¿A cuántos mató ETA en realidad?

Durante casi medio siglo, el terrorismo de ETA ha sido una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, un problema de primer orden, una sangría de vidas, y un esfuerzo brutal para sostener la lucha antiterrorista (policías, equipos técnicos, resarcimiento de daños...). Y, sin embargo, nadie sabe la cifra exacta ni el nombre de todas las víctimas mortales. El Ministerio del Interior ha difundido el dato de 829 personas, pero no explica cómo ha llegado a esa conclusión. Ni siquiera las asociaciones de víctimas conocen el nombre ni el número exacto de los asesinados. Poner rostro o al menos nombre a todas las víctimas de la banda terrorista es algo que no se ha hecho todavía.

Todavía no se ha puesto rostro, o por lo menos nombre, a la totalidad de las víctimas de la violencia etarra

Todas las listas incluyen a Cardosa Morales, cartero que falleció por una carta bomba enviada a un miembro de HB

A medida que pasaban los años, la banda añadía 'motivos' para ampliar el espectro de sus víctimas potenciales

¿Fue Begoña Urroz, asesinada en 1960, la primera víctima de ETA? ¿O lo fue el guardia civil José Pardines, al que mató el etarra Francisco Javier Etxebarrieta ocho años más tarde? Begoña tenía solo 22 meses cuando una bomba en la estación de Amara (San Sebastián) acabó con su vida; es la primera muerte por terrorismo en democracia, reconocida e indemnizada como tal por la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo que depende del Ministerio de Interior. ¿Pero fue ETA? No, según los datos que cita el ministerio en su página web: afirma que la banda asesinó por primera vez en 1968, el año en que murió Pardines. Pero sí para algunos historiadores y varias asociaciones de víctimas.

Existe un fuerte grado de incertidumbre al certificar que un asesinado lo ha sido por ETA. El criterio de los crímenes reivindicados por la banda no es fiable: su historial criminal está lleno de víctimas que nunca se atribuyó el grupo terrorista. Las familias indemnizadas por el Estado tampoco marcan ese número: no todas solicitaron una indemnización. Menos aún pueden serlo los casos sentenciados: hay 220 asesinatos atribuidos a la banda sin juzgar, porque no se conoce el autor o porque no ha sido detenido, según la Audiencia Nacional.

¿Quiénes son, entonces, las víctimas de ETA? Resulta, cuanto menos, contradictorio no poder dar esta respuesta. Las hemerotecas recogen las informaciones que, en su día, dio la prensa de los atentados. Figuran los nombres y los datos de las víctimas, las circunstancias del crimen, las sospechas de la policía. En algunos casos pueden verse las fotos de los cadáveres entre los hierros retorcidos del coche bomba. Sin embargo, la respuesta de las instituciones es inflexible: insisten en que la lista implicaría la creación de un fichero en el que se establece una relación de datos, lo que atentaría contra la Ley de Protección de Datos y, por ende, una violación del derecho a la intimidad. Ante la aparente incongruencia de la justificación, este periódico preguntó a fuentes de la Agencia de Protección de Datos, que aseguraron que, salvo que uno de los atentados no hubiera sido cubierto en su día por la prensa, no debería haber problemas en hacer pública la lista. Por otro lado, matizan las mismas fuentes, las personas muertas no son titulares del derecho a la protección de datos.

Un problema similar se dio con el atentado que Al Qaeda perpetró en Madrid el 11-M de 2004, que causó 192 muertos. Antes de realizar un acto de homenaje a los fallecidos, la Oficina de Atención a las Víctimas se puso en contacto con las familias para obtener la autorización. En aquella ocasión, cinco familias se negaron. Con los asesinados por ETA no se ha hecho lo mismo: la suma de los nombres con los que cuenta la mencionada oficina, no coincide con la cifra global difundida por el ministerio. Bajo el epígrafe de "ETA y entorno afín", recoge únicamente los datos de los asesinados cuyos familiares solicitaron indemnización. No todos lo hicieron en su momento, ni todas las reclamaciones han sido aceptadas.

En esta relación de nombres se incluyó la semana pasada a la niña Begoña Urroz. El director en funciones de la oficina de víctimas, José Manuel Rodríguez Uribes, puntualiza que la policía "no descarta" la autoría de ETA, que había sido creada un año antes. En cualquier caso, Rodríguez Uribes prefiere orillar la cuestión: "A efectos de indemnización, no obstante, no nos afecta cuál fue el grupo autor".

Con el mismo epígrafe de "ETA y entorno afín" se incluye a Enrique Casas, que era senador del partido socialista de Euskadi. El 23 de febrero de 1984, a tres días de unas elecciones autonómicas vascas, Enrique Casas comía con su familia cuando el timbre comenzó a sonar insistentemente. "¿Quién llama?", preguntó desde el interior. "Obreros de la canalización", contestaron. Le pidieron que sacara el coche del garaje, iban a hacer una zanja en la puerta. Al abrir la puerta le esperaban dos hombres, uno encapuchado, y varios tiros. Intentó ponerse a refugio, pero lo remataron dentro de la vivienda. En el imaginario colectivo, a Casas lo mató ETA, aunque en realidad fue el último asesinado de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, un grupo terrorista de cariz anarquista que se nutrió en parte de antiguos etarras.

"La mujer de Casas se siente viuda a causa de ETA, separarlo no tiene sentido", afirma Rodriguez Uribes. Una apreciación que no comparte el ministerio que, al reconocer a Comandos Autónomos Anticapitalistas como un grupo al margen de la banda, no incluye entre los 829 a Enrique Casas ni a los otros 26 muertos que dejó este grupo armado. También quedan fuera de la lista ministerial las víctimas mortales de la kale borroka o violencia callejera.

