El Gobierno y el PSOE chocan por el cumplimiento de los acuerdos de la conferencia de presidentes

Los acuerdos alcanzados en la conferencia de presidentes de 2017 supusieron el primer gran acuerdo institucional de la legislatura y marcaron el inicio de un nuevo periodo de colaboración entre la Administración central y las autonómicas. Todo el protagonismo de aquellas negociaciones recayó en el Gobierno y en los líderes regionales del PP y del PSOE, que se reparten el gobierno de 12 de las 17 Comunidades Autónomas. Doce meses después de esa cita, que el Ejecutivo y los presidentes autonómicos consideraron un éxito, los dos principales partidos de España discrepan en fondo y forma sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

El Ejecutivo considera satisfactorio el nivel de ejecución de los acuerdos, según un informe de La Moncloa al que ha tenido acceso EL PAÍS; se atiene a que ha cumplido con la literalidad de lo recogido en los pactos; argumenta que la falta de gobierno en Cataluña ha retrasado la financiación autonómica; y recuerda que su minoría parlamentaria le resta capacidad de acción. Por su parte, los socialistas califican el balance de “claramente insuficiente” y ven en él el mejor ejemplo de “la falta de impulso político de un gobierno agotado” y “más preocupado por buscar excusas para ocultar dichos incumplimientos que en desarrollar los acuerdos por él mismo alcanzados”.

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Las discrepancias abarcan casi todos los aspectos del acuerdo: financiación autonómica, protección civil, políticas sociales o lucha contra la despoblación. Distintos acuerdos alcanzados en 2017 han sido cumplidos formalmente —a través de la creación de comisiones y grupos de trabajo— pero no han tenido aún efectos prácticos.

Así, Rajoy compareció hace un año para anunciar que quería presentar un acuerdo para renovar el sistema de financiación autonómica antes de diciembre de 2017. Pasado ese plazo, el PSOE recrimina al Ejecutivo que no haya hecho público su proyecto, y los presidentes autonómicos del PP no esconden su gran inquietud por el retraso. De hecho, y como informó este periódico, los barones de los dos partidos han entablado conversaciones para construir un frente común sobre financiación autonómica. Los presidentes de Asturias, Javier Fernández (PSOE); de Galicia, Alberto Núñez Feijó (PP); y de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, (PP), se han reunido y han hecho partícipes de sus reflexiones al presidente de Aragón y de Castilla-La Mancha, los socialistas Javier Lambán y Emiliano García-Page, respectivamente.

Además, esta misma semana, Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, ha avanzado su voluntad de coordinarse con otros líderes autonómicos para formar un frente común que fuerce al Ejecutivo a abordar la financiación. Sus primeros contactos han sido con la presidenta de las Islas Baleares, la también socialista Francina Armengol, y con García-Page.

Reto demográfico

Pero el de la financiación no es ni mucho menos el único punto de fricción. El Ejecutivo considera que el PSOE no ha hecho un estudio del cumplimiento de los acuerdos sino que expone sus puntos de vista de cómo quieren que sean, según Moncloa.

El Gobierno apunta que su compromiso con la creación de una tarjeta social universal se refleja en los cuatro millones de euros destinados a las aplicaciones informáticas necesarias para el desarrollo del sistema, aunque el PSOE lamenta que aún no haya visto la luz.

El Ejecutivo resalta que ha logrado incluir el reto demográfico al que se enfrenta España en la agenda política nacional al haber creado en enero de 2017 un comisionado gubernamental con esta cartera. Asi es, pero la oposición aduce que no ha cumplido con el compromiso concreto de lanzar una estrategia nacional antes de diciembre del año pasado . Este aspecto es muy sensible para los presidentes autonómicos, puesto que ya hay diez Comunidades con saldo vegetativo negativo. Moncloa considera “plenamente cumplido” el acuerdo para constituir el Consejo nacional de protección civil. La lista de cumplimietos toca la renovación de la estrategia para la activación del empleo, con la mayor oferta de empleo publico desde 2008, o el nuevo bono social eléctrico. Otros pactos pueden considerarse cumplidos ya que se trataba de poner en marcha comisiones que, a su vez, debían elaborar informes. Así ha sido y, ahora, están en manos de los distintos Ministerios darles cauce

Aunque el PSOE lleva la batuta en la denuncia de los incumplimientos ha sido el PDeCAT quien ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el Senado para que explique “los incumplimientos”con especial referencia a la reforma de la financiación autonómica.

De financiación quiere hablar este grupo nacionalista a pesar de que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no acudió a la cita. Precisamente la ausencia de gobierno en Cataluña es lo que aduce el Gobierno para no haberla abordado.