El narco traspasa La Línea

“En algún sitio tenía que haber una cloaca y parece que han escogido a La Línea”. En la voz de Juan Franco, alcalde de esta ciudad gaditana, se entrevera el hartazgo, la rabia y la tristeza. Tres titulares, en menos de 24 horas, resumen su enfado. En la tarde del pasado martes, ante la incrédula mirada de médicos y enfermos, 20 encapuchados entran por la fuerza en el hospital de la ciudad y se llevan a un narco detenido. A las ocho de la mañana del día siguiente, 10 personas acaban detenidas, no sin antes agredir a los policías que frustraron su alijo de hachís. Ese mismo miércoles, dos guardias civiles resultan heridos después de que su coche fuese embestido por un todoterreno usado para transportar droga.

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Franco, alcalde por el partido local La Línea 100x100, se niega a estigmatizar aún más a su ciudad y no quiere referirse a ella como la localidad sin ley que parece haberse convertido. Pero Francisco Mena, coordinador de la federación de asociaciones antidroga Nexos, prefiere no poner paños calientes a la situación de la localidad: “El principio de autoridad ya se ha perdido, esto es solo una confirmación más y, a la vez, un escándalo y un bochorno ¿qué será lo próximo, asaltar la comisaría?”.

Hace tiempo que La Línea se convirtió en el caldo de cultivo idóneo para el traficante: ciudad frontera con Gibraltar, al sur lindando con Marruecos y con un 33% de sus 63.278 habitantes en paro. En este panorama desolador, al menos quedaba el principio de autoridad a las Fuerzas de Seguridad del Estado. En el juego del gato y el ratón, el segundo asumía su derrota cuando era cazado con alijos de hachís. Pero la situación comenzó a cambiar y el narco quiso más. En abril de 2017, hasta cien personas se liaron a pedradas y palos contra los agentes que intentaban frustrar la descarga de hachís en El Tonelero.

No era la primera vez que ocurría, pero este y otros métodos se han hecho comunes. La Fiscalía Antidroga de Cádiz, en sucesivos informes anuales desde 2015, lleva advirtiendo del inquietante incremento de la violencia. Es el caso de caravanas de todoterrenos robados y camuflados dedicadas al trasporte del hachís en el que ya uno de los vehículos se dedica ex profeso a estar preparado para embestir a la patrulla policial que les pueda seguir. Más indicios: en los registros cada vez aparecen más armas y los que las portan están más dispuestos a utilizarlas.

En todo este panorama, hasta 5.000 linenses dijeron “basta” en una manifestación convocada tras la muerte de un policía local el 8 de junio. Un traficante de tabaco, en su maniobra evasiva, provocó un accidente que acabó con la vida del funcionario. La sociedad se unió, los sindicatos y asociaciones pusieron pie en pared y el Gobierno pareció reaccionar. En el pasado verano de 2017, llegaron hasta 150 agentes, entre policías y guardias civiles. Es la cifra que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, recordó este miércoles para referirse al suceso de la huida del hospital de La Línea como “un caso excepcional”.

“Se le olvidó recordar que todo ese refuerzo se acabó marchando cuando comenzó el problema en Cataluña”, añade Mena. El descenso de la tensión duró hasta principios de 2018, cuando, de nuevo, la agresividad ha resurgido “y se está elevando”, como reconoce Franco. En medio de la indignación linense por esta escalada violenta, la refriega política ha comenzado. Zoido recordó el martes que, con todo, "en el último año ha habido 202 toneladas de hachís aprehendidas por la Guardia Civil, un 20% más que el año pasado”. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, le contestó que en el Campo de Gibraltar “los narcos campan a sus anchas”.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha vuelto a la carga y propone a la Junta la creación de un “Comisionado especial” en La Línea. El “80% de las competencias” de los problemas de la localidad depende de la comunidad autónoma, en la opinión de Sanz, y son “educativos, sociales, económicos, de empleo, de formación, de vivienda, de transporte, medioambientales y de comunicaciones”. A Mena el enfrentamiento le parece estéril: “Tienen que dejar de tirarse los trastos a la cabeza y comenzar a trabajar y, en una primera fase, le corresponde al Gobierno”.

“Las fuerzas de seguridad están haciendo un trabajo impresionante, lo valoro muchísimo, pero no es suficiente. Hacen falta medios”, ataja Franco. Los sindicatos llevan meses dándole la razón. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ya ha reiterado la necesidad de crear una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) propia para esta ciudad, otro de GRECO (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) o el incremento de medios de defensa y vehículos 4x4.

Mena va más allá y pide el incremento de agentes también en la Guardia Civil y en Vigilancia Aduanera, el refuerzo de los equipos de investigación, la creación de unos juzgados especializados en La Línea y la prohibición del uso de las que se conocen como narcolanchas (planeadoras con varios motores). “En definitiva, hace falta una intervención de choque que recupere el respeto a la autoridad”, añade el presidente de Nexos.

Mientras eso llega, pocos niegan el deterioro social que en la ciudad se está produciendo. Tras el suceso del hospital, Franco ya teme que la ciudadanía, hasta ahora, pocas veces afectada por la violencia del narco también esté en riesgo. Mena remacha con dureza: “Cuando se proyecta esta imagen nacional, ¿qué médico o policía va a querer venir destinado aquí? La minoría no puede imponer a la mayoría este estado de excepción que pretenden”.