Con la colaboración de la Oficina de Víctimas, EL PAÍS ha logrado elaborar una relación de 826 nombres de personas, cuya muerte ha sido atribuida a la banda por fuentes policiales. En el trabajo documental este periódico ha contrastado hemeroteca de la época, pero también las listas de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (incluye a 825 fallecidos), de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (da 921 nombres) y de los libros Vidas Rotas -en el que los autores Rogelio Alonso, Florencio Domínguez y Marcos García Rey recogen las historias de 856 víctimas de terrorismo- y Crónicas sangrientas de 30 años-en el cual Eloy Ramos Martínez rememora a los 146 policías nacionales asesinados por ETA.

Las asociaciones y la Oficina de Víctimas coinciden en incluir el nombre de José Manuel Cardosa Morales entre las víctimas del terrorismo etarra, pese a que existen serias dudas sobre la autoría del asesinato. Este cartero murió en 1989 cuando le explotó en las manos un paquete que debía entregar. No es el único empleado de Correos fallecido en esas circunstancias: lo que diferencia a Cardosa es que la carta no iba dirigida a un crítico con la banda, sino a Ildefonso Salazar, militante de Herri Batasuna.

En su día la policía lo atribuyó a ETA por el método empleado en el atentado, pero los periódicos de la época resaltaron que años antes Ildefonso Salazar, de 46 años, había presentado una denuncia por torturas contra un teniente de la Guardia Civil, que fue condenado por la Audiencia Provincial de San Sebastián en una sentencia ratificada, posteriormente, por el Tribunal Supremo. Es la víctima que todos reclaman. La fundación Euskal Memoria, promovida por antiguos etarras y simpatizantes de la banda, lo reivindica como víctima del terrorismo de Estado. Entre las fotografías de las víctimas de los GAL y Batallón Vasco Español, entre otros, que tiene colgadas en su página web, aparece la foto de un sonriente Cardosa, en una noche cualquiera de los 22 años que llegó a vivir.

Sea como fuere, la historia de la banda terrorista se lee en los nombres de sus víctimas. La primera vez que aparece la denominación de Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad) fue en Bilbao, el 31 de julio de 1959. Un grupo de estudiantes radicales disidentes del colectivo EKIN -nacido en 1952 para reaccionar contra la pasividad y el acomodo que en su opinión padecía el PNV- envían al presidente del Gobierno vasco en el exilio, José Antonio Aguirre, una carta en la que le informaba de su fundación. La decisión de matar vino más tarde (¿en 1960? ¿1968?). Desde ese momento las víctimas se convirtieron en moneda de cambio, que emplearon sin escrúpulos.

En los ochenta las muertes se convirtieron en algo tan habitual que dejaron de ser noticia. Muchos atentados pasaron desapercibidos para la prensa y las investigaciones se amontonaban en las comisarías y cuarteles del País Vasco. Una de cada tres víctimas se produjo en los años de plomo (1978-1980). Todavía resacosa del franquismo, España no contaba con la colaboración de Francia; por eso, el santuario francés servía de refugio para una organización fortalecida por el dinero de la extorsión. De esta época son la mayoría de los casos cuya autoría es cuestionable atribuir a ETA. Un muerto en una cuneta con la cabeza reventada por un disparo del calibre 9 milímetros parabellum, que era la usada por el frente político-militar, apuntaba a ETA. ¿Lo habían acusado de chivato? ¿Era víctima de la campaña antidrogas que llevaron a cabo contra traficantes durante los ochenta? ¿O se trataba de un ajuste de cuentas entre delincuentes?

A lo largo de su historia la banda fue ampliando los motivos por los que apretaba el gatillo o ponía una bomba. El espectro de víctimas potenciales crecía con su propia ambición o descontento. Desde el comienzo, ser policía o guardia civil, especialmente en el País Vasco, era enfrentarse a la muerte cada mañana. Los bares que frecuentaban militares y policías también se convirtieron en objetivos: como ocurrió en la madrileña calle del Correo, con la matanza de la cafetería Rolando, en la que murieron 13 personas. Ahí acudían policías destinados en lo que entonces era la Dirección General de Seguridad, instalada en el caserón de la Puerta del Sol que hoy es sede del Gobierno de Esperanza Aguirre. Nadie reivindicó la masacre, pero marcó la escisión de la banda entre el frente político-militar y el militar.

En 1978, fue la campaña contra la Constitución la que marcó el comienzo de la etapa más sangrienta. Al año siguiente el Estatuto Vasco conllevó la ruptura de ETA con el PNV. La tregua del frente político militar en 1981 y su disolución definitiva un año más tarde redujo la sangría, aunque el número de muertos por año no bajaba de 30.

El primer golpe policial fuerte contra la banda fue la redada de 1992. La detención de tres dirigentes de ETA durante una reunión en Bidart (Francia) y las posteriores actuaciones policiales frenaron el reguero de atentados que había comenzado el año anterior aprovechando que los focos de la prensa internacional estaban puestos en España por los Juegos Olímpicos de Barcelona. A partir de la firma del Pacto Antiterrorista, que suscribieron PP y PSOE en 2000, se multiplicaron los ataques contra ediles de ambos partidos.

El abandono definitivo de las armas anunciado el 20 de octubre pasado puso fin a casi 50 años de terror, en los que ETA ha matado a cientos de personas, ha causado miles de heridos, ha atemorizado a decenas de miles de ciudadanos... No se pueden borrar las cicatrices de las familias, pero es necesario que el capítulo más sangriento de la democracia española se cierre poniendo rostro a las muertes: las víctimas tienen que dejar de ser una estadística.