El PSOE propone que la ley anticorrupción proteja a los denunciantes del sector privado

El PSOE comparte en buena medida la proposición de ley que impulsó en 2016 Ciudadanos, pero mantiene conversaciones con esta formación para "elevar el listón de exigencia" de este instrumento legislativo que puede ser clave para combatir la corrupción, que constituye la segunda preocupación de los españoles.

Para ello, ha registrado una batería de enmiendas, algunas de la cuales tendrían efectos sobre el Código Penal y varias leyes como la de protección de testigos y peritos en causas criminales o la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Para esta, reclama que los condenados en firme sean inelegibles.

El objetivo, explica el ponente socialista, Artemi Rallo, es "lograr objetivos más ambiciosos de la lucha contra la corrupción y establecer instrumentos efectivos" para que sean también protegidos los denunciantes de corrupción, como personas físicas o jurídicas, que tengan o no relación con la Administración.

Esta enmienda, que ampararía a los denunciantes del sector privado que pudieran revelar información relevante, podría incentivar denuncias entre los empleados en los casos constitutivos de delito o infracción administrativa contra la Administración o Hacienda.

En ese sentido, propone otras enmiendas para habilitar canales internos de denuncia en el sector privado, así como la admisión de denuncias anónimas y un reforzamiento de la confidencialidad de la identidad en la tramitación de las denuncias. Con ese fin, plantea que el denunciante privado o público disponga de asesoramiento legal, "y, en su caso, gratuito", en los procedimientos judiciales derivados o los que pudieran entablarse en contra.

También reclama para el denunciante, sea o no del sector público, "indemnidad laboral" para garantizar su estatuto personal y carrera profesional, contemplando que pueda ser indemnizado por daños y perjuicios cuando se produzcan como consecuencia de una denuncia. Incluso que disponga de asistencia psicológica o psiquiátrica en caso de precisarla.

El paquete de enmiendas registradas también incide en las atribuciones de la Autoridad Independiente de la Integridad Pública (AIIP), el organismo que en la proposición tiene que controlar, y en su caso sancionar, el cumplimiento de las autoridades y personal de la Administración central en los conflictos de intereses, incompatibilidades y buen gobierno. El Grupo Socialista formula que, además, tenga la facultad de perseguir, prevenir y erradicar el fraude de las instituciones públicas, así como impulsar la integridad y la ética y fomentar una cultura de buenas prácticas en la gestión de los recursos públicos. También proyecta extender la competencia de la AIIP al ámbito local y autonómico (en comunidades sin organismos similares) y que asuma todas las competencias de buen gobierno que ahora tiene el Consejo de Transparencia.

Respecto a la designación de la presidencia del organismo, que la proposición de Ciudadanos establece que sea "un candidato de reconocido prestigio" elegido por mayoría de dos tercios en el pleno, el PSOE añade un filtro previo mediante convocatoria pública y evaluación de idoneidad.

Idéntico requisito demanda para presidir el Consejo de Transparencia en la adaptación a la nueva ley de las normas de este organismo creado en 2014. En cuanto a su cometido, quiere fortalecer el sistema de infracciones y sanciones y dotarlo de las facultades de inspección, evaluación y control.

Los socialistas confían en que sus enmiendas puedan concitar un amplio consenso para que la ley, incluso con la oposición del PP (al que un organismo como la AIIP genera escasas simpatías), pueda ser discutida y aprobada en un pleno en mayo o junio.