El repliegue de los británicos de España
La pérdida de poder adquisitivo por la debilidad de la libra, la vejez y el cambio en el cálculo estadístico reducen un 40% el número oficial de residentes de Reino Unido
La tienda que Michelle Ball atiende en La Xara, Alicante, no es un Todo a 100, aunque lo parece. Vende vestidos a un euro, platos, vasos, lámparas, flores de plástico y otros objetos de decoración. Pero sus productos no proceden de fábricas chinas, sino de las cocinas, comedores y armarios de viviendas británicas, que los donan con fines benéficos. Ball y el resto de voluntarios que trabajan aquí destinan después los beneficios a ayudar a compatriotas enfermos y con pocos recursos que residen en la provincia. Su charity shop vive una edad dorada, porque un creciente número de británicos está vendiendo sus casas en la zona y regresando a su país. Antes de marcharse, pasan por la tienda de Ball y le entregan todo lo que no les vale la pena llevarse a Reino Unido.
“Muchos están volviendo porque la vida aquí se ha vuelto supercara. Mi madre ha perdido 160 euros al mes en su pensión desde el referéndum del Brexit por la devaluación de la libra. Su pensión es ahora de 690 euros. Y desde el cambio que hizo hace unos años el Gobierno español, también tiene que pagar parte de sus medicamentos, no es mucho, pero tampoco ayuda”, resume Ball, que tiene 44 años y llegó a la Comunidad Valenciana con 14.
El número de residentes británicos en España que refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha pasado de 397.892 a 240.785 en cinco años. Hay 157.107 menos. En ese descenso influye la nueva regulación del padrón municipal para los ciudadanos comunitarios. Pero mientras la caída registrada en el mismo periodo entre los residentes en España del resto de países del núcleo histórico de la UE, los 15 que componían la Unión antes de la ampliación hacia el Este, ha sido del 25%, la reducción de los residentes británicos se eleva al 40%, según los datos oficiales.
La estadística de migraciones, una información paralela que ofrece el INE, muestra que 102.367 residentes británicos abandonaron España entre el primer semestre de 2012 y el primer semestre de 2017. Cada año siguen instalándose ciudadanos de Reino Unido en España: 88.799 en el mismo periodo. Pero ahora el número de quienes se marchan es mayor, lo que le ha dado la vuelta a la tendencia anterior: de 2008 a 2012, llegaron 40.454 más de los que se fueron.
Tanto el número de residentes como el saldo migratorio reflejan una evolución negativa, pero sus volúmenes son diferentes. Los expertos señalan que ello se debe principalmente a que en la reducción de residentes influyen dos factores. El primero es que el cambio en la forma de actualizar el padrón ha sacado a luz que decenas de miles de británicos ya no vivían en España, bien porque habían regresado tiempo antes a su país o bien porque habían fallecido, sin que nadie lo hubiera notificado a un registro que es voluntario. Los Ayuntamientos tenían un incentivo para que se empadronaran –más residentes implica más financiación del Estado- y ninguno para darlos de baja.
Hasta principios de esta década la presencia de un comunitario en un municipio se mantenía año tras año, a no ser que hubiera una petición expresa de baja. Los Consistorios están ahora obligados a confirmar que el comunitario sigue viviendo en el municipio cada dos años, o de cinco si se halla inscrito en el Registro Central de Extranjeros. Esto provoca el segundo factor que los expertos señalan para explicar la disparidad de los datos oficiales, y que consiste en que el padrón deja ahora fuera a comunitarios que siguen viviendo en España y no han realizado el trámite de confirmar la residencia. Es la tesis defendida por muchos alcaldes, como el de Torrevieja, José Manuel Dolón.
En este caso, los Ayuntamientos sí tienen interés en clarificar el error. Y los que cuentan con grandes poblaciones de comunitarios mantienen campañas informativas que incluyen llamadas telefónicas, como la que recibió en diciembre en su casa Linda Hall, vecina de Altea y corresponsal en Alicante del diario Euro Weekly, o comprobaciones físicas por parte de la policía local.
La reducción del número oficial de británicos ha resultado especialmente intensa en la Comunidad Valenciana, que fue su primer destino residencial masivo en España, y donde el efecto limpieza del padrón ha sido mayor. En cinco años, se han reducido casi a la mitad: de 145.652 a 75.045. Andalucía también ha perdido británicos, pero menos, y es ahora la comunidad donde más residen, 74.252.
La marcha de británicos puede agravarse en función de cómo concluyan las negociaciones del Brexit, ya que muchos piensan como Patricia Mary Sawers, de 69 años, antigua administrativa de la Universidad de Cambridge, que vive en Pedreguer, Alicante, desde que se jubiló. “No sé si regresaré. Dependerá de cómo quede nuestra cobertura sanitaria. La atención ahora es estupenda, pero no sabemos si tras la salida de Reino Unido de la UE seguiremos teniendo sanidad pública aquí. Esa es la gran cuestión”, afirma Sawers después de dar un sorbo a su taza de té.
Aunque el presidente valenciano, Ximo Puig, ha afirmado que los británicos seguirán recibiendo atención sanitaria en la Comunidad Valenciana tras el Brexit, la realidad es que la reciprocidad se decidirá en el marco de la negociación entre Bruselas y Londres o, en todo caso, a escala bilateral, entre España y Reino Unido.
La salida de muchos de los que se han ido está vinculada a la pérdida de poder adquisitivo. La pertenencia a una comunidad cerrada que tiende a beber en sus propios bares, comer en sus restaurantes, comprar en sus tiendas y alternar en sus clubes los protegió relativamente de la crisis. Pero esa endogamia ha agravado el impacto en sus negocios de la reducción de ingresos de los pensionistas como consecuencia de la devaluación de la libra, señala Carmen Ródenas, catedrática de la Universidad de Alicante.
El hecho de enviudar y la extrema vejez de quienes llegaron con más de 65 años a la costa mediterránea en la gran oleada migratoria de principios de siglo, coincidiendo con el boom residencial, también fomentan el regreso, señala el profesor de la Universidad de Valencia, Jordi Giner, autor de una tesis doctoral sobre su salida de España.
Un agujero en los pueblos
El alcalde de Xàbia, José Chulvi, no cree que su pueblo haya perdido en solo cinco años la mitad de los 8.737 residentes británicos que tenía en 2012. Y atribuye a la obligación que tienen ahora los ciudadanos comunitarios de acreditar periódicamente que siguen viviendo en el municipio para no ser dados de baja parte de la caída, aunque no sabe precisar cuánta. “Muchos siguen aquí, pero no hacen el trámite. Es un problema, porque parte de la financiación que recibimos del Estado y la ratio de policías y médicos que nos toca se basa en el número de habitantes”.
El padrón es, con todo, la vía más fiable para conocer el número real de residentes. Aparte de las campañas informativas municipales, la gran mayoría de extranjeros acaba necesitando acreditar su empadronamiento para realizar algún trámite ante la Administración y así descubren que no figuran en el registro, explica George Thomas, directivo de una compañía cervecera jubilado y residente en Xàbia.
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