Este movimiento fue muy comentado en su día (marzo de 2015) y el periodista Ernesto Ekaizer escribió en este periódico que “fuentes jurídicas consultadas señalan que esta aparición y desaparición es un modus operandidel tándem Villarejo-Macías” y que “la acusación popular es un instrumento para obtener ciertos objetivos que se fijan cuando se deciden a emprender la personación en casos sonados”. Esta práctica se ha comparado en ocasiones con la desarrollada por el pseudosindicato Manos Limpias o la asociación de usuarios bancarios Ausbanc.