Kichi, absuelto de injurias al PP por decir que suministró agua contaminada “a sabiendas”

El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, no cometió ni un delito de injurias ni de calumnias cuando dijo que el PP suministró "a sabiendas" agua contaminada durante varios días. Después de que González —junto a dos colaboradores suyos— acabase sentado por primera vez en el banquillo de los acusados el pasado 22 de junio, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de la ciudad ha decidido absolverle al considerar que la crítica se hizo en "un contexto político". También entiende que, en este caso, se debe priorizar la libertad de expresión, por encima del derecho al honor, ya que González se refería a cuestiones de interés general y a personas de interés público.

"No hay explicación que justifique dejar a sabiendas a un barrio consumir agua contaminada durante varios días". Al actual alcalde de Cádiz esta frase le perseguía política y judicialmente desde que la dijo en el transcurso de una asamblea vecinal celebrada el pasado 7 de marzo de 2016. Se refería a la crisis gestionada por el anterior Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa popular Teófila Martínez, en el que durante septiembre y octubre de 2014 los vecinos de la barriada de Loreto sufrieron un corte de agua durante 13 días, al descubrirse que el agua potable estaba contaminada.

Pocos días después de pronunciarla, el PP local decidió querellarse contra José María González Santos; Manuel González Bauza, concejal entonces en el Ayuntamiento; y José Vicente Barcia Magaz, asesor del primero. Les consideraba autores de un delito de calumnias y otro de injurias con publicidad, por lo que les pedía penas de hasta 24 meses de multa e indemnizaciones de hasta 30.000 euros, al considerar que había lesionado el honor de Martínez, del entonces presidente de la empresa pública Aguas de Cádiz —el popular Ignacio Romaní— y del resto del anterior equipo de Gobierno.

Sin embargo, la magistrada Esther Burgos Ruiz, en una sentencia fechada este lunes, considera que ni Kichi ni los demás han cometido los delitos que le imputaba el PP. En el caso de las calumnias, ni siquiera son tales, dada la "vaguedad e imprecisión" de la aseveración realizada por el alcalde, que no se refirió a personas concretas, reconoce la juez. También por el hecho de que "dejar consumir agua contaminada no es lo que castiga el artículo 365 del Código Penal, que se refiere a 'envenenar o adulterar con sustancias infecciosas, u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud las aguas potables".

Cuatro periodistas de medios locales acudieron a declarar al juicio celebrado el pasado 22 de junio. En la primera y única vez que, de momento, González se ha sentado en el banquillo desde que es alcalde, la magistrada intentaba determinar hasta qué punto se produjo la aseveración en la asamblea. La sentencia considera probado que el alcalde pronunció la frase. Sin embargo, al igual que determina que no hubo calumnias, también ha determinado que ni siquiera hubo injurias. "No puede considerarse que las expresiones proferidas en la Asamblea de 7 de marzo de 2016 y en la puerta del Palacio de Justicia el día 9 de marzo de 2016 —cuando habló Bouza— estuvieran dirigidas a todo el equipo de Gobierno, y por lo tanto, no hubo una acción, ni expresión idónea para lesionar el honor", se explica en la sentencia.

La magistrada sí considera que las declaraciones "son precipitadas, y desafortunadas". Pero añade: "Hemos de partir que no toda lesión del derecho al honor, por sí sola, es constitutiva de delito. En los supuestos de convergencia entre el derecho al honor y la libertad de expresión, el juicio ponderativo acerca de la existencia o no del delito trasciende al estricto juicio de tipicidad (…). Y es que conforme al sistema de valores instaurado por nuestra Constitución, hay ocasiones en las que la libertad de expresión prevalece frente al honor afectado".

La juez Burgos cree que el caso que ha llevado a Kichi al banquillo es una de esas ocasiones ya que "los límites permisibles de la crítica son más amplios si esta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se tratase de simples particulares sin proyección pública alguna". Esto se debe principalmente a que las críticas, aunque fuesen de forma implícita (ya que González no pronunció sus nombres) se referían a la alcaldesa Martínez, regidora de la ciudad durante más de 20 años y a Romaní, concejal durante varios mandatos.

Además, la magistrada considera que la crítica se realizó dentro del contexto político. En dicho marco, "el ejercicio de las libertades de expresión e información están en conexión con asuntos que son de interés general", apunta la magistrada, que considera también que "no consta acreditado que existiera por parte de los querellados intención de difamar".

Con esta sentencia, que el Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá, termina por ahora un proceso judicial enredado durante meses entre González y el PP local. El camino ha sido tan azaroso que estuvo a punto de quedar en nada. Seis meses después de que el PP se querellase, el Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz decidió archivarla, al considerar que las críticas se realizaron dentro del ámbito político y que no perseguían un interés difamatorio. La fiscalía también pidió la absolución, pero un recurso de la acusación particular hizo que la Audiencia Provincial lo reabriese ya en enero de 2017. Finalmente, y ya con la foto de Kichi sentado en el banquillo como alcalde, la sentencia de ahora ha terminado llegando justo a las mismas conclusiones de cuando se archivó la causa por primera vez.