La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza a los dos CDR que quedaban en la cárcel

La Audiencia Nacional ha decretado este viernes libertad bajo fianza para los dos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo que permanecían todavía encarcelados de forma preventiva, Jordi Ros y Germinal Tomàs. Según han informado fuentes de la defensa, el juez instructor Manuel García-Castellón le ha impuesto al primero un depósito de 30.000 euros, y de 15.000 euros al segundo. "Pero exigimos el archivo de la causa contra los nueve imputados", ha añadido el colectivo de abogados que los representa, Alerta Solidària, que ha difundido una cuenta bancaria para recaudar dinero para dejar como garantía.

Ros y Tomàs, de 45 y 39 años cuando fueron arrestados, formaban parte del presunto "núcleo productor" de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), el sector más combativo de los CDR, según los investigadores. De hecho, la instrucción otorga a ambos un papel destacado en la trama. A Ros, por ejemplo, se le atribuye la compra de sustancias químicas consideradas precursoras de explosivos y material para su tratamiento; se le encontraron apuntes donde se leía "esquema bomba"; y montó en su domicilio uno de los "laboratorios" para hacer pruebas. Tomàs, por su parte, participaba en la manipulación de las sustancias químicas.

Esta decisión del juez García-Castellón, que ha impulsado la investigación, se adopta después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal cuestionase que los investigados integrasen un grupo terrorista. Aunque el tribunal vio "indicios suficientes" sobre los hechos investigados, se declaró incapaz de "emitir un juicio definitivo suficientemente fundado sobre la naturaleza o no terrorista de los hechos" —sobre todo, al considerar que no existe una "previa organización" que haya sido declarada como tal "judicialmente"—. Una valoración a la que responde ahora el magistrado instructor: "La ausencia de una previa organización terrorista así declarada judicialmente no impide que los hechos llevados a cabo por los miembros de la organización puedan tener la consideración de terrorismo".

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"La naturaleza terrorista de la organización de la que tratamos resulta acorde con las últimas tendencias legislativas y jurisprudenciales que han abordado el tema de la irrupción y proliferación de grupos terroristas inmersos, como ocurre recientemente en el islamismo violento, donde priman las estructuras horizontales en detrimento de las verticales", prosigue García-Castellón en los dos autos donde declara la libertad bajo fianza de Ros y Tomàs, a la que se opuso la Fiscalía.

El juez dedica buena parte de sus dos escritos, fechados este mismo 10 de enero, a justificar el encuadre de su investigación en la concepción de terrorismo delimitada por la actual legislación y jurisprudencia. E incide en que la instrucción "ha puesto de manifiesto que los CDR son una organización con reparto de funciones claramente definidas, que mantienen una estructura estable y permanente en el tiempo, cuyos individuos estarían coordinados entre sí con el fin de cometer delitos, postulándose así como una auténtica organización criminal". Además, dentro de los CDR se encontrarían grupúsculos "radicales", "dispuestos a llevar a cabo las acciones más graves, las cuales tendrían una gran repercusión en los medios de comunicación". "Consiguiendo con ello dar mayor visibilidad al conflicto separatista, con el objetivo final de conseguir la materialización de la separación de Cataluña del resto de España".

En este sentido, García-Castellón recuerda que los detenidos adquirieron sustancias que "podían ser empleadas como precursores de explosivos" — como la termita— y "ya habían comenzado su fabricación". "Paralelamente, se recuperaron varias anotaciones manuscritas con instrucciones para la confección de otros explosivos, como cloratita y Goma-2", apostilla el juez, que explica que estas sustancias "tenían como finalidad ser utilizadas en alguna de las acciones colaterales de su plan", que pasaba por la ocupación del Parlament durante una semana. "Constan indicios de [que pretendían] colocar artefactos en instalaciones ferroviarias, red eléctrica y cuarteles de la Guardia Civil", añade.

Pese a ello, el magistrado acepta dejar a ambos en libertad bajo fianza al considerar que su arraigo personal reduce el riesgo de fuga. Eso sí, adopta más medidas cautelares, como retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer semanalmente ante el juzgado. De esta forma, cuando Ros y Tomàs depositen el dinero, habrán quedado ya en libertad los siete CDR que fueron encarcelados provisionalmente en septiembre de 2019 al activarse la Operación Judas.