Cientos de vecinos acosan a policías para expulsarlos de varios pueblos

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Insultos, gritos y abucheos. Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados a Cataluña están sufriendo, sobre todo en municipios pequeños, una campaña de acoso por parte del ala más radical del independentismo y de algunos vecinos que descargan sobre ellos su ira por las cargas del pasado domingo durante la celebración del referéndum ilegal de secesión. Los Ayuntamientos de municipios como Calella y Pineda de Mar, en Barcelona, han “negociado” con los hosteleros para que echen a los agentes. Sin embargo, el Ministerio del Interior decidió ayer mantenerlos en los establecimientos.

“Ni la Policía ni la Guardia Civil abandonarán ningún hotel en Cataluña en el que exista un contrato en vigor”. Así se expresó ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras las múltiples situaciones de acoso vividas por centenares de agentes desplazados a Cataluña. Ante la indefensión sufrida por estos agentes y las críticas de los sindicatos policiales, Zoido sostuvo que defenderá “sus derechos y su dignidad.

“No vamos a tolerar comportamientos mafiosos de los Ayuntamientos en Cataluña”, aseveró por su parte la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en referencia a las supuestas amenazas de algunos Consistorios a los hosteleros para que echaran a las fuerzas de seguridad. Los representantes municipales negaron las amenazas e indicaron que solo fueron conversaciones para “negociaciones y acuerdos” con el objetivo de mantener la paz en sus calles.

Los 150 agentes hospedados en Calella ya tuvieron que abandonar el pueblo el lunes después de que las protestas se intensificaron tras el enfrentamiento de varios agentes contra un grupo de personas que se había concentrado ante su hotel, que les increparon. En Pineda, otros dos centenares de policías esperaban ayer el traslado hasta que llegó al orden de Interior. Así, tuvieron que aguantar durante la mayor parte del día el asedio. De hecho, al caer la noche, cientos de personas continuaban concentradas a la entrada de la calle donde se aloja la Policía Nacional. Allí, los gritos de “hijos de puta” y “fuera” volvieron a entremezclarse con las llamadas de algunos presentes a la calma. Las protestas continuas obligaron al alcalde de Pineda, Xavier Amor (PSC), a salir a las seis de la tarde para dar explicaciones. “La junta de portavoces del Consistorio manifiesta nuestra preocupación por la situación generada en nuestro municipio. Hacemos una petición al mantenimiento de la convivencia y la cohesión social”, afirmó el regidor, recibido con gritos de “dimisión”, abucheos y algún insulto.

Tanto el Govern como los Mossos llamaron a la calma a lo largo de la jornada. “En estos momentos excepcionales seguiremos haciendo las gestiones para recuperar la normalidad en nuestro pueblo”, remachó el alcalde.

El acoso a policías y guardias se inició el domingo en municipios como Mont-Roig del Camp (Tarragona), donde centenares de vecinos impidieron la entrada de la Guardia Civil en el pueblo. Al grito de “fora, fora”, les obligaron a retroceder formando una columna humana que ocupaba toda la calzada y rodeaba a los vehículos de los guardias. La Jefatura Superior de Policía de Barcelona también fue rodeada por una muchedumbre el lunes en protesta por la actuación policial en los centros de votación el domingo.

Los escraches sufridos por las fuerzas de seguridad durante la noche del lunes en distintos puntos de Cataluña —tanto en hoteles como en comisarías— forzaron la celebración de una reunión de urgencia a las nueve de la mañana en el Ministerio del Interior en el que participaron, junto a Juan Ignacio Zoido, su número dos, José Antonio Nieto, y los dos directores generales de la Policía y la Guardia Civil, Germán López Iglesias y José Manuel Holgado. En la reunión se abordó casi en exclusiva la situación en la que se encontraban los agentes de ambos cuerpos desplazados. De dicho encuentro salió un informe con el que el ministro se desplazó al Palacio de La Moncloa para departir con Mariano Rajoy, la vicepresidenta y el ministro de Turismo, Álvaro Nadal. De este segundo encuentro salió la orden de Interior a los agentes de no abandonar aquellos establecimientos hoteleros con los que el ministerio tuviera contrato en vigor para que hospedase a los agentes.

Zoido salió de la reunión de Interior con la idea de que lo mejor era que los agentes se retiren de Pineda. Pero fue en La Moncloa, según fuentes de Interior, donde Rajoy y, sobre todo, Santamaría mantuvieron como “inadmisible” la idea de la salida de los policías.

En paralelo, a los cerca de 6.000 agentes desplazados a Cataluña se les comenzaba a comunicar que su estancia en la comunidad se prolongará, al menos, hasta el próximo 11 de octubre.

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