Manuel Moix dimite como fiscal jefe Anticorrupción tras conocerse su sociedad en Panamá

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha presentado su dimisión "por motivos personales" este jueves después de que se revelara que posee desde 2012 el 25% de una sociedad offshore en Panamá, bajo la que se camufla la propiedad de un chalé en Collado-Villalba, que tanto él como sus tres hermanos recibieron como herencia de sus padres, ha acabado forzando su dimisión.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha defendido en cualquier caso a Moix y ha alegado que "no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni ilegalidad". Tampoco considera que la participación en una empresa en Panamá le haga incurrir a Moix en una incompatibilidad". "La Fiscalía es una institución autónoma", ha alegado Maza, quien considera que no se ha visto afectada por las actuaciones del jefe de Anticorrupción.

"No había motivos, ni existen, para el cese", ha añadido Maza, que no ha admitido preguntas pero ha aprovechado para lanzar una referencia a los medios de comunicación: "el argumento para la dimisión de un posible daño a la imagen pública debería ceder ante algo más importante, que es el fondo de la institución, la autonomía". Para Maza la fiscalía debe ser independiente "no solo del Gobierno, sino también de todos los poderes del Estado y otras instituciones. Solo se debe al imperio de la ley y no debe ser influida por nada más", ha concluido en alusión a los medios de comunicación.

Moix tira la toalla después de recibir en los últimos días la frialdad del fiscal general Maza y del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que tendrán que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre este escándalo que tratan de circunscribir a la esfera personal del dimitido. También ha sido clave en su renuncia que todas las asociaciones de la carrera fiscal, incluida la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, que le apoyó en su nombramiento, hubieran reclamado su salida del cargo.

La renuncia de Moix, colocado en una situación insostenible –con los partidos de la oposición y las principales asociaciones de la carrera fiscal exigiendo su cese- culmina una trayectoria en Anticorrupción marcada por la polémica. Su nombramiento, el pasado 22 de febrero, fue ampliamente discutido por dos motivos principales. El primero, de carácter técnico, por el hecho de no haber pertenecido a la plantilla de Anticorrupción, una fiscalía especializada con cierto espíritu de cuerpo. La segunda razón es política: Moix, anterior fiscal superior de Madrid, fue considerado desde el inicio un ariete del Gobierno para controlar una fiscalía que investiga causas que afectan al PP, como los casos Gürtel, Púnica y, en los últimos meses, Lezo.

Precisamente, la investigación centrada en el expresidente madrileño Ignacio González, cuyo inicio coincidió con el estreno de su mandato, le situó en el ojo del huracán. En las grabaciones ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se escuchaba a González felicitarse, en conversación con el exministro Eduardo Zaplana, de la futura designación de Moix al frente de Anticorrupción. “Sería cojonudo. Es un tío bueno y serio”, se escuchaba decir al expresidente madrileño, ahora en la cárcel, sobre él. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fue alertado por las asociaciones fiscales de la existencia de esta grabación, pero aun así siguió adelante con el propósito que traía marcado de colocar a Moix al frente de Anticorrupción.

Su desembarco en la fiscalía, donde ha durado apenas 87 días, fue turbulento. La víspera de que la Guardia Civil desplegara la operación Lezo Moix ordenó a los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, que no solicitaran al juez el registro de una sociedad vinculada a delitos supuestamente cometidos en el entorno del Canal de Isabel II en el año 2001, época en la que Alberto Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad de Madrid. Los fiscales recurrieron a una medida prevista en su estatuto orgánico, pero absolutamente excepcional: forzar una junta de fiscales anticorrupción, que por mayoría aplastante se opuso a la orden de Moix. Este dio marcha atrás, pero a cambio impuso a los fiscales que no acusaran a la trama de un delito de organización criminal, y en los días siguientes se empeñó, sin conseguirlo, en sacar al fiscal Yáñez de su fiscalía.

El segundo gran conflicto lo tuvo cuando trató de retirar a los fiscales José Grinda, Fernando Bermejo de la investigación del caso del 3%, que se sigue en un juzgado de El Vendrell (Tarragona). Esta decisión fue llevada por los afectados al Consejo Fiscal, y ante la polémica, el fiscal general Maza optó por paralizarla de manera cautelar.

La bronca en Anticorrupción se agravó el 10 de mayo después de que Moix desautorizara a los fiscales del caso Lezo, que en uno de sus escritos al juez Velasco, apuntaron al secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, José Antonio Nieto, de estar detrás del chivatazo que alertó a Ignacio González de que estaba siendo investigado por diversos delitos de corrupción, lo que llevó a este a adoptar medidas extremas de seguridad y al juez Velasco a ordenar que se colocara un micrófono en su despacho.