El difícil destino de las excentricidades del narco

Vestidores cuajados de cristales de Swarovski, caballos de pura raza, todoterrenos, bolsos de lujo, veleros e, incluso, gallos de pelea. Las excentricidades en las que el narco invierte -y blanquea- los pingües beneficios de sus negocios ilícitos son tan variadas como opulentas. Pese a que, desde 2015, existe una oficina estatal destinada a ello, no siempre es fácil que un juzgado encuentre destino útil a todos esos bienes que se incautan a los traficantes, antes de que acaben depreciándose.

En el Estrecho de Gibraltar, la mayor autopista del hachís de España, policías, jueces y fiscales intentan lidiar como pueden con otro de los daños colaterales que el narcotraficante provoca en sus zonas de influencia. A principios de este mes, la Guardia de Civil de Cádiz anunció su intención de entregar -previa autorización judicial- seis aires acondicionados empleados en plantaciones de marihuana a institutos de Conil de la Frontera. Resolvieron el trámite de forma exprés para evitar que los aparatos acabasen arrumbados y averiados en un depósito, según aseguraron desde la Comandancia.

Pero lo habitual es que los bienes que los juzgados decomisan a los narcotraficantes no tengan un destino tan claro, sencillo y, aparentemente, inmediato. “¿Qué hace un juez, por ejemplo, con unos gallos de pelea o unos caballos? No siempre es fácil”, reconoce la fiscal antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, responsable de los grandes golpes a las mafias del hachís desde que se reforzó la presencia policial en el Estrecho. Hace ya cuatro años que el Ministerio de Justicia puso en marcha la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), precisamente, con el fin de auxiliar a los jueces en la gestión de los bienes incautados por delitos de tráfico de drogas, blanqueo, trata de seres humanos, corrupción, estafas o terrorismo.

“Su fin es doble. Pueden localizar y recuperar directamente bienes gracias a que tienen policía judicial o gestionar qué hacer con ellos para que no pierdan valor”, explica Villagómez. Solo en 2018, la ORGA ha investigado a 470 personas y ha localizado 1.472 bienes, la mayoría inmuebles (409), cuentas corrientes (339) o vehículos (289). Además, en sus cuentas, se atesoran 22,5 millones de euros de procedimientos judiciales que aún no han terminado, según explican fuentes del Ministerio de Justicia.

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La encrucijada de dar destino a las propiedades de los narcos arranca días después de la caída de sus organizaciones. “Todo lo que es de ilícito comercio se destruye”, señala Villagómez. Es justo lo que se hace con la droga, con las narcolanchas -ya ilegalizadas- o incluso con los motores fuaraborda de éstas, después de que las autoridades judiciales detectasen que, en ocasiones, los aparatos volvían a las manos de los narcos. Los inmuebles y las cuentas suelen quedar inmovilizados a la espera de los juicios.

El problema se centra en aquellas propiedades que hay que almacenar y que, con el paso del tiempo, pierden valor. “Es a los jueces a los que les corresponde determinar el destino de estos bienes. Puede decidirlo él o recurrir a la ORGA”, detalla la fiscal. Sobre ellos se ejecuta una realización anticipada recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite la subasta, enajenación o decomisos “siempre que quede demostrado que proceden de un delito”, como recuerda la fiscal antidroga.

Hay objetos, como ordenadores, aparatos tecnológicos, coches o embarcaciones que acaban provisionalmente en manos de los agentes, con el fin de darle uso en sus investigaciones. Otros van a subastas, como es el caso de una colección de estilográficas o cuatro yeguas purasangres que la ORGA anuncia en estos días en su web. Gracias a esta fórmula, la institución ya ha conseguido recuperar 3,13 millones desde su fundación. Una vez que los juicios confirman que las propiedades fueron usadas para ese fin, parte del dinero se destina a programas de asistencia a víctimas de delitos, como las acciones antidroga.

Ahora que el cerco policial estrangula al narco andaluz, en el marco del plan especial de seguridad que el Gobierno aplica desde mediados de 2018, los decomisos en la provincia de Cádiz se han disparado. De ahí que la ORGA abriese en marzo una oficina en Algeciras. Pese a ello, las ‘narcolanchas’ llegan a apilarse en los puertos y los vehículos hacen lo propio a las afueras de las comisarías y comandancias o en depósitos. “Los jueces no dan abasto”, sentencia Villagómez.

A eso se suma a que, en ocasiones, los titulares de los juzgados o los fiscales no conozcan con detalle que tienen posibilidad de recurrir a esta oficina de recuperación de activos. “Estamos dando charlas y cursos de formación para que conozcan que tienen esa opción ya que la ORGA tiene muchos convenios de colaboración con diferentes entidades para poder dar destino a los bienes. A fin de cuentas, un juez no tiene porqué saber qué hacer con un gallo de pelea”, remacha Villagómez.