La equiparación salarial abre un nuevo frente al Gobierno

El gabinete de Mariano Rajoy se enfrentará en las próximas semanas a un aluvión de reivindicaciones de colectivos profesionales que exigen la equiparación salarial entre las distintas comunidades autónomas, al igual que han negociado los policías y guardias civiles para los presupuestos generales del Estado de 2018. Asociaciones de profesores, médicos, funcionarios de justicia y de prisiones preparan iniciativas para pedir al Gobierno que intervenga para asegurar que cobran lo mismo independientemente del punto de España donde ejerzan. Quieren aprovechar que el tema se ha colado en la primera línea del debate público para potenciar sus reclamaciones.

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El sindicato CSIF ha presentado este martes en el Ministerio de Justicia más de 10.000 firmas de funcionarios que reclaman la homologación salarial con los compañeros de las autonomías que cuentan con competencias en Justicia. Según el colectivo, las diferencias en la retribución ascienden hasta los 500 euros al mes a través de los complementos específicos. "Y, tras varios años de crisis, es el momento de que se retribuya dignamente a quienes realizan las mismas funciones y asumen las mismas responsabilidades que sus compañeros destinados en otras comunidades", subraya el sindicato.

En esa línea se pronuncia también la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM): "Si trabajas haciendo lo mismo, no deja de ser sangrante que cobres diferente". "A la anterior responsable de la cartera de Sanidad, Ana Mato, ya le pusimos el asunto sobre la mesa para que lo tratase. Nos dijo que lo abordaría. Pero nunca más hemos sabido de eso", explica Francisco Miralles, secretario general del CESM, que detalla que se reunieron en 2017 con el ministerio de Hacienda para exigir "recuperar el 10% de sueldo que nos bajaron con el decreto de recortes de 2010".

El colectivo cifra en más de 10.000 euros anuales las diferencias de retribución entre un médico del País Vasco y uno de Andalucía. Según los datos que maneja el Sindicato Médico de Andalucía, un profesional de esta comunidad cobra 15 euros por una hora de guardia en día laborable, frente a los 26 euros que llega a pagarse en otras autonomías. "Es cierto que las competencias de Sanidad están transferidas, pero el Ministerio debe mediar", sentencia Miralles, que explica que el próximo 21 de marzo se celebrará una manifestación en Madrid para pedir mejoras laborales y "este asunto forma parte del ambiente de la convocatoria".

Nueva campaña del profesorado

El sindicato educativo ANPE también prepara nuevas acciones para revindicar la equiparación salarial. Según explica su responsable de Acción Sindical, Ramón Izquierdo, el comité ejecutivo analizará este miércoles la puesta en marcha de una nueva campaña. "Nuestra situación es especialmente sangrante. A diferencia de las fuerzas de seguridad —la Policía y Guardia Civil dependen del Gobierno central, frente a los Mossos, por ejemplo, que son competencia de la Generalitat de Cataluña—, nosotros pertenecemos todos al mismo cuerpo. Ingresamos de la misma forma, pero las diferencias de salario dependen del lugar de donde ejerzamos", recalca el representante de ANPE.

De media, según las cifras del colectivo, un profesor que trabaja en el País Vasco llega a cobrar casi 700 euros más que uno que hace lo propio en las Islas Baleares; o casi 400 euros más que uno que enseña en Cataluña. "Creemos que, ahora que se está negociando el Pacto Educativo, se incluya un Estatuto del Docente que regule esta homologación salarial", insiste Izquierdo.

Pero todas estas exigencias vienen de lejos. El CSIF ya puso en marcha en 2017 la campaña A igual trabajo, mismo salario, que pedía que el Gobierno equipara las retribuciones entre los funcionarios de toda la Administración General del Estado. Según un estudio elaborado por el sindicato, estas diferencias retributivas oscilan desde los 1.000 euros a los 21.000 euros, según el cargo.

Con esa misma intención, miles de funcionarios de prisiones también se echaron a la calle el pasado febrero. Exigen que se elimine la división de las cárceles por peligrosidad. Un sistema heredado de la época en la que ETA convirtió a estos trabajadores en objetivo y que supone que, en función de este criterio, cobren más o menos.