Ex altos cargos afectados por el espionaje de Villarejo se plantean una querella colectiva

Varios de los afectados por las escuchas masivas que supuestamente hizo el comisario José Villarejo durante el intento de la empresa Sacyr de tomar el control del BBVA en 2004 y 2005 están estudiando presentar una querella colectiva. La demanda estaría dirigida contra el comisario y su empresa, Grupo Cenyt, así como contra la entidad financiera, que supuestamente le contrató para hacer el espionaje. El comisario controló miles de llamadas de altos cargos del Gobierno y de la Administración, de empresarios y de periodistas y habría pasado el contenido de las mismas (que no ha sido verificado con audios y que algunos intervinientes niegan) a directivos del BBVA, según informan El Confidencial y Moncloa.com.

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Entre los que figuran en la transcripción del supuesto pinchazo figuran la entonces vicepresidenta del Gobierno de Zapatero (PSOE), María Teresa Fernández de la Vega; el exministro Miguel Sebastián (en el momento de las escuchas jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno); el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en aquellas fechas, Manuel Conthe, así como el vicepresidente, Carlos Arenillas; el ex director general del BBVA y presidente de Intermoney, José Pérez, y los empresarios Luis del Rivero y Juan Abelló, entonces presidente y vicepresidente de Sacyr. 

El actual Gobierno socialista no tiene nada que decir sobre lo ocurrido. "Entiendo que el ministerio correspondiente está investigando la situación", se ha limitado a expresar la portavoz del Gobierno Isabel Celáa, informa Carlos E. Cué

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Las últimas informaciones publicadas recogen una supuesta conversación entre Miguel Sebastián y el entonces jefe de gabinete del Banco Santander, Ignacio Rupérez, que fue grabada a través de un teléfono del Ministerio de Presidencia el 18 de enero de 2005.

Según fuentes consultadas del entorno del Gobierno de Zapatero, el alto número de personas que supuestamente fueron objeto de espionaje y que tuvieron sus teléfonos pinchados por la empresa del comisario Villarejo, que se encuentra en prisión acusado de cohecho, revelación de secretos,  falsedad documental, organización criminal y blanqueo de capitales en el marco de la Operación Tándem, hace viable la presentación de la demanda colectiva y le daría mucho más rango, al margen de las que se quieran presentar individualmente. En opinión de estas fuentes, "sería lo más razonable encargarlo a un despacho de abogados especializado que aglutinara todos los casos en uno".

Los abogados estudian si esa querella tiene visos de prosperar. Entre otras cosas porque no está claro si los posibles delitos que se habrían cometido han prescrito o no. En ese sentido, lo que se dilucida es si se toma como punto de partida la fecha en la que se produjeron los hechos, es decir, hace 14 años, o si se tiene en cuenta la del pasado verano cuando se supo la existencia de las escuchas. Otro punto importante que cambiaría las cosas es si los pinchazos han continuado más allá de los meses que duró el asedio de Sacyr al BBVA. De ser así, la prescripción no se habría producido, además de que el delito sería todavía más grave, ya que podría incurrir, en el caso de la CNMV, en conocimiento de información privilegiada. Las fuentes sostienen que debería actuar la fiscalía para investigar, entre otras cosas, cuánto tiempo duraron los supuestos pinchazos.

Actuación de la CNMV

La gravedad de la supuesta actuación del banco y de la empresa del comisario Villarejo quedó reflejada este jueves con la decisión de la CNMV de movilizarse para comprobar las actuaciones del BBVA y su posible repercusión en las cuentas de la entidad. Es decir, si se deriva alguna responsabilidad patrimonial y se refleja en las cuentas consolidadas del grupo presidido hasta el 31 de diciembre pasado por Francisco González.

Asimismo, la CNMV investiga la incidencia en los sistemas de seguridad de la institución ya que tanto Conthe como Arenillas, dos ex altos cargos de la misma, fueron supuestamente espiados. En ese sentido, la CNMV podría tener que dar cobertura legal a ambos, así como a otros directivos del organismo que hubieran sido objeto de escuchas, al margen de las acciones que pudieran emprender los propios afectados por su cuenta. De momento, la CNMV ha subrayado su voluntad de colaborar con la justicia. 

Por su parte, el BBVA ha anunciado que el pasado junio inició una investigación sobre la contratación y servicios prestados por la empresa de Villarejo. Asimismo, ha contratado un despacho externo de abogados para que haga una revisión independiente. Ambas actuaciones se encuentran en curso en estos momentos. En caso de que se acrediten irregularidades, el banco ha anunciado que tomará las medidas oportunas y llevará a cabo las acciones pertinentes en colaboración con la justicia. Hoy, en una nota de prensa señaló que no ha hallado ningún documento que avale las escuchas.