El chat de policías y el juez que dinamitó el ‘caso Cursach’

Las conversaciones fueron recuperadas por la brigada de policía judicial de Baleares para elaborar un atestado que ha sido incluido en la causa que investiga una presunta revelación de secretos durante la instrucción del caso. Un documento que ha sacudido los pasillos de los juzgados de Palma y que deja la puerta abierta a la anulación de buena parte de las diligencias, según han advertido varios abogados de los investigados.

El caso Cursach investiga desde hace seis años los negocios del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, propietario de un imperio de discotecas y restaurantes, y las relaciones de connivencia que tanto él como sus empleados supuestamente mantenían con policías, funcionarios y políticos de Palma. Un guion judicial en el que durante años se han mezclado episodios sobre el mundo de la noche con la política, las fiestas, los sobornos y las amenazas. Hasta tres magistrados han investigado un caso que terminó con el segundo juez al cargo, Manuel Penalva, apartado del asunto tras prosperar un incidente de recusación porque una de las partes aportó unas coversaciones con una testigo protegida en la que insultaba a varios acusados, y con el actual instructor, Miquel Florit, investigando una presunta revelación de secretos durante la etapa de instrucción de su colega a petición de los principales investigados.

El atestado al que ha tenido acceso EL PAÍS sostiene que el juez Penalva, el fiscal y los cuatro policías habrían presuntamente filtrado de forma continua datos sobre el caso, utilizado el secreto de las actuaciones “de forma inadecuada y partidista”, filtrado datos personales que afectan al honor de los investigados y omitido pruebas “que no les convenían”. Las sospechas de la policía no quedan ahí y apuntan que los antiguos investigadores realizaron prácticas procesales irregulares de forma continuada para conseguir imputaciones “a toda costa”. “Habrían llevado a cabo acusaciones a terceros con conocimiento de su falsedad, utilizando testigos dirigidos, presionado a investigados para conseguir delaciones y utilizado el tiempo de permanencia en los calabozos o prisión preventiva para ablandar a los investigados”, sostiene el informe.

Las conversaciones privadas están plagadas de descalificaciones hacia determinados investigados, como el exdiputado del PP en Baleares y hombre fuerte en el Ayuntamiento de la capital, Álvaro Gijón, de quien uno de los policías dice: "a este si tienen huevos de hacerle dimitir y deja su acta de diputado hay que detenerlo con esposas. Sin miramientos" mientras su compañero contesta "operación policial en toda regla, me cagüen la puta". En otra conversación los policías del grupo de blanqueo hablan sobre la detención de dos policías locales, que están en el juzgado para prestar declaración. Uno de los investigadores los califica de "menudos hijos de puta" mientras otro informa de que ya están en los calabozos. El atestado refleja decenas de conversaciones, como una que tiene lugar mientras en el despacho del juez hay un testigo que está citado para identificar fotográficamente a los policías que supuestamente cometieron delitos pero que no es capaz de reconocer. "Que diga que lo conoce por nombre y se la volvemos a enseñar", mientras el juez pide al fiscal que no sea tan arisco durante el interrogatorio "que se me cabrea".

"Que cague caldo"

En otro episodio del chat compartido entre el juez, el fiscal y los policías, sus integrantes hablan de la entrega en el juzgado de un informe acerca de los sobreprecios pagados en el Instituto Muncipal de Deportes. Uno de los agentes conmina al resto de los integrantes del grupo a filtrarlo a los medios de comunicación para que el principal investigado, el empresario adjudicatario "cague caldo" al tener conocimiento de la magnitud de la investigación. En numerosos mensajes los integrantes del grupo también censuran la presencia del exfiscal Pedro Horrach en los interrogatorios a un detenido, uno de los primeros casos que el que fuera fiscal del caso Nóos asumió tras abandonar la fiscalía.

En otro bloque de conversaciones los investigadores se jactan de "aconsejar" a periodistas sobre las noticias que publicar. "Una parte muy importante de la estrategia para llevar a cabo un juicio mediático a los investigados" dice el atestado, que achaca a los investigadores la utilización de una estrategia para hacer ver la actividad mafiosa del grupo Cursach mediante la existencia de amenazas y agresiones. En un momento determinado de las investigaciones, el fiscal abandona el grupo de chat al no compartir la estrategia de uno de los agentes del grupo de blanqueo de filtrar un vídeo a un medio de comunicación. El examen de los teléfonos móviles de los agentes investigados ha llevado a la policía a atribuirles la presunta comisión de una decena de delitos, entre ellos el de pertenencia a grupo criminal. El atestado fue recibido el pasado tres de abril por el juez Florit, que elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia de las islas a petición de la fiscalía por la condición de aforados del juez y el fiscal. El tribunal ha devuelto el oficio y ha pedido al magistrado que amplíe la exposición de motivos para elevar la causa a este organismo, el único competente para investigar a ambos que están de baja laboral actualmente. A la espera de conocer si prosperan las diligencias, la defensa de la mano derecha de Cursach, Bartolomé Sbert, que permaneció trece meses en la cárcel con el empresario ya ha solicitado la anulación las actuaciones en el procedimiento que juzgará al magnate y varios agentes de la policía local de Palma por su presunta participación en fiestas pagadas por el empresario.