El Parlamento europeo aprueba crear un sistema de control sobre 30.000 sustancias químicas

El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado hoy el nuevo reglamento comunitario sobre el registro, la evaluación y la autorización de productos químicos. Este sistema de control, que obligará a registrar unas 30.000 sustancias de uso común, flexibiliza las condiciones para comercializar sustancias químicas que se establecían en la propuesta original de la Comisión. Así, los eurodiputados han atendido gran parte de las demandas de la industria, que criticaba los altos costes que le hubiera conllevado la aplicación del proyecto original, salvo en los casos de las sustancias más nocivas, a las que han impuesto un plazo de cinco años para buscar alternativas. Ecologistas y defensores de los consumidores ya se han declarado "profundamente decepcionados".

La propuesta para el sistema de control de los productos químicos (REACH en inglés), que mantiene en vilo a sectores como la cosmética, los plásticos o la automoción, busca prevenir los efectos perniciosos de muchas de estas sustancias en la salud y el medio ambiente mediante el registro obligatorio de 30.000 sustancias presentes en la vida cotidiana y cuyo impacto en la salud se desconoce porque nunca han sido analizados. La normativa introduce un principio revolucionario según el cual será la propia industria productora, y no la administración pública, la que deba demostrar la seguridad de sus sustancias y detectar sus posibles riesgos antes de comercializarlas.

Al mismo tiempo que aumenta la protección de la salud, pretende salvaguardar la competitividad y la innovación de la industria química de la UE, sector del que dependen 1.700.000 puestos de trabajo directos y otros tres millones indirectos. Tras casi dos años de tramitación bajo las presiones sin precedentes de lobbys industriales, de ecologistas y de consumidores, el pleno de la Eurocámara ha aprobado la directiva con una holgada mayoría de 407 votos a favor, 155 en contra y 41 abstenciones. Cumpliendo un pacto de populares, socialistas y liberales, el pleno ha enmendado el texto para aliviar los requisitos de registro ante la futura autoridad europea de las sustancias con menor volumen de producción o importación -habituales en pequeñas y medianas empresas- y menor riesgo potencial.

Entrará en vigor en 2007

Así, serán de registro obligatorio todas las sustancias producidas o importadas que se elaboren en más de una tonelada al año, salvo para las exentas por considerarse no peligrosas. También se ha reducido la cantidad de información que los fabricantes, y en su caso las sociedades de importación, deberán proporcionar al regulador, al tiempo que ha aumentado las exigencias de confidencialidad, algo que beneficia a las grandes compañías, reacias a compartir datos sobre sus novedades, pero que preocupa a las pymes. En cambio, el PE ha respaldado demandas más exigentes, pactadas por socialistas y verdes, para las sustancias de toxicidad probada, que sólo obtendrán autorización si no existen alternativas menos nocivas y por un periodo máximo de cinco años, durante los cuáles se deberá buscar un sustitutivo.

"Se ha llegado a un equilibrio entre la protección del consumidor y el medio ambiente y los intereses de la industria", ha asegurado el ponente parlamentario, el socialista italiano Guido Sacconi. El grupo del Partido Popular, mayoritario, ha manifestado su desacuerdo con el límite temporal para las sustancias más peligrosas, pero ha apoyado el compromiso confiando en que el Consejo corrija ese punto. En ese sentido, será clave la posición de la Comisión Europea que, de respaldar la enmienda, obligará a los Estados miembros a pronunciarse unánimemente en contra para retirarla. Por otro lado, otra enmienda excluye del reglamento a sustancias empleadas sobre todo por las industrias españolas del cemento, el acero y materiales de construcción, al considerar que ya se dispone de "suficiente información" sobre sus riesgos.

Es el caso del sector de las fritas-cerámicas -materiales empleados en la producción de azulejos y cerámicas- que cuenta con 21 empresas en Castellón (del total de 42 en la UE) y que da trabaja a unas 5.000 personas en toda la Unión. La propuesta legal pasa ahora a manos del Consejo de ministros de la UE, donde la presidencia británica aspira a conseguir un acuerdo político antes de fin de año. Si los Estados miembros no aceptan las enmiendas de la Eurocámara, será necesaria una segunda lectura del proyecto, lo que retrasará su adopción definitiva hasta bien entrado 2006. El ponente Sacconi ha pronosticado que el nuevo sistema entrará en vigor ya en 2007 y que, dado que su aplicación será progresiva en función de la peligrosidad de cada sustancia, no será totalmente operativo hasta 2018.