La Fiscalía propone penas alternativas a la cárcel para los tuiteros condenados por delito de odio

La Fiscalía General del Estado propone reformar el Código Penal para rebajar las penas en los casos de delitos de odio cometidos a través de las redes sociales. La propuesta está incluida en la Memoria de año 2017 de la institución que ha presentado este lunes la fiscal general, María José Segarra, y pasa por modificar el artículo 510 del Código Penal por el que en los últimos años se ha condenado a penas de cárcel a tuiteros que habían publicado mensajes de contenido racista, homófobo o antisemita. El ministerio público aboga por rebajar las penas de prisión previstas o contemplar medidas alternativas a la cárcel en los casos en los que “por su contexto contenido, ausencia de reiteración o características o circunstancias personales del autor” no merezcan un reproche penal tan elevado.

El artículo 510 del Código Penal contempla penas de hasta cuatro años de cárcel para quienes inciten públicamente al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia. En los casos en los que el delito se cometa a través de un medio de comunicación social o por Internet, la pena mínima posible es de dos años y medio. La Fiscalía cree que este régimen punitivo es demasiado “severo” y desproporcionado. “La experiencia demuestra que muchos de estos casos son cometidos por personas no pertenecientes a grupos u organizaciones criminales, y que insertan en las redes sociales comentarios profundamente ofensivos o humillantes para ciertos colectivos de personas por motivos racistas, xenófobos, religiosos, homófobos o de otro tipo, y que han podido actuar de forma impulsiva e irreflexiva”, señala el ministerio público en su memoria. La Fiscalía advierte de que muchos de los autores de estos delitos están dispuestos a reconocer los hechos cuando se les identifica, pero la ley impide alcanzar con ellos un acuerdo de conformidad que implique la admisión del delito y evite el juicio debido a la gravedad de las penas previstas.

La posibilidad de contemplar penas alternativas a la cárcel se sugirió en una directiva de la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia del Consejo de Europa. El ministerio público explica que estas alternativas podrían ser multas, pérdida de derechos políticos, o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido y que permitan “su reinserción social mediante el conocimiento y la aceptación de sus víctimas”. La Fiscalía cita como ejemplo la obligación de visitar uno o más memoriales del Holocausto o desempeñar actividades en entidades y colectivos que representan a las víctimas.

La reforma de las penas para los delitos de odio se encuentra recogida en la memoria de la Fiscalía del año 2017. El documento aboga por otros cambios legales y resume la actividad de la institución el año pasado. Estos son algunos de sus apartados más destacados.

Actuaciones contra el proceso secesionista de Cataluña. El informe de la Fiscalía pasa de puntillas sobre la causa por rebelión abierta en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional a los líderes independentistas, ya que la querella del anterior fiscal general (José Manuel Maza, fallecido en noviembre pasado) se presentó el 30 de octubre y el grueso de las actuaciones se ha llevado a cabo en 2018. No obstante, el texto recoge un apartado específico sobre el conflicto catalán en el que el ministerio público resume su trabajo en la Fiscalía Superior de Cataluña, la Audiencia Nacional y el Supremo.

Las sentencias por terrorismo yihadista se disparan. La fiscalía de la Audiencia Nacional detalla que este tipo de causas representan ya más del 46% del trabajo de investigación del este organismo judicial. “La razón no es otra que el incremento de la actividad desde 2013, ante la irrupción del denominado terrorismo yihadista, cuya amenaza está siendo percibida como la más grave y preocupante de estos últimos años”, resalta la memoria, donde se recoge que en 2017 se emitieron 20 sentencias por terrorismo islámico. Son las mismas que las dictadas durante los cinco años anteriores juntos.

"Descoordinación" policial en los atentados de Cataluña. El documento también resalta que, durante los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils del verano de 2017, se produjeron "algunas situaciones rayanas en la descoordinación entre cuerpos policiales". "En la gestión de la información y en la resolución del caso", sostiene la memoria, que incide en que "es necesario evitar en el futuro que se produzcan disfunciones de esta naturaleza".

Medidas de protección para los denunciantes de delitos de corrupción. La Fiscalía aboga por una medida de la que también se ha mostrado partidaria la ministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal de carrera. La memoria de la institución recuerda que, en España, quienes no han participado en el delito de corrupción, pero han tenido conocimiento de su preparación o comisión por su proximidad al delincuente, no suelen denunciar. Las razones son varias: por desconfianza en la justicia, porque aspira a que el soborno que le han ofrecido a un competidor un día se lo ofrezcan a él o por evitar quedar estigmatizado “al romper ciertos códigos de silencio” que amparan estas conductas. "En otras ocasiones, cuando el delito se ha cometido en el ámbito empresarial en el que trabaja el posible denunciante, la inexistencia de una regulación protectora específica hace muy difícil confiar en una denuncia por parte de quien proablemente va a sufrir algún tipo de represalia por su conducta", recoge el texto.

