El Gobierno rechaza extraditar al periodista turco-sueco reclamado por Erdogan

El Consejo de Ministros ha rechazado este viernes la extradición del periodista sueco de origen turco Hamza Yalçin, detenido el 3 de agosto por la policía española y reclamado por el régimen de Erdogan, que lo acusa de delitos de opinión y vínculos con el terrorismo. Yalçin, que salió el jueves en libertad provisional, podrá abandonar España ya que la decisión pone fin al procedimiento judicial. Aunque esta no afecta al escritor turco-alemán Dogan Akhanli, en una situación similar, se da por descontado que la respuesta también será negativa.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que inicialmente apostaba por dar vía libre al proceso de extradición a la espera de que se pronunciara la Audiencia Nacional, propuso finalmente al Gabinete rechazar la demanda de Ankara. El Gobierno se ha basado en que Yalçin obtuvo en dos ocasiones el estatuto de refugiado por parte de las autoridades suecas, en 1987 y 1998, antes de que estas le concedieran la nacionalidad, en 2006, “como medio de otorgarle una protección reforzada al persistir las circunstancias que habían justificado la concesión del asilo”, según Moncloa. Tanto la ley española como el Estatuto de los Refugiados prohíben extraditar a los asilados políticos.

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Catalá había anticipado que la extradición seguiría adelante si la documentación remitida por Ankara estaba en regla, sin entrar al fondo del asunto, pero finalmente cambió de opinión. Las detenciones de Yalçin, el 3 de agosto en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), y de Akhanli, 16 días después en un hotel de Granada, provocaron una ola de solidaridad internacional encabezada por asociaciones de periodistas y escritores y llevaron a intervenir ante Rajoy a la propia canciller alemana, Angela Merkel.

Mientras Akhanli fue liberado a las 48 horas de su detención, con la obligación de permanecer en España hasta que se resolviera su expediente, Yalçin estuvo recluido 56 días en la cárcel de Brians 1 (Barcelona) hasta que el juez Ismael Moreno ordenó este jueves su puesta en libertad, con la obligación de comparecer semanalmente, entregar el pasaporte y la prohibición de salir de España sin permiso judicial. Yalçin, que se enfrentaba en su país de origen a una posible cadena perpetua, confesó ayer que había “empezado a mentalizarse” para pasar el resto de sus días en prisión. Su abogado, el exjuez Baltasar Garzón, aseguró que, “en la situación actual de Turquía, sería una locura, además de una gravísima irresponsabilidad, entregar a personas que han criticado los excesos” de Erdogan, con más de 160 periodistas entre rejas.

Garzón denunció que las autoridades turcas habían ocultado información en el expediente enviado a España para conseguir la extradición de Yalçin, como que su supuesto denunciante ha desmentido tal acusación.

La ley de extradición pasiva de 1985 prevé que las demandas de extradición sean examinadas en dos ocasiones por el Gobierno. En la primera, el Ejecutivo debe dar luz verde a que la Audiencia Nacional tramite el procedimiento; en la segunda, decide si se materializa la entrega. El plazo de 40 días de que disponía el Gobierno para pronunciarse por vez primera sobre el caso de Yalçin no acababa hasta el día 9, pero ha perferido darle carpetazo sin apurar los plazos.

En el caso de Akhanli, el expediente se inició con posterioridad, por lo que el Gobierno aún dispone de varias semanas para pronunciarse. El escritor alemán de origen turco, conocido por sus denuncias del genocidio armenio, acudió ayer a saludar a Yalçin. “No he podido disfrutar de mi libertad sabiendo que él seguía en prisión, Ahora quizá podré enseñarle la ciudad y disfrutarla juntos”, declaró.

Esta semana ha visitado Madrid el ministro turco para la UE, Ömer Çelic, quien habría sido informado de la decisión de rechazar las extradiciones, según fuentes diplomáticas.