Protestas dentro y fuera de la cárcel de Archidona

No cesan las protestas en las instalaciones de la futura cárcel de Archidona (Málaga), donde el Gobierno ha recluido a 507 inmigrantes llegados en patera a Murcia y Almería, tras rebautizar el edificio como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Los sin papeles arrojaron por las ventanas de sus celdas todo tipo de objetos: sábanas, papeleras, plásticos e, incluso, los colchones. Fuera del recinto, un grupo de personas se concentró este jueves para pedir que sean liberados.

Más información

Interior desvía a los inmigrantes recién llegados al CIE de Madrid

“¿Yo estoy en una prisión? ¿por qué?”

Otros 128 inmigrantes llegan a la costa de Cartagena en lo que va de semana

"Más allá de que han tirado algunas cosas al patio, como los rollos de papel higiénico, no ha habido ninguna incidencia reseñable", han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que han insistido en que no se ha producido "nada que no se pueda controlar". Unas palabras que llegaban cuando los extranjeros sumaban ya más de tres días encerrados en las instalaciones de la futura prisión, pese a que la Ley de Extranjería y el Reglamento de los CIE subraya reiteradamente que este tipo de internamiento no puede hacerse en centros de "carácter penitenciario". "Están siendo maltratados allí dentro. ¿Esto qué es? ¿Cómo hace esto España?", gritaba este jueves, a las puertas de Archidona, una familiar de uno de los migrantes recluidos. Cuando llegaron al complejo, que preveía abrir como cárcel en 2018, este no tenía ni agua potable.

El Gobierno defiende que la decisión adoptada respeta la legislación española y que hoy se celebrará una nueva reunión para analizar los trabajos desarrollados en las últimas horas. "Pero, normalmente, a los llegados en patera no los meten en prisión", ha subrayado la familiar. Hasta ahora, a los sin papeles arribados a las costas españolas se les internaba en un CIE un máximo de 60 días o se les dejaba en libertad si estos se encontraban sin plazas. Esta vez no ha sido así y, tras la llegada masiva de pateras a Murcia, el Ejecutivo decidió rebautizar en apenas unas horas el centro penitenciario malagueño como "CIE provisional".

"El PP debe poner fin ya a la injusta situación de los inmigrantes internados en la cárcel de Archidona. Hay que tener más sensibilidad social y buscar una solución humanitaria", ha denunciado este jueves Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, diputado socialista en el Parlamento andaluz, que se sumó a las numerosas voces que han criticado esta actuación del Ministerio del Interior. Una decisión que el PSOE y Unidos Podemos califican de "ilegal" y que ha provocado que ya se hayan presentado numerosas preguntas en el Congreso para pedir explicaciones al Gobierno. "Cabe recordar que los CIE se crearon con el único objetivo de detener y custodiar a inmigrantes para garantizar su expulsión", subraya Ciudadanos, que ha demandado información al Ejecutivo sobre cuánto tiempo prevé mantener esta situación.

Según los propios datos de Interior, los CIE no cumplen con su fin. En 2016, el 71% de las personas encerradas salieron en libertad y no se les echó del país. "Ser migrante no es delito", se leía en la camiseta que este jueves portaron los representantes de cuatro sindicatos de prisiones, que acudieron así vestidos a una cita con Instituciones Penitenciarias.

ACNUR, la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados, también se ha mostrado crítica con el Ejecutivo y le ha reprochado que no existe un "plan coherente" para atender la llegada de pateras.