Una genuina revolución democrática

De un tiempo a esta parte se están prodigando artículos de opinión que ponen en duda, cuando no en solfa, el nuevo sistema de acceso a cátedras en la Universidad española para el profesorado titular. Se diga lo que se diga, este sistema es una genuina revolución democrática en una universidad tan llena de tics feudales como la española y viene a sustituir al modelo que estableció la Ley de Reforma Universitaria de 1983 (LRU) y al efímero modelo de la habilitación planteado en la Ley Orgánica de Universidades de 2001 (LU).

En la LRU una comisión de cinco catedráticos se encargaba de la selección de nuevos miembros de este cuerpo. De ellos, dos eran propuestos por la universidad convocante (en la práctica, el departamento al que se asignaba la plaza) y tres por sorteo entre los catedráticos del resto de las universidades. Los efectos negativos no tardaron en hacerse notar. Lo habitual fue que solo se presentara el candidato "de la casa" y que los candidatos "de fuera" no tuviesen nada que hacer. Esta comisión, en la práctica, era soberana y no tenía que dar cuentas a nadie. Salvo casos flagrantes, de cara violación de la ley -sobre todo de sus aspectos formales-, sus decisiones eran irrevocables. De hecho, se han dado situaciones en las que un candidato con una amplia investigación no gana la plaza ante un rival con mucho menos currículum. Bastaba con obtener tres de los cinco votos de la comisión. Siendo dos de los votos de la universidad convocante, la cosa no era complicada.

El Partido Popular introdujo en la LU el sistema de la habilitación nacional. Para poder concursar a una cátedra en cualquier universidad primero era preciso ser habilitado por una comisión compuesta esta vez por siete catedráticos todos ellos elegidos por sorteo o ser ya catedrático. Sobre el papel parecía un método más justo. En la práctica se vio que el camino del infierno está plagado de buenas intenciones. La habilitación consistía en dos pruebas. En la primera cada candidato presentaba su trayectoria científica y docente y a continuación el tribunal le preguntaba sobre los puntos que considerase oportunos. En la segunda, cuya realización exige que los candidatos hayan aprobado la primera, se presenta un trabajo inédito de investigación seguido de una discusión con el tribunal. Cada una de estas pruebas supone dedicar como mínimo tres horas con cada candidato -sin duda poco tiempo para calibrar una trayectoria académica de toda una vida-. Hubo habilitaciones a las que se presentaron más de treinta candidatos. Basta con multiplicar el número de horas de cada prueba por el de candidatos para hacerse una idea de la tétrica lotería que habían ganado los miembros de la comisión: varias semanas o meses de abandono de sus tareas de investigación, de docencia y de gestión. Por otra parte, en áreas donde no había muchos catedráticos no fue extraña la actuación de las camarillas de siempre y el intercambio de favores.

Finalmente, la LU fue modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que inauguraba el modelo actual de acceso a las cátedras por medio de la acreditación previa otorgada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y, al igual que con la habilitación, un concurso de acceso a la plaza específica que convoque cualquiera de las universidades. La acreditación se consigue si la comisión de expertos del ámbito científico del candidato otorga un mínimo de 80 puntos sobre 100 posibles, de los cuales -siempre como máximo- 55 procederían de las labores de investigación, 35 de la docencia y 10 de la gestión.

El grueso de los 55 puntos de investigación procede de la obtención previa de los sexenios de investigación, cada uno de los cuales vale 15 puntos. Si un candidato tiene cuatro sexenios o más alcanza automáticamente el máximo de los 55 puntos de este epígrafe. De no ser así, podría alcanzar los 55 puntos a partir de la valoración de actividades como la dirección de tesis, de trabajos de investigación de doctorado, publicaciones, asistencia a congresos, conferencias, participación en proyectos de investigación, etc.

