El pacto incluye un compromiso para limitar el precio de los alquileres

El acuerdo para un Gobierno progresista, el documento que han elaborado PSOE y Unidas Podemos, se compromete a regular el precio de los alquileres, a fomentar las viviendas sociales y recoge un plan estatal para la rehabilitación. El acuerdo también contiene un paquete de medidas fiscales para subir los impuestos a las rentas más altas y a las multinacionales.

PSOE y Unidas Podemos remarcan, en el documento de 51 páginas, su compromiso con las reglas fiscales de Bruselas. "Desarrollaremos una política fiscal responsable, que garantice la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit y de la deuda pública", subraya. Con este párrafo ambos partidos han querido lanzar un mensaje de estabilidad a las autoridades comunitarias y a los inversores que pudieran ver con recelo un pacto entre las dos fuerzas de izquierda. 

Compromiso con las reglas fiscales europeas

Para cumplir, el próximo Ejecutivo tendrá que aprobar nuevas medidas de ajuste por importe aproximado de 9.000 millones. Tanto PSOE como Unidas Podemos huyen de los recortes de gasto público y las políticas de austeridad que dispararon la desigualdad durante la crisis. Así que el camino que marcan es el de las subidas de impuestos. "Reforzaremos la progresividad del sistema impositivo y la suficiencia de los ingresos públicos, reduciendo las diferencias con la media europea", sostienen.

Para obtener más recursos con los que sufragar las nuevas medidas de gasto y embridar los números rojos, las fuerzas progresistas proponen subidas de impuestos a las rentas más altas, las multinacionales y la creación de nuevas figuras tributarias para que las tecnológicas y las instituciones financieras paguen más. También prometen un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal, una medida comodín que figura en todos los programas electorales, aunque luego es difícil cuantificar sus resultados.

IRPF: subida para el 0,4% de los contribuyentes

En el paquete fiscal destaca la subida del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros. La medida es un poco más dura de lo previsto en el acuerdo de Presupuestos suscrito por ambos partidos hace un año. Los socialistas llevan tiempo dándole vueltas a esta iniciativa. Se plantearon, incluso, descartar este aumento de impuestos, pero tras el nuevo pacto con Podemos incluso se rebaja el límite a partir del cual aplicarán el alza fiscal: de 140.000 euros a 130.000 euros.

"Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros", sostiene el documento.

La medida solo afectará a cerca del 0,4% de los declarantes, según fuentes conocedoras del pacto de Gobierno, que cifran en unos 80.000 contribuyentes los afectados. No obstante, según la Memoria de la Administración Tributaria, solo 143.797 contribuyentes de los 19.621.728 que presentaron la declaración en 2017 confesaron rentas superiores a 120.000 euros.

Impuesto de sociedades: subida para el 0,7% de las empresas

Ambos partidos de izquierda también se comprometen a subir los impuestos a las grandes empresas. El objetivo es que las multinacionales paguen como mínimo un 15%. "Se reformará garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos", sostiene el documento. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró hace unos meses en este periódico que la medida, que ya estaba incluida en los Presupuestos de 2019 que no salieron adelante, solo afectaría a unas 10.000 empresas, el 0,7% del total. "Solo tributan en sociedades un tercio de las empresas de este país. De estas, a una de cada cuatro se le van a bajar los impuestos. Y solo un 0,7%, que son unas 10.000 grandes corporaciones, son las que se verán afectadas por las medidas. Es decir, el 99,3% de las empresas que tributan en sociedades no verán afectada su capacidad contributiva o la verán disminuida", señaló.

El documento también explica que se "limitarán las exenciones de dividendos y de plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la directiva matriz-filial". Para las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) se recupera el consenso que alcanzaron hace ya un año ambas formaciones en el pacto presupuestario y se acuerda imponer un gravamen del 15% sobre los dividendos no distribuidos. Estas compañías que se dedican al alquiler de inmuebles (mayoritariamente oficinas y comercios, pero también viviendas) no pagan impuestos actualmente a cambio de repartir anualmente al menos el 80% de su beneficio (por el que sí pagan impuestos sus perceptores de manera individual).

Además, se reducirá el impuesto de sociedades para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Las empresas que facturen menos de un millón de euros pasarán a tributar un 23% en lugar del 25% actual. 

‘Tasa Google’ e impuesto a las transacciones financieras

Hay otras viejas propuestas en materia fiscal que vuelven a aparecer en el pacto entre las dos formaciones. Una de ellas es el impuesto sobre determinados servicios digitales, mejor conocido como tasa Google. Este gravamen, que afectará a las grandes plataformas tecnológicas, será aprobado “en línea con las recomendaciones de la Unión Europea”, reza el texto.

Bruselas ya intentó, sin éxito, implantar un recargo que atajara los resquicios que las grandes empresas digitales emplean para reducir su factura fiscal, pero chocó con la negativa de Irlanda y los nórdicos. Ahora la pelota está en mano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que hace dos años y medio aceptó el encargo del G20 de reformar las reglas fiscales internacionales. Hay sin embargo países como Francia que han adelantado por la derecha y ya tienen una ley aprobada. Un camino que también España intentó emprender a través de los Presupuestos de 2019 que no logró sacar adelante. El PSOE proponía imponer un gravamen del 3% sobre los ingresos generados por los servicios de publicidad en Internet para empresas con facturación superior a los 750 millones de euros e ingresos en España de al menos tres millones. El Ejecutivo de Sánchez estimaba recaudar unos 1.200 millones con la medida, una cifra considerada demasiado optimista por distintas casas de análisis. 

