Cantabria empieza el curso con los encerados en blanco

El pupitre de Alberto, de 9 años, está vacío. Sus padres han decidido no llevarle hoy al colegio el primer día de clase en Santander: “Esta no es la mejor manera de empezar el curso”, se queja Sonia, su madre. 51.300 escolares de Educación Infantil y Primaria de 145 centros de Cantabria se han visto afectados por la huelga que los profesores han convocado este viernes en protesta por el nuevo calendario escolar acordado por el gobierno regional. El conflicto enfrenta a los docentes con el consejero de Educación, el socialista Francisco Fernández Mañanes, cuyo departamento ha decidido aumentar las horas lectivas en algunas semanas de septiembre y junio, en lugar de la jornada reducida de tres horas y media lectivas que tenían esos dos meses. 

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Educación ha informado de que el seguimiento de la huelga ha sido del 31,7% entre los 2.863 profesores llamados a la huelga. Los sindicatos han elevado la respuesta al 60,02%, con 1.273 funcionarios que han decidido ausentarse. Cerca de medio millar de profesores que han secundado el paro de cuatro horas se han concentrado a media mañana ante la sede de la Consejería de Educación para protestar por la "imposición" del calendario y en defensa de su "dignidad profesional". Han proferido gritos exigiendo la dimisión del consejero.

El clima de tensión tiene visos de ir en aumento. "Nos sentimos respaldados por la comunidad escolar. La política educativa de Cantabria se está viendo muy perjudicada con el nuevo consejero", afirma el presidente de la Junta de Personal Docente, Jesús Aguayo, responsable del sindicato STEC, sindicato mayoritario en la enseñanza. Los profesores anuncian más movilizaciones, con un nuevo paro el próximo 20 de septiembre, y adoptarán acciones judiciales si el Ejecutivo no rectifica.

Los maestros de Cantabria tenían hasta ahora un horario lectivo reducido en septiembre y junio. Esos meses solo daban clase durante tres horas y media, y dedicaban el resto de la jornada laboral a cumplir otras tareas organizativas. Esas condiciones se iban a mantener este año académico 2018-2019, en virtud de un acuerdo entre sindicatos y consejería firmado en una mesa sectorial en mayo pasado, pero aquello quedó en papel mojado cuando Educación dio la orden, publicada el pasado 31 de julio en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), de eliminar parcialmente la reducción de la jornada lectiva. Amparándose en informes jurídicos internos, decretó un calendario con cuatro horas de clases las dos primeras semanas de septiembre y cinco la última de este mes, y jornada de cinco horas en junio, salvo en la última (cuatro horas).

"Nos hemos sentido engañados. Los profesores queremos seguir con el calendario de los últimos años, porque es bueno para el alumnado y para el profesorado. Los alumnos más pequeños pueden incorporarse de forma progresiva a la escuela y a los maestros nos permite organizar los contenidos del curso, como es nuestra obligación", apunta el profesor Federico de los Ríos, vicepresidente de ANPE.

La Consejería de Educación aduce razones jurídicas para eliminar la reducción de la jornada lectiva al comienzo y al final del curso. El real decreto [de contención del gasto educativo], aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, establece la obligación de impartir 875 horas lectivas durante todo el curso, afirma el consejero Mañanes. "No pueden exigirnos que incumplamos la ley. Los sindicatos saben sobradamente que tenemos que movernos en un marco de absoluta legalidad. No cabe la jornada reducida, según los informes jurídicos", añade el titular regional de Educación, quien al mismo tiempo reconoce que durante los últimos seis años Cantabria se ha situado "fuera de la ley".

La interpretación que los profesores hacen de ese real decreto es muy distinta. "Es una excusa. No tiene ningún sentido acogerse a esa normativa cuando el ministerio ya ha anunciado que va a derogarla y ha dado vía libre a las comunidades autónomas para aplicar o no la jornada lectiva reducida en septiembre", explica Conchi García, maestra y secretaria general de la Federación de Educación de CC OO en Cantabria. De hecho, remarca, 13 comunidades autónomas aplican un horario lectivo con algún grado de recorte.

"Las familias estaban adaptadas al modelo que teníamos", apunta De los Ríos, "aquí no había ningún problema, salvo un grupo de padres y madres que exigían las cinco horas lectivas durante todo el curso". Los maestros sostienen que durante las horas en las que los alumnos no recibían clase se realizaban "otras actividades educativas" en los centros, para lo cual se había aprobado una dotación económica de 150.000 euros el pasado curso y se contaba con la implicación de la propia consejería, la Federación de Municipios y asociaciones familiares. Aguayo, muy satisfecho con la respuesta de los profesores al paro convocado, lamenta la "torpe gestión" de Mañanes, a quien recrimina su "escaso reconocimiento público a la labor del profesorado". "Es una cuestión de dignidad; el consejero ha tocado la fibra sensible del magisterio", apostilla.

Las organizaciones sindicales han calculado que la asistencia de alumnos a los 145 centros públicos de Cantabria "no ha llegado al 20%", aunque admiten que la coincidencia del estreno del curso con un viernes también ha podido influir en esta baja presencia. Familias disconformes con la decisión del Gobierno han impulsado a través de las redes sociales una iniciativa para recoger a sus hijos al terminar el horario lectivo, en solidaridad con los maestros. La contestación a las medidas adoptadas por la consejería se ha reflejado también en la dimisión en bloque presentada por el equipo directivo del colegio Santa Juliana, de Santillana del Mar, aunque esta no ha sido admitida y siguen en sus cargos.

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC) ha tratado de acercar a las partes, pero su intento de intermediación en el conflicto no ha dado resultado. Los sindicatos sospechan que el consejero Mañanes, también docente y solo un año en el cargo, "está cumpliendo órdenes de su partido" y "se debe al pacto que el secretario general del PSC, Pablo Zuloaga [actual delegado del Gobierno], habría cerrado con la federación de familias", coinciden varios representantes sindicales.

"Esto no habría pasado con el anterior consejero", afirma Aguayo y ratifica Martín, en alusión al extitular de Educación, el también socialista Ramón Ruiz. Él fue quien puso en marcha hace dos años el modelo de calendario escolar, vigente y pionero en España, que intercala una semana de fiesta cada dos meses de clases durante todo el curso. Ruiz fue destituido como consejero de Educación en septiembre del año pasado (con él cesaron todo el equipo directivo y asesores del departamento) tras ganar Zuloaga unos días antes las primarias regionales del PSC, en las que Mañanes se decantó por este último.

"Nadie hasta ahora había atacado tanto a la dignidad del profesorado. En la etapa anterior, los profesores nos sentíamos cogestores de la educación cántabra", declara Conchi Martín, de CC OO. Rus Trueba, presidenta del sindicato ANPE, sostiene que tras la decisión del consejero "hay una maniobra electoral, porque si no, no se explica que se esté sometiendo a este desgaste".

El departamento de Educación atribuye el clima de crispación a "un conflicto puramente laboral y de intereses", dice Mañanes, quien se defiende de las críticas: "En todo momento se han intentado agotar las posibilidades de negociación desde el respeto al marco legal vigente. Esto no beneficia en modo alguno al sistema educativo y menos aún a la enseñanza pública".