En este apartado lo más problemático puede ser la entronización de los sexenios. Estos tramos de investigación son concedidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), la cual valora las cinco publicaciones que cada candidato selecciona de entre las realizadas en un plazo de seis años -que pueden ser discontinuos-. Para evaluarlas se recurre al impacto de las publicaciones, es decir, el prestigio de las revistas científicas o de las editoriales en que se publica medidos a partir de ciertos índices que podrían ser más o menos discutibles y que pueden dar lugar a ciertas picarescas del tipo de que miembros de una comunidad científica se citen entre sí para inflar artificialmente la relevancia de sus escritos. La mayor parte de los candidatos que concurren a la acreditación tienen como mínimo tres sexenios, pese a que hay algún caso de personas con dos. No obstante, siempre o casi siempre (sobre esto no tengo datos precisos), se trata de candidatos que tienen el máximo de sexenios posibles. Algunos de nuestros catedráticos no tienen el cien por cien de los sexenios y algunos, aunque pocos, simplemente no tienen ninguno -hay que decir que no siempre se hace justicia en la denegación y concesión de sexenios-.

Casi la mitad de los 35 puntos de docencia se puede obtener por haber abierto y cerrado la puerta del aula durante un mínimo de diez años. A diferencia de los sexenios, habitualmente los quinquenios de docencia se conceden por el mero paso del tiempo. No obstante, en la acreditación se valoran más cosas: la variedad de asignaturas impartidas, haber sido docente en otras universidades -por ejemplo, en cursos de verano o doctorados-, participar de procesos de innovación didáctica, haber hecho cursos de perfeccionamiento docente, haber dirigido tesis doctorales y trabajos de investigación del segundo curso de doctorado, etc.

Los 10 puntos de experiencia en gestión y administración educativa, científica o tecnológica valoran el desempeño de puestos académicos, la coordinación de títulos universitarios, la pertenencia a comités de revistas científicas, la organización de congresos, etc. En mi opinión son pocos los puntos que se conceden a estas actividades y no estaría mal establecer cuatrienios de gestión si se quiere incentivar la participación del mismo modo que se hace con la investigación.

En definitiva, los niveles de exigencia son ahora más plurales y más rigurosos. De hecho, ya ha surgido alguna empresa que se dedica a ayudar a preparar una documentación que fácilmente implica un mes de trabajo a tiempo completo. No se olvide que haber obtenido tres sexenios de investigación y la posible acreditación suponen un mínimo de veinte años de trabajo continuado y una edad que oscila entre los 45 y algo más de los 50 años (en la universidad española se supone que como en la canción de Dylan se es forever young). La gran ventaja es que, a partir de ahora, quien quiera dedicarse a la universidad ya sabe cuáles son las reglas del juego -por discutibles que puedan ser-. Quien accede a una cátedra -o a una plaza de profesor titular- desde la acreditación no se debe su puesto a nadie en concreto. Hasta ahora teníamos la justicia del cadí, lo que ha dado lugar a que ciertos profesores practiquen la genuflexión vitalicia hacia sus mentores.

No se me escapan claroscuros en este nuevo proceso. A la controversia sobre los sexenios o el regalo de los quinquenios se puede añadir que los concursos de acceso a las universidades muchas veces se blindan al configurarse como vías de promoción para los que ya trabajan en ellas. Lamentablemente, que alguien "de fuera" gane uno de estos concursos supone un sobrecoste para la universidad convocante. Que gane alguien de dentro es simplemente una subida salarial y esto es fundamental en un momento de crisis financiera para la mayor parte de las universidades. Tampoco vivimos en un escenario de universidades que compiten entre sí por los mejores profesores (lo que obligaría, como ocurre en los Estados Unidos, a ofrecer ventajosas condiciones a los candidatos más deseados), ni de titulaciones o facultades que crean proyectos educativos e investigadores específicos (¿qué sentido tiene que existan dos o más titulaciones idénticas en una misma localidad?). Aquí, lo que hay, es un burocrático café para todos del que terminará por sacar tajada la universidad privada especialmente en los másteres.