Barcos contra Gobiernos, la batalla de los rescates en el Mediterráneo

Sophie Rahal sabe lo que es tirar con todas sus fuerzas de la camiseta de una persona que se está ahogando. "Uno entiende entonces que lo hacen porque su vida se volvió demasiado insoportable", dice mezclando palabras en español y francés. La portavoz de la ONG SOS Méditerranée viajó en el Aquarius a finales de 2017. Tras el desembarco de 630 inmigrantes en Valencia, previo choque con Matteo Salvini por negarse a abrir los puertos italianos, el barco fue cambiando de bandera conforme le impedían efectuar nuevas labores de rescate. Gibraltar, Panamá y Liberia suprimieron sucesivamente el permiso. Impotentes, SOS Méditerranée y Médicos sin Fronteras se dieron por vencidos y lo devolvieron a su dueño en el puerto de Cádiz cuando terminó su contrato de alquiler el 31 de diciembre de 2018.

Durante más de siete meses buscaron un sustituto. El anuncio llegó el 21 de julio. Tenían nuevo barco, el Ocean Viking, un buque de bandera noruega construido hace 33 años. Ligeramente menos largo que el Aquarius pero más ancho, 69 metros de eslora y 15 de manga. En el pasado se utilizó para el suministro de gas y petróleo en el mar del Norte. Este verano, una vez equipado de cuatro botes salvavidas de alta velocidad e instalada una clínica a bordo, empezó su deambular por el Mediterráneo en busca de náufragos. En la madrugada del viernes al sábado desembarcó en Malta a 356 inmigrantes tras dos semanas en altamar sin puerto disponible. Seis países se los repartirán.

La falta de una política migratoria europea ha hecho que la estampa se vuelva familiar. El barco de una ONG rescata a un grupo de inmigrantes frente a las costas libias. Italia es el puerto seguro más cercano. El ministro de Interior, Matteo Salvini, rechaza recibirlos. Países europeos que empiezan a hablar sobre cuántos pueden recibir bajo la coordinación de Bruselas. Precariedad creciente dentro del barco. Y finalmente, días o semanas después, una solución para su reparto.

Pese al ruido que genera todo el proceso. La estadística dice que el problema migratorio pierde magnitud. Las llegadas desde el Mediterráneo central experimentaron un notable descenso el año pasado —Italia recibió a 23.500 personas, un 80% menos—. Y su descenso se ha prolongado en los primeros siete meses de 2019 —un 75% menos—. La remisión del conflicto en Siria y las ayudas europeas a Libia han frenado un éxodo que en 2015 desencadenó la llegada de más de un millón de personas a la UE. España es ahora la principal puerta de entrada a Europa con un crecimiento de las llegadas del 131% el año pasado. Y sin embargo, los exabruptos de Salvini y el desencuentro entre ONG y Gobiernos sobre las políticas de rescate han mantenido la menguante ruta del Mediterráneo central en un primer plano. Eso sí, aunque los fallecidos también cayeron un 54%, la tasa de mortalidad no cesa de aumentar: el cruce de Libia a Europa pasó de una muerte cada 38 llegadas en 2017 a una cada 14 en 2018, según datos de ACNUR.

En un contexto en que la operación Sophia de la UE ya no utiliza barcos y se limita a hacer solo vigilancia aérea, las ONG reivindican su derecho a estar sobre el terreno. Alegan que el rescate es una obligación para cualquier barco, sea recreativo de pescadores o humanitario. "No hay que pedir permiso para rescatar, es una idea falsa", dice tajante Rahal, de SOS Méditerranée. Sin embargo, los expertos señalan que no es lo mismo encontrarse casualmente con una embarcación en problemas que dedicarse expresamente a esa labor. "Prestar auxilio a las personas en peligro en el mar es una obligación del capitán de un buque según el derecho internacional. Lo controvertido es el derecho que regula a las ONG y cómo se producen esos salvamentos. Las ONG no son organizaciones internacionales, se regulan por los ordenamientos de los Estados", dice Carlos Espósito, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Madrid.

Los Gobiernos y tribunales están cada vez más encima de las ONG, como constata la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE. Su lista recoge siete barcos que operan en la zona y 17 que ya no lo hacen, la mayoría de ellos debido a la apertura de procedimientos judiciales en su contra. "Desde el verano de 2017, las autoridades italianas comenzaron a tomar medidas, incluyendo la incautación de barcos y la apertura de investigaciones penales y administrativas para abordar las acciones de los buques desplegados por ONG que se considera que exceden sus actividades de rescate en el mar", afirma la agencia.

En esa política de creciente control también cita a Malta y Grecia. "La criminalización de las ONG se ha convertido en un fenómeno significativo en la UE que implica a tres de los cuatro Estados miembros afectados por la inmigración irregular en el Mediterráneo", acusa excluyendo a España de esa lista. Las conclusiones llegaron, sin embargo, antes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez abriera la puerta a multar al Open Arms con 901.000 euros por incumplir la prohibición de Fomento de realizar labores de búsqueda y salvamento.

El episodio ilustra el debate sobre hasta qué punto se ha de permitir a las ONG asumir una tarea para la que no siempre cuentan con los medios adecuados. "Ante la inexistencia aún de un enfoque sistemático y coordinado dentro de la región para el salvamento marítimo y posterior desembarco, es probable que los rescates realizados por barcos de ONG sigan recibiendo respuesta caso por caso. Como consecuencia, habrá más situaciones en las que se mantenga en el mar varios días a las personas rescatadas, a menudo gravemente traumatizadas, mientras los gobiernos debaten dónde pueden ser desembarcadas", señala ACNUR. 

Presentadas por la ultraderecha como aliadas de las mafias de tráfico de personas, y glorificados como héroes por personalidades como el actor Richard Gere o el jugador de baloncesto Marc Gasol, la Comisión Europea se queda a medio camino al hablar de su labor. "Las ONG han jugado un rol crucial salvando vidas en el Mediterráneo, algo de alabar. Dicho esto, todos los actores implicados en la búsqueda y rescate deben respetar las instrucciones de las autoridades", dice una portavoz comunitaria.

Eso no siempre ha sido así. El mejor ejemplo fue la entrada sin permiso en el puerto de Lampedusa de la capitana alemana Carola Rackete con 43 inmigrantes a bordo del Sea Watch, un gesto de insumisión muy aplaudido que puede costarle una alta pena de prisión.

Su caso puso de manifiesto que el modo en que se gestionan los rescates no son solo una cuestión práctica, sino un material político explosivo con potencial para apuntalar y desbancar gobiernos. Uno de cada tres ciudadanos votó en las elecciones europeas con la mirada puesta en la inmigración. Y en esas aguas movedizas, Salvini ha buscado exaltar las bajas pasiones. Su dedo pulgar ha marcado la política migratoria de la UE en el Mediterráneo Central. Cuando lo levanta, el barco puede abandonar su travesía sin rumbo para desembarcar en puerto italiano. Cuando apunta al suelo, en cambio, Europa sigue sin tener un plan para el momento que sigue al tirón de la camiseta.