Miles de funcionarios de prisiones reclaman a Interior retomar la negociación sobre sus sueldos

El conflicto laboral que enfrenta a los funcionarios de prisiones con el Ministerio del Interior ha vivido este martes una nuevo episodio dentro de la escalada que vive desde que a finales de septiembre se rompieron las negociaciones que mantenían sobre la equiparación salarial y otras mejoras profesionales. 7.000 trabajadores penitenciarios, según datos de la Policía, han recorrido en una doble manifestación las calles de Madrid hasta desembocar en la céntrica sede del departamento de Fernando Grande-Marlaska. Las organizaciones convocantes —ACAIP, CSIF, UGT y CC OO— han hecho discurrir la protesta ante las sedes de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos para reclamar su implicación en la resolución de un conflicto que arrancó en febrero pasado, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y que vivió en octubre y noviembre ya varias jornadas de huelga en los centros penitenciarios.

Según detallan fuentes sindicales, el objetivo de esta última manifestación es reclamar a Interior que se siente de nuevo a negociar y acepte como punto de partida la propuesta que el propio Ministerio puso sobre la mesa en septiembre pasado. Entonces, el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, ofreció en respuesta a la petición de equiparación salarial de los funcionarios una subida media de 365 euros lineales al conjunto de la plantilla. El coste total de la medida fue cuantificada en 123 millones de euros por el propio ministerio. Tres días más tarde la retiró al asegurar que no existía disposición presupuestaria para ello. Desde entonces, los funcionarios de prisiones han protagonizado seis días de huelga en las cárceles y un encierro en la sede de Interior, además de reclamar de manera insistente el cese de Ortiz al frente de Prisiones.

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Desde Interior se insiste en que aquella propuesta era solo "un estudio técnico" y que su aprobación estuvo siempre supeditada a la existencia de una partida presupuestaria y nunca un compromiso, y recuerdan que desde la llegada de Grande-Marlaska al ministerio ha habido otras mejoras profesionales y se ha abierto a negociar algunas de las propuestas sindicales, como modificar el actual sistema de clasificación de los centros penitenciarios, que condiciona precisamente las retribuciones de los funcionarios. 

De hecho, la equiparación que reclaman los funcionarios de prisiones no es con ningún otro cuerpo autonómico —solo la Generalitat de Cataluña tiene actualmente transferidas las competencias penitenciarias—, sino entre los propios funcionarios dependientes del Ministerio del Interior. En la actualidad Instituciones Penitenciarias divide las más de 70 cárceles en nueve tipos según criterios de supuesta peligrosidad. De este modo, los funcionarios destinados en las tres prisiones del País Vasco y la de Navarra —todas ellas denominadas de "categoría especial"— tienen un salario que puede ser superior hasta los 600 euros mensuales con el que perciben los que desempeñan su labor en otras cárceles. Los sindicatos consideran que este sistema —heredado de la etapa en la que ETA convirtió a los funcionarios de prisiones en objetivo de sus atentados— está superado en la actualidad y que la peligrosidad de las cárceles es similar en toda España a la vista de los datos de agresiones.

Dirigentes sindicales recordaban este martes que cuando el PSOE estuvo en la oposición apoyó las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones y que diputados de este partido acudieron a algunas de las protestas para dar su apoyo. "Ahora, sin embargo, ni nos han recibido", destaca un portavoz sindical que detalle que ningún representante socialista ha accedido a hablar con ellos cuando la manifestación ha arrancado ante la sede de la calle Ferraz. Según estas fuentes, en la sede de Podemos les ha recibido el secretario de Organización, Pablo Echenique; y en el PP, el diputado José Martín Toledano, integrante de la comisión de Interior.