La Audiencia Nacional limita hasta junio de 2020 la investigación del ‘caso Púnica’

La Audiencia Nacional obliga a imprimir velocidad al caso Púnica, uno de los principales sumarios de corrupción que investiga la justicia española, centrado en el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. La Sección Cuarta de lo Penal ha obligado a finalizar la investigación de la macrocausa el 6 de junio de 2020 en lugar del 30 de marzo de 2022 que había fijado el juez instructor, Manuel García-Castellón. El nuevo plazo deriva del cambio de criterio en la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita a 18 meses la instrucción de las causas penales de especial complejidad.

La nueva fecha de caducidad, que no es recurrible, llevará a agilizar el macrosumario, que se divide en 16 piezas separadas con más de 170 imputados. El caso Púnica comenzó a investigarse en el mes de junio de 2014 y algunas de las piezas ya tienen escritos de acusación. La conclusión de los distintos procedimientos tiene que producirse el 6 de junio de 2020, 18 meses después de la fecha de los recursos interpuestos por diferentes defensas contra el auto de García-Castellón que prolongaba la causa en 40 meses, hasta 2022.

El magistrado y las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez tratan de reducir a menos de diez el número de piezas de la macrocausa, fusionando aquellas que contengan hechos confluyentes o repetidos. Varias de las piezas son especialmente sensibles para el PP, como la que se centra en exclusiva en la supuesta contabilidad paralela del partido en la Comunidad de Madrid, y que ha salpicado, en diferentes grados, a los expresidentes madrileños Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

El PP también aparece señalado en la investigación sobre la empresa pública del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio. En esta pieza están bajo sospecha tanto los dos planes Prisma de inversiones de obra pública en municipios como la gestión del suelo a través de 22 consorcios urbanísticos. Entre ambos, el Ejecutivo regional manejó en la etapa de Granados cerca de 3.000 millones de euros. Parte de los cuales supuestamente se desviaron, no sólo al PP, sino también a otros partidos.

También se convertirá en un quebradero de cabeza para Génova la pieza del sumario referida a la supuesta contratación irregular de la empresa especializada en la organización de festejos Waiter Music S. L. por parte de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. En esta parte de la investigación, la Guardia Civil ya entregó un informe referido al consistorio de Valdemoro, epicentro de la trama, en el que además de los cargos locales implicados que ya estaban imputados, se recogían indicios de la supuesta financiación irregular de actos del partido. Las pesquisas señalaban entre ellos mítines de las campañas autonómicas y municipales, pero también de las generales en las que Rajoy fue cabeza de lista.

La semana pasada, la Audiencia archivó la causa abierta contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el marco de la operación Púnica al considerar que no hay pruebas suficientes de que el político desviara dinero público para contratar con las empresas de esa trama trabajos de mejora de su imagen en internet, otra de las patas del macrosumario.