Los periodistas recuperan los teléfonos intervenidos por el juez del ‘caso Cursach’

Los periodistas mallorquines Kiko Mestre y Blanca Pou han recuperado sus teléfonos móviles y su agenda de contactos. Los dos informadores de Diario de Mallorca y Europa Press han recogido este viernes en el juzgado de instrucción número doce de Palma, en el que se instruye el caso Cursach, los teléfonos personales que el juez que investiga la causa, Miquel Florit, ordenó requisar el pasado 11 de diciembre para investigar una filtración del sumario en una pieza secreta. Mestre ha recuperado su teléfono móvil mientras que Pou ha recogido, además de su dispositivo, dos ordenadores de sobremesa y una memoria digital y ha reclamado una documentación en papel que no le ha sido devuelta.

"Hemos exigido que nos entregaran los teléfonos precintados, nos han dicho que están en la caja fuerte del juzgado desde el día 12 y que desde entonces no se han abierto. Pero han estado veinticuatro horas en poder de la policía y aunque en un principio los móviles no se abrieron, no lo sabremos nunca", ha explicado Mestre a EL PAÍS. El juez emitió el pasado miércoles un auto en el que explicaba que la orden de intervenir los teléfonos fue anulada diez días después de ser dictada e insistía en que nunca se produjo un decomiso de los dispositivos, sino una "intervención de los efectos relacionados con el delito de revelación de secretos".

"El daño está hecho con independencia de que el teléfono se abra o no. La querella sigue adelante y esperamos que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares se pronuncie", ha subrayado el periodista de Diario de Mallorca. Tras la orden dictada el 11 de diciembre por el juez Florit por la que se decomisó a los dos periodistas sus teléfonos, ordenadores y la documentación que tenían sobre el caso Cursach, la agencia de noticias Europa Press y Diario de Mallorca presentaron una querella contra el magistrado por presuntos delitos de prevaricación judicial, inviolabilidad del domicilio y contra el derecho al secreto profesional.

Hechos consumados

La periodista de Europa Press también ha recordado que, aunque los teléfonos no se hayan abierto, "el daño está hecho" porque la libertad de prensa es un asunto "sensible y delicado". "El mensaje se ha enviado, ese dardo está lanzado", ha insistido Pou, que se ha reafirmado en la intención de mantener la querella contra el magistrado, que fue admitida a trámite por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las islas. La periodista también quiere que el juzgado aclare las diligencias que se hayan podido practicar y que hayan implicado una vulneración de sus derechos y los de su compañero de Diario de Mallorca.

Ambos periodistas han rechazado que entregaran sus dispositivos de forma voluntaria cuando la policía lo requirió, tal y como afirmó en juez Florit en su último auto, donde apuntaba que ninguno de los dos informadores recurrió la decisión y Mestre incluso se ofreció entregar la documentación que guardaba en la oficina. "No nos dieron opción a oponernos porque había una orden judicial que nos obligaba a entregar el teléfono y las órdenes se tienen que cumplir", ha subrayado Mestre.

El pasado mes de julio, el juez Florit abrió una pieza secreta para investigar un delito de revelación de secretos tras las quejas reiteradas de las defensas de los investigados en el caso Cursach por filtraciones continuadas del sumario. El magistrado indagaba sobre un episodio en concreto, a raíz de que trascendiera un informe elaborado por el grupo de blanqueo de la Policía Nacional en el que se apuntaba a un fraude millonario por parte del conglomerado del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, principal imputado en la trama. Tras la intervención de los teléfonos en el marco de esta pieza secreta, se imputó por un delito de revelación de secretos al exjefe del grupo de blanqueo de la Policia Nacional y a un agente del cuerpo, que quedaron en libertad tras ser detenidos.