El BOE publica el cese de María José Segarra como fiscal general

El Boletín Oficial de Estado (BOE) publica este miércoles el cese de María José Segarra como fiscal general del Estado después de que el primer Consejo de Ministros del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos aprobase este martes el nombramiento de Dolores Delgado para ese cargo. El Gobierno de Pedro Sánchez nombró fiscal general a Segarra, de 56 años, en junio de 2018, poco después de superar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En el año y medio que ha estado al frente de la Fiscalía General del Estado, Segarra ha tenido que tomar posiciones importantes en el juicio del procés. El ministerio público acusó a los líderes independentistas de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado rebajó la acusación a sedición. Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 15 de octubre dio la razón a la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, cuando condenó a los políticos secesionistas apenas de nueve a 13 años por delitos de sedición y malversación.

Segarra nació en Madrid en 1963 e ingresó en la carrera fiscal el 14 de septiembre de 1987 y tuvo su primer destino en Barcelona. Desde 2004 y hasta que fue nombrada fiscal general fue fiscal jefe de Sevilla. De ideas progresistas, al igual de Dolores Delgado, pertenece a la Unión Progresista de Fiscales. Segarra ha mantenido siempre un perfil bajo, poco dada a salir en los medios de comunicación.

El Gobierno dio a conocer este lunes que Delgado, hasta entonces ministra de Justicia, sería la sustituta de Segarra al frente de la Fiscalía. El Consejo General del Poder Judicial examinará en su pleno de este jueves la idoneidad de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. El Consejo cumplirá así con la previsión constitucional de dar su parecer —no vinculante— sobre el candidato propuesto.

El nombramiento de Delgado provocó inmediatamente las críticas de la oposición y de varios fiscales. Solo hay un antecedente de un ministro que pasa directamente a la Fiscalía General, el de Javier Moscoso en 1986, bajo el Gobierno de Felipe González. Delgado llegó al Gobierno como independiente —jueces y fiscales tienen vetado por ley afiliarse a partidos—, pero en los últimos meses ha consolidado su faceta política con duros enfrentamientos con la oposición y ha hecho campaña a favor del PSOE, además de ser elegida en las listas socialistas para el Congreso. El PP ha recurrido su designación por incumplir, en su opinión, el artículo 59 del estatuto fiscal, que establece que no podrán ser miembros del Ministerio Fiscal quienes pertenezcan a partidos políticos o sindicatos y que tampoco podrán tomar parte en las elecciones legislativas, autonómicas o locales más que para emitir su voto personal.