Batalla ‘suprema’ de magistrados por una plaza en el juzgado del ‘caso Villarejo’

Acostumbrados a decidir, a los magistrados Alejandro Abascal y Rosa María Freire les tocará esta vez acatar. El Tribunal Supremo ya tiene entre sus manos la intensa batalla que ambos mantienen por ocupar una plaza de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga causas tan mediáticas como los casos Púnica y Lezo, que cerca la corrupción del PP; y la Operación Tándem, sobre la macrotrama política, policial y empresarial que gira en torno al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), controlado por los conservadores, decidiera en febrero del pasado año que ocupara el puesto el primero de ellos, miembro de la también conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la segunda se embarcó en una guerra que ya ha dejado un buen intercambio de reproches entre sus protagonistas.

En sus escritos, Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid e impulsora de la causa sobre la destrucción de los discos duros del extesorero Luis Bárcenas —donde el PP arremetió contra ella y llegó a pedir su recusación—, acusa al Poder Judicial de elegir a su oponente tras obviar todos los méritos que le eran “objetivamente favorables” y tras crear “un mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma”. Una denuncia que elevó más de tono el colectivo al que pertenece, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que considera que el CGPJ adoptó un criterio “arbitrario” en el seno de un Consejo que “se parece a un grupo de amigos de un club de golf”.

Unas palabras que ya han encontrado respuesta de Abascal, juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este envió el pasado 7 de enero un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde defiende la decisión del Poder Judicial y reprocha a Freire que, según ella, “cualquier decisión que no pase por designarla se convierte en discriminatoria”. “[Las afirmaciones de Freire] se agotan en su muy personal juicio de valor sobre la superioridad de la candidata frente a cualquier consideración que se le pueda oponer”, apostilla el documento, donde también acusa a la magistrada de “atribuirse” continuamente una posición de “preferencia” frente a él.

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En su decisión del pasado año, el CGPJ valoró para designar a Abascal que en 2016 ya había ocupado seis meses ese mismo puesto. Un criterio que rechaza Freire, que entonces no optó a la plaza y que recuerda que ella ostenta en la carrera el número 1.271 del escalafón, frente al 4.212 de su adversario. A lo que Abascal responde que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, al poner en marcha el concurso, consideró que “debía prevalecer la experiencia en el propio órgano”.

“En resumen, lo que [Freire] hace no es contrastar sus méritos con la definición de las concretas necesidades del órgano para concluir que sus méritos son mayores, sino usurpar las funciones del órgano de gobierno y establecer un cuadro de méritos que construye esas necesidades a la medida de la conveniencia de su currículo personal”, remacha el juez en su escrito del 7 de enero, donde también acusa a su oponente de insinuar que se le ha discriminado por razón de género: “Aunque parece que, en realidad, lo que plantea es una queja por el hecho de que la resolución impugnada no hubiese incluido un factor de discriminación de género a su favor”.

Otros recursos

Más allá de la disputa particular entre estos dos magistrados, su pelea ahonda en la crisis de reputación que sufre el CGPJ. Pese a que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, este órgano ha seguido haciendo nombramientos discrecionales —entre ellos, el de Abascal—, que dos asociaciones judiciales han decidido recurrir al Supremo: “Los cargos se están repartiendo por afinidades y no por lo único que debería contar en estos casos, que es adjudicarlos de forma objetiva e imparcial a quienes más se lo merezcan y mejor los puedan ejercer”, denunció entonces la AJFV. El Supremo ya anuló el nombramiento de Eloy Velasco y Enrique López como magistrados de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional tras las alegaciones de otros jueces.

En este contexto, tras la celebración de las últimas elecciones del pasado 10 de noviembre y la negativa del PP a sentarse con el PSOE a negociar la renovación de un CGPJ de mayoría conservadora, el presidente del órgano Carlos Lesmes anunció el mes pasado que no hará más nombramientos hasta que no se renueve.