El PIN Parental, la reconquista y otras extravagancias de las propuestas de Vox para Andalucía

Las 19 “propuestas” de Vox para acceder a la investidura del popular Juan Manuel Moreno son un programa de máximos que resume los postulados de la formación de Santiago Abascal. El documento entregado al PP —que lo tacha de “inaceptable”, al igual que Ciudadanos— recoge aspectos políticos, económicos, sociales y morales contemplados en el ideario del partido. Lo que sigue son los aspectos más extravagantes del programa, que ponen en graves dificultades la negociación.

El desmontaje autonómico. Vox pretende que Juan Manuel Moreno, que en la negociación para alcanzar la presidencia de la Junta ocupa un papel absolutamente subordinado a la dirección nacional del PP, haga, una vez investido, una “declaración institucional”. En la práctica, eso supondría una suerte de voladura de la autonomía que aspira a encabezar. El partido de extrema derecha quiere que el dirigente popular defienda un “proceso nacional” de “devolución al Estado de las competencias de educación, sanidad, justicia y orden público”, todas ellas contempladas en el estatuto andaluz. 

También reclama una declaración solemne de “condena” al “discurso de odio y exclusión” que algunos “políticos y medios” mantienen contra el partido desde las elecciones del 2-D. La formación ha hecho de las querellas contra adversarios políticos y opinadores que atacan sus políticas un género propio. Desde el 27 de noviembre ha ejercido acciones legales contra la presidenta andaluza Susana Díaz, el tertuliano Antonio Maestre y los dirigentes de Podemos Pablo Echenique y Teresa Rodríguez. El partido busca, a través de las redes sociales, controlar el discurso, sustrayéndose, generalmente mediante ataques, a la labor de los medios.

Delación de “ilegales”. Vox ha hecho de la inmigración uno de los ejes principales de sus diatribas políticas. Sus mayores éxitos en Andalucía los ha conseguido en municipios como El Ejido, Roquetas de Mar o Níjar (Almería), con gran proporción de población extranjera, empleada como mano de obra barata en la agricultura. El partido acusa a la Junta de “encubrir” la inmigración irregular y reclama “colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”. Según sus cálculos —cuyas fuentes no citan—, hay 52.000 extranjeros en esta situación que el Gobierno andaluz debe delatar. PP y Vox comparten la idea del supuesto “efecto llamada”. Para frenarlo, el partido de extrema derecha pide “suprimir las ayudas” a los “inmigrantes ilegales”. En España, la única asistencia que reciben estos extranjeros es humanitaria.

Vida y muerte. En un guiño a su electorado católico, Vox reclama una consejería de Familia y “prestar atención a las mujeres con embarazos no deseados” para evitar “el drama del aborto”. También rechaza la eutanasia bajo un indefinido “plan de extensión de cuidados paliativos” en la sanidad pública. Y pide deducciones fiscales para elevar la natalidad.

Educación católica. Bajo el epígrafe de “libertad de educación”, Vox lanza otra señal a su electorado católico. El partido propone un “PIN Parental”: se trata de que la dirección de los centros educativos pida la autorización de los padres para dar a los niños “charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”. Es decir, los padres podrán vetar, si lo desean, la formación en sexualidad. El documento propone la apertura de centros públicos de educación diferenciada: la segregación de niños y niñas, si existe demanda.

Además, el plan persigue acabar con “la discriminación de los andaluces” que viven en otras regiones de España, con asistencia legal y económica para quienes se vean obligados a “escolarizar a sus hijos en una lengua regional”.

Contra el islam. A lo largo de varios puntos, el texto señala a los musulmanes. Vox quiere convertir el 2 de enero, fecha de la culminación de la reconquista en 1492 con la toma de Granada, como día de Andalucía, en sustitución del 28 de febrero, que conmemora el referéndum de autonomía de 1980. Además, plantea el “control del fundamentalismo islámico”, con la vigilancia por parte de la Junta de la “amenaza fundamentalista” y la supresión de subvenciones a asociaciones islámicas.

Economía ‘neocon’. La reducción del gasto político y, sobre todo, las rebajas fiscales generalizadas son los aspectos del plan de Vox que pueden encontrar mejor acogida en PP y Ciudadanos. El partido de Abascal reclama, al igual que los dos partidos citados, la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y una reducción al mínimo del impuesto de transmisiones patrimoniales. 

Vox, en su visión recentralizadora, reclama también suprimir agencias y entidades como la red Extenda, de ayuda a las empresas andaluzas en su expansión internacional. Otro punto de coincidencia fácil entre los partidos es la realización de una auditoría externa de las cuentas de la Junta.