Madrid y Cataluña chocan con el Gobierno por los 40 millones para los menores inmigrantes

Madrid, Cataluña y Murcia, tres de las comunidades que más niños migrantes acogen, se han enfrentado al Gobierno por el fondo de 40 millones que debe repartirse entre las autonomías para compensar el aumento de llegadas de menores extranjeros no acompañados. Estas comunidades no reconocen las cifras oficiales del registro de menores extranjeros, gestionado por la Policía Nacional, y aseguran que asumen muchas más tutelas de las que aparecen en el sistema. Las cifras son ahora fundamentales porque en ellas se basa el reparto de recursos.

La iniciativa de aprobar un fondo para ayudar financieramente a las regiones que han recibido más menores en lo que va de año fue del Ministerio de Sanidad que trabaja desde septiembre en los criterios para el reparto que se aprobarán a finales de mes a través de un real decreto.

El borrador del documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, determina la distribución, en una primera fase, de 38 millones que se repartirán en proporción al incremento de menores que cada comunidad haya asumido durante los primeros nueve meses de 2018; es decir, hasta el 30 de septiembre. Ese aumento se calcula en base a los datos sobre menores extranjeros incluidos en el registro que gestiona la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la única fuente oficial para documentar este fenómeno.

Basándose en este criterio, Andalucía, Ceuta, Melilla, País Vasco, la Comunidad Valenciana y Canarias son las más beneficiadas porque el registro sí contempla la presión migratoria soportada durante estos meses.

El problema ha surgido cuando comunidades que también asumen un alto número de tutelas, como Madrid, no reconocen los números oficiales que maneja Sanidad. Según este registro, Madrid acoge ahora 407 menores, 71 menos que en diciembre de 2017, lo que la deja sin subvención.

La Consejería de Políticas Sociales madrileña, que lleva semanas recibiendo críticas por la gestión de su saturado centro de recepción de menores en el barrio de Hortaleza, ha puesto el grito en el cielo. Asegura que tutela 846 jóvenes, el doble de lo que figura en el registro oficial. “Estamos ante un nuevo agravio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid —regida por el PP—”, ha denunciado en una nota la consejera Lola Moreno.

Cataluña, la tercera comunidad que más acoge, también ha salido perdiendo en la distribución. Los datos oficiales dicen que pasó de acoger 805 menores en diciembre de 2017 a 1.074 en septiembre; el ministerio solo compensará un incremento de 269 menores. Cataluña defiende que a 30 de septiembre ya contaba con 2.501 niños, lo que supone un incremento de 1.696 jóvenes, seis veces más de lo que se le pagará.

A Murcia tampoco le salen las cuentas: según el registro acogía en diciembre 224 niños y ahora 236. La comunidad asegura que su esfuerzo es mucho mayor.

Fallos antiguos

El baile de cifras pone de manifiesto una deficiencia fundamental en la atención a los menores migrantes que viajan solos en España. El registro oficial no está actualizado y los números dependen de la eficiencia y coordinación entre los servicios sociales autonómicos, que deben informar de las altas, bajas y fugas, y de la policía, que debe incluir esta información en el sistema. El Ministerio del Interior, responsable último del registro, no reconoce su responsabilidad en el desfase de números. Las comunidades tampoco.

Los fallos no son nuevos, pero no resultaban un problema hasta que de ellos han dependido la concesión o no de nuevos recursos. La Fundación Raíces, lleva años denunciando estas lagunas en el registro y constata el aumento de llegadas de menores a la comunidad de Madrid porque acuden a su centro a pedir ayuda.

“Esta falta de acuerdo y las contradicciones en los datos que se están ofreciendo sobre el recuento de niños y niñas que nos llegan solos a España, es muy preocupante, pues habla del desgobierno que impera en nuestro país en las políticas de protección de menores. En España no sabemos cuántos niños y niñas nos llegan, no sabemos si los mismos niños y niñas están siendo contando hasta cuatro o cinco veces, pues al mismo niño lo pueden estar contabilizando las cuatro o las cinco comunidades por las que pase”, ha lamentado la organización.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que monitoriza las llegadas y la movilidad de los menores migrantes, también ha mostrado su preocupación y pide a las autoridades que contemplen un nuevo sistema de control. “Es evidente que hay una movilidad que desborda la medición de registros estatales y los datos de la policía o el ministerio no sirven. Pedimos un esfuerzo de financiación, la coordinación con los movimientos sociales que estamos trabajando en este ámbito sobre el terreno y un Pacto de Estado que aborde de forma realista todas las carencias de esta situación”, ha exigido la organización.

Bono a la solidaridad

Del fondo de los 38 millones iniciales también saldrán ayudas a las comunidades que se han ofrecido a abrir nuevas plazas para acoger menores. La solidaridad demostrada, en cualquier caso, ha sido mínima, y ronda las 150 plazas nuevas para la distribución de más de 11.100 niños, según adelantó este diario el pasado sábado. La fórmula escogida por el ministerio consiste en, por un lado, compensar el incremento de menores que hayan experimentado de la misma forma que al resto y, por otro, premiar con un 25% más cada una de las nuevas plazas ofertadas.

El Ejecutivo, además, ha reservado dos millones de euros para un fondo de contingencia, para cubrir los gastos derivados de la atención de menores inmigrantes de las autonomías que tengan un “incremento estacional” del 30 de septiembre al 31 de octubre. Algunas comunidades autónomas, como Murcia, tienen precisamente ese problema.

El borrador del real decreto, sin embargo, ignora cuestiones que afectan a la distribución de los menores, más allá de que el registro oficial no resulta ser un termómetro consensuado de la situación. El texto no detalla ningún criterio que establezca quienes serán los candidatos a trasladarse de comunidad ni si se les preguntará sobre su voluntad de mudarse. No especifica si las comunidades que abran nuevas plazas asumirán la total tutela de los jóvenes haciéndose responsables de su formación y atención hasta la mayoría de edad o apenas cubrirán los gastos de acogida. No está contemplado tampoco el tiempo que durará esta subvención excepcional y si en 2019 las comunidades podrán contar con ella de nuevo.