Un condenado por matar a su mujer y su hijo cobra la pensión de viudedad

Un hombre condenado a 26 años de cárcel por matar a tiros a su mujer y a un hijo de ambos en la vivienda familiar en Laguna de Duero (Valladolid) en 1998 cobra desde entonces la pensión de viudedad por la fallecida, según cuenta hoy el periódico gallego El Faro de Vigo. Se trata del segundo caso de estas características detectado en los últimos días.

Nemesio Antonio Pisonero Domínguez, profesor de instituto como su mujer, María Teresa de Jesús Trapote Gato, ha cobrado durante los últimos 13 años la prestación por viudedad a través del régimen de clases pasivas --el sistema de pensiones de los empleados públicos, y que depende del Ministerio de Hacienda--. Una cantidad que ascendió a más de 800 euros al mes durante el último año, de acuerdo con el citado periódico. Además, desde marzo pasado el condenado --a quien se retiró la condición de funcionario-- suma a esa pensión de viudedad su propia jubilación. En total, recibe de las arcas públicas unos 2.400 euros al mes.

Pisonero Domínguez solicitó la prestación por la muerte de su esposa cuando estaba en prisión provisional. Su sentencia no fue firme hasta 2001, fecha en la que el Tribunal Supremo redujo su pena de los 32 años que había impuesto la Audiencia de Valladolid a 26.

El Ministerio de Hacienda, que ha asegurado que hasta hoy no tenía conocimiento de la situación del exfuncionario, ha manifestado su intención de revocar inmediatamente la pensión que recibe. Un portavoz de esta cartera ha asegurado que han enviado el caso a la Abogacía del Estado para que estudie la viabilidad de hacerlo.

Será este organismo quien decida si se puede aplicar a Pisonero la orden ministerial que reguló en 1967 las pensiones de viudedad --que establecía que esa prestación se extinguiría si el que la recibe es condenado en firme por la muerte del causante de esa pensión..; o si por contra el hombre está bajo el paraguas de la ley integral contra la violencia de género, que incluyó en 2007 un artículo que impide que los asesinos cobren estas pensiones. Las leyes no tienen efecto retroactivo y este profesor asesinó a su esposa en 1998.

Pisonero Domínguez, que en 2007 --cuando había completado nueve años de condena-- comenzó a disfrutar de permisos de salida, goza desde 2009 del tercer grado penitenciario, según señalaron Instituciones Penitenciarias a El Faro de Vigo. Esto le permite salir a diario de la cárcel, a donde regresa para dormir. Además, una vez al mes goza de una semana de total libertad.

El doble homicida sale todos los días a las siete de la mañana del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) y no regresa hasta las nueve de la noche. Tiene permiso para acudir mañana y tarde a clases de informática en una academia. Al parecer come en un piso que ha alquilado y se mueve en una potente moto que llama la atención o en un Passat Coupé negro metalizado.

Los beneficios penitenciarios de los que disfruta el exprofesor de Matemáticas, que perdió su condición de funcionario en 2003 por el doble crimen, fueron concedidos por el juez de Vigilancia Penitenciaria de Pontevedra y Ourense pese a la negativa de la junta de tratamiento de la prisión en la que cumple condena. El juez valoró el hecho de que el condenado había pagado las indemnizaciones fijadas de 28 millones de pesetas para su hijo pequeño y de 7 millones de pesetas para su suegra. Una herencia que recibió durante el proceso le permitió realizar las transacciones entre las partes. También hizo frente al pago de las costas del juicio.

Este caso sale a la luz unos días después de que el Ministerio de Trabajo revocara la pensión de viudedad a un hombre que mató a su mujer en 2005 en Sils (Girona) y que estuvo cobrando esa prestación desde el día siguiente al asesinato. Llorenç Morell, condenado a 18 años de prisión por la Audiencia de Girona en 2007, recibía del Instituto Nacional de la Seguridad Social 592 euros al mes más dos pagas extraordinarias. El hombre ha percibido hasta la fecha más de 40.000 euros de las arcas públicas. Mientras, la familia de la víctima todavía no ha recibido la indemnización de 85.000 euros que fijó el juez que dictó la sentencia condenatoria.