“Franco, en una tumba con flores. Y mi padre, escondido”

A Mercedes Abril, de 85 años, le da mucha rabia no poder acordarse de su padre, Rafael. Acababa de cumplir tres años cuando se lo llevaron para fusilarlo, en 1936. El pasado 26 de febrero, el Ministerio de Justicia organizó una visita para que ella y otras cinco familias de represaliados del franquismo entraran en la cripta del Valle de los Caídos donde fueron llevados los cuerpos, sin su consentimiento. “Por primera vez he sentido a mi padre cerca”, relató a este diario. “Me pareció horrible ver tantas cajas de tantas personas inocentes, unas encima de otras. Pero las vi y pensé: ‘Ahí está papá”.

Este martes, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, le ha entregado un documento que pretende ser una “reparación moral” para su familia. Mercedes volvió a su casa, en Calatayud (Zaragoza), con el escrito en el que el Estado acredita que Rafael Abril fue una víctima del franquismo y con la esperanza de poder recuperar pronto sus restos. Fuentes del Ministerio admiten que el tiempo se echa encima y no será fácil proceder a las exhumaciones en el Valle de los Caídos antes de las elecciones, pero lo van a intentar. De momento, siguen pendientes del informe técnico sobre el estado y la mejor forma de operar en el interior de las criptas del mausoleo.

“Primero los mataron, luego los enterraron donde quisieron, los sacaron sin decirnos nada y los llevaron al Valle de los Caídos para que Franco los siguiera vigilando. Mi padre está en una caja escondida, y él, en una tumba que siempre tiene flores”, lamenta Mercedes. “A mí me mataron a mi padre y a mi hermano, porque al día siguiente de que se lo llevaran, mi madre dio a luz a un niño que solo vivió diez días”, añade.

Junto a Mercedes, visitaron la cripta del Valle de los Caídos otras cinco familias de hombres que, como recordó este martes el director general de la Memoria Histórica, Fernando Martínez, fueron secuestrados y ejecutados de manera extrajudicial. Entre ellos, los descendientes de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, también de Zaragoza, que en 2012 iniciaron de manos del abogado Eduardo Ranz, una larga batalla judicial contra la Administración para que los restos de estos republicanos no tuvieran que yacer junto a los de su verdugo. Su denuncia fue archivada y recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, en 2016, les dieron la razón.

“Permanecen tirados, no enterrados”, declaró la ministra Delgado tras entregar a 11 familiares un certificado de reparación y reconocimiento. “La fosa más grande de España es la del Valle de los Caídos, donde yacen los restos de 33.800 personas, 18.000 de ellas republicanos. Reclaman un entierro digno”.

El traslado de cuerpos desde fosas comunes comenzó en 1958 (11.329 víctimas). El Ministerio de Justicia ha tomado muestras de ADN a los familiares para tratar de identificar los restos una vez exhumados. Las familias de Calatayud tienen más suerte que otras, porque en algunas de las criptas, filtraciones de agua destruyeron las cajas de madera y mezclaron los restos que contenían.

“Mi madre estuvo llorando toda la vida por mi padre. Nunca se quitó el negro”, explica Francisca González, con el certificado del Gobierno en una mano y la fotografía de su padre en la otra. “Solo quiero enterrarlos juntos. Y yo después. Nunca he estado con él. A ver si ahora puedo”.

El Gobierno continúa una batalla, ya contrarreloj, con la familia Franco para trasladar los restos de Franco a otro lugar, primer paso para que el Valle de los Caídos deje de ser un monumento al dictador. El Supremo ha admitido a trámite el recurso de sus nietos. La familia ya ha anunciado que utilizará todos los recursos legales a su alcance para impedir la exhumación.