Odyssey intenta frenar en los tribunales la entrega a España del tesoro de 'La Mercedes'

La empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, puntera en la búsqueda de yacimientos arqueológicos submarinos, ha presentado este miércoles por escrito en un tribunal de Tampa (Florida) sus objeciones a la recomendación de un juez para que entregue a España el tesoro de 500.000 monedas de oro y plata recuperado de un lugar indeterminado del oceano Atlántico en mayo de 2007.

En el escrito, la empresa de exploración submarina impugna el informe y las recomendaciones del juez encargado del caso, Mark Pizzo, que dio la razón a España en su reclamación del tesoro. La vicepresidenta y abogada de Odyssey, Melinda MacConnel, ha expresado su confianza en que "los hechos y la aplicación de la ley serán favorables a nosotros".

Odyssey, con sede en Tampa, esgrime varios argumentos para cimentar su postura contraria a la entrega del tesoro. En primer lugar, según la compañía, "no existen restos congruentes de un barco en el lugar" donde tuvo lugar el rescate del tesoro. Además, La Mercedes viajaba en una misión comercial en el momento de hundirse y la tripulación esta compuesta en su mayoría por mercaderes que depositaron su fortuna en el barco cuando éste salió de Lima (Perú) rumbo a Cádiz.

"Hay una prueba convincente y clara de la naturaleza comercial" del buque Nuestra Señora de las Mercedes en el momento de su desaparición en 1804, "lo que legalmente anula el principio de inmunidad soberana", señala Odyssey.

Inmunidad soberana

El pasado 3 de junio Pizzo señaló en su informe que carecía de jurisdición sobre el caso porque el tesoro proviene de un buque de guerra español, sujeto por lo tanto al principio de inmunidad soberana.

El magistrado recomendó entonces que el tesoro de monedas, en disputa desde hace más de dos años, fuese entregado a España. Buena parte de la reclamación de Odyssey se basa en que la mayoría de las monedas del cargamento recuperado "pertenecía a mercaderes e individuos privados que pagaron unos honorarios por su transporte".

Como prueba, consta en la documentación, según la empresa, un total de 173 recibos de mercancía embarcada que prueba que cerca de un 75% de los envíos eran "propiedad comercial privada", por lo que el tesoro no debería ser entregado al Gobierno español.

El buque de guerra zarpó de las costas del entonces Virreinato del Perú y fue hundido el 5 de octubre de 1804 frente a las costas del Algarve por barcos ingleses.

Aunque la recomendación inicial del juez es desfavorable a los intereses de Odyssey, su director general, Greg Stemm, ha expresado su confianza en el "sistema legal" estadounidense en esta fase o en los procedimientos posteriores de una apelación, "si fuese necesario".

Recurso de los descendientes

En paralelo al recurso de Odyssey, cerca de una treintena de descendientes de los mercaderes propietarios del tesoro marino que extrajo Odyssey han presentado también alegaciones contra la recomendación del juez Pizzo. El pasado miércoles, Jaime Durand Palacios y Elisa D. Whitlock, en nombre de un grupo de cinco descendientes, presentaron en el Tribunal del Distrito Medio de Florida una alegación en la que piden que el informe y las recomendaciones del juez sean rechazados.

Hoy, otros dos grupos impugnaron el informe y la recomendación del juez. Los reclamantes sostienen que el informe y la decisión del magistrado "elude lo obvio": que "la propiedad del buque está totalmente separada de la propiedad del cargamento". El buque, señalan los reclamantes, "transportaba bienes privados en el momento de su desaparición", por lo que "España no es la propietaria de las monedas que formaban parte del cargamento que reclaman los descendientes" de los comerciantes propietarios.

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