El Constitucional pone fin a otra causa archivada tras la reforma del PP de la justicia universal
El tribunal de garantías rechaza el recurso de amparo por el ataque del ejército iraquí al campo de refugiados iraníes de Ashraf
El Tribunal Constitucional (TC) ha dado el carpetazo definitivo a la investigación abierta por la Audiencia Nacional por el ataque del ejército iraquí al campo de refugiados iraníes de Ashraf en 2009, que el juez instructor Fernando Andreu se vio obligado a archivar en 2015 tras la reforma del PP que fulminó la justicia universal. Según ha publicado este martes el BOE, el pasado 11 de febrero, la Sala Segunda del tribunal de garantías rechazó el recurso de amparo presentado contra el sobreseimiento de la causa, donde los denunciantes alegaban que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
La resolución de los magistrados del Constitucional arranca el 7 de septiembre de 2009, cuando se presentó una querella en la Audiencia Nacional contra el teniente general Abdol Hossein Al Shemmari, que había estado al mando de las fuerzas iraquíes que irrumpieron en el campo de refugiados el 28 y 29 de julio de 2009. Según la denuncia, unos 2.000 soldados del ejército y policías accedieron a la instalación donde vivían unos 3.500 civiles desarmados, miembros de la resistencia iraní: "Y equipados con blindados, palas mecánicas, armas de fuego, hachas, bastones metálicos y de madera, cadenas, gases pimienta y lacrimógenos, granadas sónicas, tanques lanza-agua y otros vehículos, lanzaron un asalto contra los civiles desarmados, disparando indiscriminadamente sobre personas protegidas por el IV Convenio de Ginebra". El ataque dejó 11 muertos, además de secuestros y torturas.
Después de recibir el escrito, Andreu abrió la investigación, en base a que los Convenios de Ginebra obligan a los Estados parte a perseguir esos crímenes en el caso de que las autoridades del país no lo hagan. Pero, en 2015, se vio obligado a cerrarla después de la reforma del PP que limitó la justicia universal.
Una modificación, aprobada con la mayoría absoluta que los populares tenían durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, que avaló el TC el pasado diciembre. El tribunal de garantías rechazó el recurso presentado por el PSOE contra la ley de justicia universal de 2014. Esa reforma establece que los tribunales españoles solo pueden perseguir delitos de justicia universal si los responsables son españoles o extranjeros con nacionalidad española y solo si la víctima o la Fiscalía han presentado una querella en los tribunales.
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