Sánchez blindará por ley la exhumación de Franco para evitar un litigio judicial

El Gobierno ya tiene ultimada la fórmula jurídica para dar las mayores garantías posibles a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco y evitar las muy probables reclamaciones de la familia. Será un decreto ley que hará una sencilla modificación de la Ley de Memoria Histórica para añadirle un par de artículos que den la máxima cobertura legal, según fuentes del Gobierno. La Iglesia, otro de los posibles frenos, ya ha trasladado que no se opondrá. Y el Ejecutivo cree que el decreto ley no tendrá problemas en el Congreso. Todo está listo. El Gobierno ha confirmado oficialmente que la reforma se aprobará este viernes en el primer Consejo de Ministros después del verano, como adelantó la agencia Efe.

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva semanas dándole vueltas para que no falle nada. La exhumación de los restos de Franco es una de las decisiones estrella del nuevo Ejecutivo, con una gran repercusión en todas las esferas, también la internacional, y La Moncloa quiere evitar a toda costa que una demanda de la familia pueda derivar en una decisión de un juez de suspender la iniciativa, algo que sería un golpe de imagen muy duro.

Por eso tanto Presidencia como Vicepresidencia han trabajado con mucho detalle y varias alternativas jurídicas en las últimas semanas y la decisión final, después de evaluar la posibilidad de hacer un decreto, es aprobar en Consejo de Ministros un decreto ley, que tendrá que convalidar el Congreso, mediante el cual se modifica la ley de memoria histórica con un retoque a un par de artículos para amparar en una ley la exhumación. Los particulares no pueden reclamar ante una ley, debería ser algún grupo del Congreso el que lo hiciera y en el Gobierno no creen que el PP se anime a llegar tan lejos.

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El Ejecutivo está convencido de que sufrirá mucho menos para aprobar este decreto de lo que hizo para el de la renovación de RTVE, porque Ciudadanos debería votar a favor ya que este grupo, cuando Mariano Rajoy estaba aún en el Gobierno, apoyaron la iniciativa en el Congreso en la que se reclamaba la exhumación. Incluso esperan que el PP se abstenga. “No voy a defender nunca ese edificio ni a quien está enterrado dentro, incluso por causas familiares como nieto de represaliado por el régimen franquista, pero España tiene que mirar al futuro”, ha sentenciado este lunes Pablo Casado, líder del PP. Su abuelo sufrió cárcel por pertenecer a la UGT.

Otro de los elementos más complejos del rompecabezas que ha tenido que cuadrar el Gobierno para blindar jurídicamente esta exhumación es el de la Iglesia. La familia Franco ha apelado en varias ocasiones al Concordato con el Vaticano, que siempre fue uno de los obstáculos en intentos anteriores, porque la basílica donde está enterrado es un lugar de culto y en teoría está protegida por ese acuerdo internacional. Pero ahí las gestiones fueron muy bien desde el principio.

El presidente Sánchez habló con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y este le dejó claro que no habría oposición de la Iglesia. Ha habido varias gestiones en este sentido desde el Gobierno y todas han sido un éxito. La Iglesia, ahora dirigida por el papa Francisco, ya no es un problema.

El único problema real en este momento es la familia. Ya está descartado por completo la posibilidad de convencerles de que acepten el traslado. Se intentó durante varias semanas, a través sobre todo de contactos dirigidos por el presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán y de La Serna, y en algún momento el Gobierno pensó que era posible y creyó ver cierta división de opiniones entre los siete nietos. Pero a finales de julio, cuando todos firmaron una carta que hicieron llegar al Gobierno rechazando la exhumación, se puso en marcha el plan B, que ha acabado con la decisión del decreto ley.

Será un texto muy breve, para facilitar la convalidación y no alargar más el proceso, y no está previsto que entre en más cuestiones de qué hacer con el Valle de los Caídos una vez exhumado Franco. Todo está pensado para blindar una decisión clave que marcará el mandato de Sánchez.