Otro caballo de batalla que vuelve a aparecer es la tasa a las transacciones financieras. El Ejecutivo de Sánchez ya había propuesto que este recargo se fijara en el 0,2% y se aplicara a la compra de acciones de empresas españolas cotizadas con capitalización por encima de los 1.000 millones de euros. En este caso, la previsión de recaudación se situaba en los 850 millones. 

Lucha al fraude

Pero es la lucha contra el fraude fiscal la disposición que encabeza el capítulo del acuerdo dedicado a la Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. Los dos aliados de Gobierno se proponen diseñar una estrategia nacional y poner en marcha una ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude. Entre las disposiciones mencionadas se encuentran varias de las reivindicaciones constantes del cuerpo de los inspectores de Hacienda: reforzar los medios para luchar contra el fraude, actualizar la lista de paraísos fiscales, potenciar la prevención a través de la lista de morosos de la Agencia Tributaria y, por último, prohibir las amnistías fiscales como la aprobada en 2012 por el ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, después anulada por el Constitucional. 

Veterinarios, higiene íntima femenina y comida basura 

El acuerdo propone revisar la fiscalidad de los servicios veterinarios, sobre los cuales pesa un IVA del 21%. El mismo recargo se aplica a los productos de higiene femenina, que ahora PSOE y Podemos quieren modificar. “Vamos a abordar la desactivación de lo que se denomina tasa rosa, es decir, el incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una versión femenina”, menciona el texto, que fija “abordar la fiscalidad con perspectiva de género”. 

El texto también recoge revisar la tasación de “los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares”. Cataluña puso en marcha en 2017 un impuesto a las bebidas azucaradas envasadas, que le permitió recaudar más de 40 millones de euros en 2018, antes de ser anulado el pasado julio por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

Limitar el precio del alquiler

El texto se compromete a “impulsar las medidas necesarias” para poner límites a los alquileres, un asunto que ya originó debate entre Podemos y el PSOE en la negociación del último decreto sobre vivienda. El acuerdo propone usar el índice de precios oficial que está elaborando ya el Ministerio de Fomento y habilitar a comunidades autónomas y Ayuntamientos a usar esa estadística para elaborar la suya propia. Los Ayuntamientos “podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente” zonas tensionadas. Esto implicaría que los alquileres en esas áreas no pudieran subir más de lo que establezca la normativa.

En el pacto presupuestario que alcanzaron el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos hace algo más de un año ya se aludía a la elaboración de una estadística oficial para poner tope a los alquileres de ciertas zonas. El decreto aprobado el pasado marzo se quedó a medio camino al implementar la elaboración de la estadística, pero sin cambiar el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el que establece que las rentas de los alquileres las pactan libremente las partes. Podemos exigió modificarlo, algo que aparentemente deberá hacerse ahora para permitir los límites de precios, una vía que ya se ha experimentado en algunos territorios y ciudades de Europa y de EE UU.

El texto del pacto apunta que la crisis y “una mala planificación política” están detrás de los problemas de muchos ciudadanos para acceder a la vivienda. Para solventarlo propone, en primer lugar, ampliar el presupuesto dedicado a políticas de vivienda. También apuesta por poner en marcha un plan estatal para la rehabilitación de viviendas, que dará ayudas a pequeños propietarios para renovar sus pisos y ponerlos en alquiler asequible. Ese plan contemplará obras para mejorar la eficiencia energética de las viviendas y el documento especifica, además, que las empresas “también se beneficiarán” mediante programas de apoyo financiero para que adopten tecnologías más eficientes.

Más parque público

PSOE y Podemos se han propuesto también definir los conceptos de vivienda vacía y gran tenedor de vivienda, algo que algunas comunidades ya incluyen en su normativa. A estas y a los municipios se les proporcionarán “distintas herramientas para su detección y diagnóstico”. La finalidad es aplicar “las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo” para que esos pisos y casas vuelvan al mercado. La vivienda de protección pública se orientará exclusivamente al alquiler “evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre”. Para aumentar el parque de vivienda pública y de alquiler social se favorecerán los convenios de Sareb (el denominado banco malo, que absorbió gran parte del ladrillo tóxico de la banca) y se estimularan el alquiler y la construcción de nuevos pisos de “promotores públicos y privados”.

El documento también recoge el “realojo inmediato” de inquilinos que son expulsados de sus casas porque están en situación vulnerable y no pueden pagar la renta. En el caso de las personas desahuciadas por impago de la hipoteca, se favorecerá que encuentren un alquiler social. Para estos casos “se estudiarán obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda” y se establecerán “nuevas medidas de carácter normativo que refuercen la protección de las personas hipotecadas”.

Asimismo, “se potenciará el observatorio de la vivienda” para “investigar y analizar la situación de la vivienda en España”, se aprobará “una estrategia que aborde la problemática del sinhogarismo” y se “impulsarán reformas normativas” para facilitar que las comunidades de vecinos puedan prohibir los alquileres turísticos, algo que actualmente puede hacerse con el acuerdo de tres quintas partes de los propietarios.