¿Por qué no se pueden ilegalizar los partidos independentistas como quiere Vox?

La moción del partido ultraderechista Vox en la Asamblea de Madrid en la que se insta al Gobierno central a la “ilegalización inmediata” de “los partidos separatistas” -de forma genérica- que “atenten” contra “la unidad de la Nación”, y que fue aprobada este jueves gracias a los votos del PP y Ciudadanos, choca frontalmente con la Constitución, que propugna el pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico (artículo 1). También entra en conflicto abierto con la Ley Orgánica de Partidos Políticos, de 2002, que reserva al poder judicial la potestad para disolver partidos, y esto solo en casos de conductas que vulneren de forma “reiterada y grave” los principios democráticos, como emplear el terrorismo y la violencia para lograr objetivos políticos.

La sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2003 sobre el recurso del Gobierno vasco contra los aspectos más polémicos de la Ley de Partidos, y de la que fue ponente el fallecido Manuel Jiménez de Parga, sirve para enfocar esta polémica. El alto tribunal, que dio luz verde a la norma por unanimidad, recuerda que los partidos políticos son “expresión principalísima” del pluralismo político, base del Estado democrático. La apertura del ordenamiento “a cuantas opciones políticas quieran o puedan nacer y articularse en la realidad social” es “un valor que solo cabe proteger y propiciar”, señala la sentencia.

Aquel fallo de 2003 recoge la jurisprudencia anterior, que configura a la española como una democracia no militante —es decir, que en ella caben todas las ideas, incluso las contrarias a la Constitución—. “Cualquier proyecto es compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos y los derechos fundamentales”, recordaba el alto tribunal.

La Ley Orgánica de Partidos Políticos, que desarrolla el artículo 6 de la Constitución, fue concebida y sirvió para que el Tribunal Supremo ilegalizara, el mismo marzo de 2003, a Batasuna por su subordinación a la banda terrorista ETA. Sin embargo, su redactado, por su generalidad y abstracción “puede proyectarse sobre cualquier partido, cualesquiera que fueran sus fines, aspiraciones e ideologías”, según el Constitucional. La norma que permite disolver —siempre judicialmente— formaciones políticas “no atiende a fines, sino a la actividad antidemocrática desplegada para alcanzar los que libremente se haya marcado un partido, pero al margen de los procedimientos legalmente instaurados”.

Para poder disolver un partido político —o impedir su inscripción en el registro del Ministerio del Interior— la ley exige que se produzca una “conducta” por la que de forma “reiterada y grave” un partido se apoye en la violencia o el terrorismo para conseguir sus objetivos, de modo que ponga en peligro la subsistencia del orden pluralista que consagra la Constitución. La facultad para instar la disolución depende del Gobierno o de la Fiscalía, que deben probar de manera suficiente en un proceso judicial que el partido, de manera sistemática, repetida o acumulada, se apoya, fomenta o ampara la violencia para sus fines.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avaló la disolución del partido de la izquierda abertzale, tiene establecido desde el año 2000 que “cuando el pluralismo de las ideas y los partidos, que es inherente a la democracia, está en peligro, el Estado puede impedir la realización o continuación del proyecto político que ha generado ese peligro”.

La iniciativa de Vox en la Asamblea de Madrid, abrazada por PP y Ciudadanos, para la “ilegalización inmediata” de partidos independentistas es una fórmula absolutamente abierta. En ella caben desde partidos secesionistas catalanes, que han fomentado vías ilegales y han coqueteado con la violencia para separar Cataluña del resto de España, al PNV, formación contra la que han apuntado los ultraderechistas en sus invectivas pese a que ha actuado siempre dentro de la legalidad.