Porros a un euro: la oferta para vender hachís a menores en Málaga

Ya liados y a un precio irrechazable. Un grupo de cinco personas malagueñas se las ha ingeniado para atraer clientela a su negocio de venta de hachís y marihuana con una oferta llamativa: porros a un euro. Los vendían desde una casa de la barriada de La Corta —al norte de la ciudad de Málaga— y también en sus alrededores. La propuesta atraía principalmente a adolescentes y estudiantes. Era el principal colectivo que adquiría esas “pequeñas cantidades de chocolate”, según ha explicado la Policía Nacional. Los agentes han detenido ya a cuatro hombres y una mujer por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, es decir, conectarse ilegalmente a la red.

La investigación arrancó a raíz de una información confidencial. El mensaje indicaba que había dos viviendas en el barrio de La Corta donde “se trapicheaba con cocaína y hachís en presencia de menores”, según fuentes policiales. La vigilancia posterior permitió corroborar el “alto trasiego” de personas que acudían a una casa, que disponía de fuertes medidas de seguridad. Había rejas y barrotes en sus ventanas, desde las que también distribuían sus “porros a un euro”, que también eran vendidos en las inmediaciones de la vivienda. Sus consumidores habituales eran estudiantes y adolescentes menores de edad. Durante la observación, los agentes descubrieron que el grupo disponía de una casa, esta vez destinada al secado de marihuana y en la que residía “un menor de corta edad”.

Los policías desarrollaron entonces un operativo que ha culminado con la detención de cinco personas de nacionalidad española, tres de las cuales han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial. En los registros se han intervenido 12 tabletas de hachís con un total de 690 gramos, una treintena de porros preparados para ser vendidos, seis papelinas de cocaína, una balanza de precisión, una libreta con el registro de los compradores y 2.330 euros en efectivo. A los arrestados se les imputan delitos contra la salud pública, resistencia y atentado a la autoridad, así como defraudación de fluido eléctrico ya que las dos viviendas estaban enganchadas de manera irregular a la red pública.