15 años del ‘Prestige’: silencio oficial y la factura sin pagar

Sin actos oficiales del Gobierno gallego y con las millonarias indemnizaciones todavía sin saldar, Galicia conmemora este lunes el 15º aniversario de la mayor catástrofe ambiental de su historia. El 13 de noviembre de 2002 el Prestige, un viejo petrolero de armador liberiano, bandera de Bahamas y capitán griego, cargado con más de 70.000 toneladas de un viscoso fuel de propiedad suiza, lanzó un SOS frente a la Costa da Morte. Por la brecha que detectó en aquel momento su tripulación en el casco, el buque escupió una marea negra que causó destrozos valorados en una cantidad aún sin determinar de manera oficial por los tribunales, pero que la fiscalía cifra en unos 4.300 millones de euros.

Con aquel maltrecho Prestige surcando los mares hacía negocios una maraña de empresas sin rostro que, 15 años después, siguen sin abonar un solo euro por contaminar 2.000 kilómetros de costa. El juicio duró nueve meses, la armadora griega del Prestige ni siquiera dio la cara y, en su sentencia, el Tribunal Supremo condenó en firme al capitán del buque, Apostolos Mangouras, por delito ambiental, pero endosó el pago de las millonarias indemnizaciones que reclaman 1.900 perjudicados a un bolsillo extremadamente escurridizo: el de la aseguradora London P&I Club. Su póliza solo cubre 900 millones de euros.

Tras la catástrofe, los pescadores gallegos se lanzaron a parar el fuel con sus propias manos y voluntarios de todo el mundo tomaron la costa gallega para limpiarla

La batalla judicial por una de las mayores catástrofes ambientales de Europa continúa, por tanto, 15 años después. La Audiencia Provincial de A Coruña espera presentar esta misma semana el balance definitivo de los daños provocados por la marea negra que servirá para reclamar en Reino Unido el pago de la aseguradora. Pero la misión no será fácil, advierten fuentes judiciales, porque la legislación británica protege tanto el dinero de las mutuas que los 900 millones de euros de la póliza del petrolero pueden acabar en el mismo fondo marino donde aún yace el pecio.

“Lo más denunciable del caso Prestige, aparte de la tragedia ambiental, es ese mundo del capital que se defiende con una sociedad de aseguramiento que se blinda en el Reino Unido, un país con una legislación muy específica en la que el asegurado debe pagar primero a la aseguradora para que esta le pague al perjudicado”, explicaba hace unos meses el fiscal del caso, Álvaro García Ortiz, cuyos cálculos sitúan en 4.328 millones de euros la factura de daños que dejó el Prestige, un monto que cuadriplica la cantidad máxima que se podrá cobrar en el mejor de los casos.

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La crisis del chapapote que estalló hace 15 años no solo cambió España y Galicia, resquebrajando el férreo status quo político que presidían por aquel entonces los populares José María Aznar y Manuel Fraga. El naufragio de aquel viejo buque cargado de ponzoña destripó el capitalismo marítimo ante los horrorizados ojos de marineros, ecologistas, voluntarios y ciudadanos de tierra adentro, que presenciaron cómo las culpas del formidable desastre se diluían gracias a esa maraña de empresas sin rostro.

La huella de Nunca Máis

En 2002, ante la desidia de la Xunta de Manuel Fraga y del Gobierno central, cuyo vicepresidente era Mariano Rajoy, los pescadores gallegos se lanzaron a parar el fuel con sus propias manos y voluntarios de todo el mundo tomaron la costa gallega para limpiarla. Con la misión de exigir dimisiones a los gestores políticos nació también el primer gran movimiento de indignados en España, Nunca Máis, una heterogénea plataforma ciudadana que hizo estallar por los aires la imagen de la Galicia sumisa. “El movimiento de acción colectiva por el Prestige es uno de esos momentos de la historia en los que el pueblo toma las riendas por la ausencia de gobierno”, subraya la periodista Teresa Barberena, autora de una reciente tesis doctoral sobre Nunca Máis.

La plataforma, surgida en el seno del partido nacionalista BNG, pero que acabó incorporando a colectivos de todo tipo y a la que hasta el PP gallego se planteó apoyar, enarboló una bandera con fondo negro chapapote y banda azul mar que 15 años después sigue siendo un símbolo de malestar ciudadano. Con Nunca Máis nació también en España la cibermovilización, señala Barberena, dos años antes de aquellos SMS con los que se convocó la concentración ante la sede del PP tras los atentados del 11-M. Internet empezaba a extenderse y sirvió para distribuir la contrainformación sobre la marea negra que los comunicados oficiales ocultaban, recibir datos de medios extranjeros y combatir la feroz campaña de criminalización de la plataforma ciudadana que apadrinaron los defensores del Gobierno de Aznar.

Nunca Máis, ya muy empequeñecida, pervivió como acusación en la causa del Prestige pero no logró la condena judicial de ningún responsable político de la catástrofe pese a conseguir sentar en el banquillo al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López-Sors. “Quedó una sensación de derrota que no es justa, aunque el movimiento dejó huella y demostró que la ciudadanía supo reaccionar ante una agresión de tal magnitud”, concluye Barberena.