Las familias de los fallecidos solo cobrarán ayuda si se demuestra que el fuego fue intencionado

Las familias de los cuatro fallecidos por los incendios que asolaron Galicia la semana pasada podrían no llegar a percibir jamás las ayudas anunciadas por la Xunta. El decreto en el que el Gobierno autonómico recoge con detalle las medidas urgentes de reparación de los perjuicios causados por el fuego, publicado el viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), establece que la entrega de las cantidades para paliar los daños personales (de 75.000 euros por fallecimiento o incapacidad permanente absoluta y de entre 60 y 103 euros por día de hospitalización) está condicionada a que “como resultado de las investigaciones iniciadas se determine la existencia de intencionalidad”.

La demostración de que fueron deliberados es tarea complicada, según ha reconocido ya la Fiscalía Superior de Galicia. Frente al la recurrente alusión por el Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo a la “trama terrorista” que existiría detrás de la acción incendiaria, el ministerio público reconoce que no se encontraron indicios de ello ni en los grandes fuegos registrados en 2006 ni en los investigados durante los gobiernos presididos por Manuel Fraga. “Es un despropósito que la Xunta se ampare constantemente en la existencia de una trama terrorista para exculparse y que sin embargo exija que se demuestre la intencionalidad para pagar”, sostiene el socialista Luis Milia, alcalde de Carballeda de Avia (Ourense), uno de los municipios más afectados y en los que las llamas acabaron con la vida de un vecino octogenario, Marcelino Martínez, cuando intentaba poner a salvo a los animales encerrados en su cuadra.

El Gobierno gallego, por su parte, esgrime que el "criterio de intencionalidad" se ha introducido en el nuevo decreto para "reconocer a las víctimas más allá" de las indemnizaciones por catástrofes ya incluidas en la legislación. Fuentes de Vicepresidencia recalcan que este requisito "no significa que se tenga que detener al culpable".

En opinión de Milia, sin embargo, esta “letra pequeña” del decreto hará difícil que los afectados puedan percibir las indemnizaciones anunciadas por Feijóo. Asegura el regidor de Carballeda de Avia que en el caso de los daños causados a las viviendas, los damnificados “no llegarán a ver ni un euro aunque se consiga demostrar que los fuegos fueron intencionados: son personas de más de 80 años y esa investigación puede durar un décadas”. Milia entiende que el paso del tiempo “solo generará en ellos más ansiedad y mayor deterioro físico; es una tomadura de pelo”.

El regidor de Carballeda de Avia advierte, además, de que los mayores daños se produjeron en las viviendas más humildes "construidas con elementos de menor calidad" y entiende que estos afectados "deben empezar a visualizar las ayudas desde ya".

En el mismo sentido se expresa el alcalde de Nigrán, Juan Antonio González, en cuyo municipio perdieron la vida dos mujeres atrapadas en una furgoneta cuando intentaban escapar de las llamas. “Todo apunta a que va a a ser imposible demostrar la intencionalidad, pero lo que pretende la Xunta es una locura porque en el caso de que los incendios no hayan sido deliberados habría mayor grado de negligencia del Gobierno autonómico que ni los controló ni puso medios para apagarlos: todavía estamos esperando hoy la ayuda que anunció Feijóo en plena oleada”.

Tanto Milia como González, ambos del PSdeG, tildan de “rácana” la posición del Ejecutivo autonómico. “Son cuatro personas fallecidas en un país, no cientos”, protesta el alcalde de Nigrán que puntualiza que “esas vidas no se pagan con nada”. González reconoce que los últimos incendios “nos superaron a todos porque se dio una situación climatológica anómala que difícilmente se volverá a repetir en 200 años”, al margen de que “sin querer entrar en un debate político, la Xunta sí podría haberlos gestionado mejor y desarrollar también otra política preventiva”.

Tanto él como Milia anuncian su decisión de trasladar a la Federacion Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) su malestar por las condiciones impuestas por la Xunta para que las familias de las víctimas puedan percibir las indemnizaciones. “El decreto está ya publicado pero apelaremos al Gobierno autonómico para que recapacite. Es ya una cuestión de moralidad”, sostienen los regidores.