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 33 establece que cada Estado considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico medidas para proporcionar protección a las personas que denuncien hechos relacionados con estos delitos. España no ha atendido esta recomendación que también hace Transparencia Internacional y la Fiscalía considera que esta medida no puede demorarse más. El ministerio público pide "una regulación adecuada" de protección del denunciante, aproximándonos a otros países como Gran Bretaña o EE UU, país donde en materias relacionadas con la delincuencia económica o financiera existe la oficina del whistleblower en la Securities and Exchange Commission (SEC) o en el Department of Justice (DOJ) que incluso paga una cantidad al ciudadano que denuncia y facilita información relevante, como también hace la Internal Revenue Service (IRS) a quien identifica a un defraudador de impuestos, manteniéndose en todo caso su anonimato.

Incentivos a los arrepentidos. La Fiscalía Anticorrupción también propone que se establezca “algún tipo de ventaja o incentivo para conseguir que personas que han intervenido en el delito, a veces con un papel secundario, lo pongan en conocimiento de las autoridades competentes”. “De otro modo, resulta difícil que se produzca una denuncia que necesariamente implica el reconocimiento de la comisión de un delito por parte del propio denunciante”, subraya la memoria, que califica de “insuficiente” la regulación española existente en ese sentido. Según detalla el ministerio público, pese a que el artículo 426 del Código Penal prevé cierta exención de pena para favorecer la colaboración de los arrepentidos, apenas se ha aplicado este precepto: “Quizá, en parte, por los problemas interpretativos que generan algunos de sus términos, pero, sobre todo, por el escaso plazo previsto para la denuncia -dos meses-”.

59.594 billetes falsos. Los datos incluidos en el documento revelan que en España se retiraron de la circulación 59.594 billetes falsos en 2017, un 24% menos que durante el ejercicio anterior. El más falsificado es el de 50 euros, que suma el 48% de las incautaciones. “La media de España ha sido de 1,7 billetes falsos por cada mil habitantes, similar a la media europea”, apostilla la memoria, donde se señala que también se interceptaron 32.806 monedas presuntamente falsas.

Anticorrupción denuncia la escasez de personal. La Fiscalía especializada en esta área resalta en su informe la “escasez” de la plantilla y la “necesidad” de que se incremente. Alerta de que la situación se encuentra “próxima a la saturación”. “Con el riesgo cierto de caer en la ineficacia”, subraya la memoria.

Crítica a la ley de plazos de Rajoy. Otro de los puntos que aborda la memoria es la reforma del artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), cuando gozaba de mayoría absoluta y se multiplicaban las causas de corrupción. Esta modificación fijaba límites máximos de 6 o 18 meses para la instrucción de sumarios, que solo puede ampliar el magistrado a instancia del ministerio público. Según subraya la Fiscalía Anticorrupción, este cambio legislativo no ha mejorado la investigación de estos macroprocesos. Además, María José Segarra, fiscal general del Estado, ya anunció que promoverá la derogación desde la institución que encabeza.

Aumento de las agresiones de menores a padres y hermanos. Las investigaciones abiertas contra menores se han reducido un 1,2% pero el ministerio público resta valor a este dato y lo considera “un simple ajuste de parámetros de registro”. Sí cree “particularmente inquietante” el mantenimiento de la tendencia al alza de los asuntos de violencia doméstica contra los padres y hermanos, que ha experimentado una subida del 7,11 % (4.665 casos abiertos en 2017 frente a los 4.355 del año 2016). “No parece haber indicadores que permitan aventurar, a corto plazo, una solución a este problema, consecuencia de una crisis profunda en las pautas educativas y en los roles paterno filiales”, señala el ministerio público.

La memoria de 2017 recoge un ligero descenso de las agresiones sexuales cometidas por menores (451 en 2017 frente a las 476 en 2016). Sin embargo, los abusos sexuales aumentan significativamente (935 en 2017 frente a los 795 de 2016), un dato que el ministerio público atribuye a la modificación legal que incrementó de 13 a 16 años la edad para prestar el libre consentimiento en las relaciones sexuales. “En todo caso, llama la atención la incidencia en el número de delitos de naturaleza sexual unida al uso inadecuado de las redes sociales, fenómenos que a veces van de la mano y que, en otras ocasiones, denotan la pervivencia de estereotipos machistas que debieran haberse superado. Es necesario que los recursos públicos estén orientados hacia la transmisión de una cultura sobre la conciencia de la intimidad, de la libre sexualidad y de la dignidad de la otra persona”, advierte la Fiscalía.