El kilómetro cero del caso Juana Rivas

“El 22 de noviembre de 2017 se recibió en esta unidad escrito procedente del Ministerio de Justicia italiano por el que se informaba de que la documentación había sido debidamente remitida al tribunal italiano competente, a saber, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari”. Esta es la última referencia oficial a la denuncia por violencia de género que Juana Rivas presentó el 12 de julio de 2016 en el puesto de la Guardia Civil de Maracena (Granada). El Defensor del Pueblo andaluz indagó y descubrió que la denuncia estaba en Italia, en Cagliari. Poco más. Desde entonces, nada se ha movido respecto a esta querella que está en el origen del caso Juana Rivas, la madre condenada a cinco años de cárcel y seis sin patria potestad por no entregar sus hijos a su expareja, Francesco Arcuri, al que acusa de maltrato.

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No es que unos y otros no hayan buscado la demanda. José Estanislao López, abogado de Rivas, reconoce que cada cierto tiempo pide a los letrados que la representan en Italia que la localicen e intenten activarla. “Imposible, siempre me dicen que allí las cosas van así”, dice con desesperación.

Estos ocho meses no son el único momento ciego de la denuncia. En ocasiones ha aparecido y, en muchas más, ha desaparecido.

El 12 de julio de 2016, Rivas declaró ante la Guardia Civil de su pueblo que el padre de sus hijos la controla, amenaza y agrede. El asunto pasa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada. El 20 de julio tiene respuesta: que ese juzgado no tiene jurisdicción para hechos ocurridos en Italia y que debe interponer la denuncia allí. Rivas, segura de no volver a Italia, obvia esa recomendación. Además, las leyes están de su parte porque se puede interponer la querella en España y que el propio sistema judicial lo traslade. Para ello, Francisca Granados, asesora de Rivas, le pide a la Fiscalía de Granada que inste al juzgado a aceptarla y enviarla a la autoridad italiana competente.

Correo postal

Pero no se puede mandar una denuncia en español. Hay que traducirla. Según el Defensor del Pueblo andaluz, el juzgado envió la denuncia por correo postal. El membrete llevaba la fecha del 15 de marzo de 2017. La empresa encargada de la traducción asegura que nunca la recibió y que, por contrato, nunca tardan más de siete días en traducir. También dice que el juzgado no reclamó.

El 26 de julio del año pasado, cuando Rivas no se presenta a entregar a sus hijos, alguien pregunta a la empresa por la denuncia traducida. Nada. El 2 de agosto se envía la denuncia en español de nuevo y el 3 ya está de vuelta, traducida y enviada por el juzgado, camino de Italia. El 7 iba ya camino de un juzgado de Cagliari. Cinco días fueron suficientes para un trámite que se resistió cuatro meses y medio.

Pero, desde noviembre, hay unos folios en la mesa de algún juzgado de Cagliari que nadie ha visto —el abogado de Rivas dice que no ha sido notificado y que ha dado órdenes de buscarlos, sin éxito— ni investigado. Sin embargo, el juez ha determinado, con pruebas periciales de otros juicios de Rivas, que “no es creíble la certeza de los hechos contenidos en esta denuncia, porque ningún juzgado ha declarado la veracidad de los mismos”. La duda es doble ahora: ¿se investigará, finalmente, la denuncia? ¿Qué pasará entonces con la condena de Rivas? ¿Y con sus hijos?