Un defensor contra las decisiones que lastran el futuro

Los representantes municipales de más de 800.000 ciudadanos han pedido la creación de una figura inédita en España, el Defensor de las Generaciones Futuras. La iniciativa, respaldada por Naciones Unidas y a la que se han unido medio centenar de municipios de todos los colores políticos (Córdoba, Cabra, Morón, Almonte, San Vicente del Raspeig o Alcaraz, entre otros), pretende crear una entidad que piense en los efectos de las decisiones actuales en aquellos que aún no han nacido.

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¿Se habrían construido las autovías radiales de pago de Madrid o el aeropuerto fantasma de Castellón si alguien hubiera pensado en su futuro real? ¿Se habrían permitido urbanizaciones donde nadie quiere vivir? ¿Se habría redactado la reforma laboral tal y como se hizo si se hubieran analizado las consecuencias actuales? ¿Se habría dejado que la crisis creara una brecha social como la existente si se hubieran detallado los costes para paliarla ahora? Estas preguntas se las han hecho los representantes municipales de 47 localidades para apoyar la propuesta de crear un defensor de las Generaciones Futuras, una entidad que funciona en Alemania, Bélgica, Israel, Kenia o Reino Unido.

Sophie Howe dirige el comisionado de las Generaciones Futuras en Gales, que se creó hace año y medio y ya ha conseguido ser tenida en cuenta en los planes a 20 años de la región de Cardiff, reconducir el diseño del metro, la revisión de las formas de gasto en el Gobierno o frenar la ampliación de una autovía, presupuestada en casi 1.500 millones de euros. Ahora están analizando los costes de los efectos de la crisis y el beneficio de anticiparse para evitar el posterior gasto en políticas sanitarias y sociales.

“El principal obstáculo ha sido el cambio cultural de pensar en el futuro a largo plazo. Quienes toman las decisiones no piensan en el impacto que tendrán sus decisiones. La Administración se ha comprometido y también muchas empresas, que ya cuentan con nosotros”, afirma Howe.

Prevenir y advertir

A Howe la nombra el Gobierno con la recomendación del Parlamento tras un concurso público y defiende que su figura es complementaria a la del Defensor del Pueblo porque su encomienda es “examinar, prevenir y advertir de las consecuencias”. Admite que la relación con las instituciones no es fácil, pero asume los costes. “Nos tenemos respeto”, afirma.

Igual piensan los integrantes de la Fundación Savia, los promotores de esta figura en España. “El Defensor del Pueblo actúa sobre el presente, nuestra propuesta es anticiparnos, instaurar un nueva forma de pensar para hacer políticas que trascienden a la generación actual, que prevean cómo va a afectar a quienes no han nacido ni votan ni consumen”, explica Francisco Casero, presidente de la organización que ha llevado la moción a las instituciones.

Manuel Castañón, experto en derecho medioambiental, ha estudiado la figura en los 13 países que cuentan ya con ella. “Las decisiones de hoy condicionan la vida del futuro. Es un ejercicio de equidad o generosidad intergeneracional”, asegura.

Las funciones generales de este comisionado son asesorar, informar, denunciar e incluso personarse en acciones judiciales. Los modelos son varios. En algunos casos son órganos de extracción parlamentaria o adjuntos al defensor del pueblo. En otros, la oficina depende directamente del Gobierno, hay fórmulas mixtas y algunos países cuentan con el respaldo de organizaciones y empresas privadas.

El ámbito suele ser territorial y sus competencias es sobre todo tipo de entidades cuyas decisiones tengan consecuencias a largo plazo. Casero pone un ejemplo: “Se han tomado decisiones sobre algo tan fundamental como el agua que han dejado sin solución a algunas zonas”.

Con el “firme apoyo” de Naciones Unidas y el respaldo de los representantes de casi un millón de vecinos, la Fundación Savia ha emprendido la campaña para que los españoles que aún no han nacido puedan hacer frente a sus necesidades y no tengan que afrontar los daños que les causamos.

La experiencia de Gales

La comisión de las Generaciones Futuras de Gales (Reino Unido), al ser la última en incorporarse al selecto club de regiones que cuentan con esta figura, cuenta con una de las legislaciones más avanzadas. Su titular es Sophie Howe.

Su norma fundacional la define como un organismo independiente fundado por el Gobierno de Gales. En su primer presupuesto ha contado con 1.682.976 euros.

Sus áreas prioritarias de actuación son el cambio climático, un modelo económico de futuro, la evolución demográfica y la participación ciudadana.

La misión fundacional es ayudar a las entidades a planificar el futuro con el objetivo de crear una región más próspera, capaz de afrontar circunstancias adversas, más saludable, equitativa, igualitaria, cohesionadas, cultural y globalmente responsable.

Las armas son el diálogo y la colaboración entre comunidades, entre los individuos y sus servicios públicos, para evitar que ocurran problemas o vayan a peor los conflictos actuales.