Sudán condena a morir lapidada a una joven acusada de adulterio

Intisar Sharif Abdallah y su bebé de cuatro meses llevan desde el pasado 22 de abril en la cárcel en Omdurmán, la ciudad gemela de la capital sudanesa Jartum, justo al otro lado del Nilo. Ese día, Abdallah fue sentenciada a morir lapidada, después de que el juez la encontrara culpable de zina o relación sexual ilícita, según la ley islámica. En este caso, Abdallah estaba acusada de haber mantenido relaciones sexuales con un hombre que no era su marido.

La mujer no tiene certificado de nacimiento y, según los abogados que han hablado con ella tras el fallo, aparenta menos de 18 años. En Sudán, no se puede aplicar la pena de muerte ni la cadena perpetua a los menores de dad. En el registro de la prisión se dice que la joven tiene 20 años.

Actualmente, Abdallah, que está obligada a llevar unos grilletes que dificultan que cuide de su bebé, espera que el tribunal resuelva un recurso de apelación interpuesto por un grupo de abogados que se ha involucrado desinteresadamente en el caso. El juez tiene hasta mediados de julio para emitir una respuesta.

Fue la propia familia de Abdallah la que la acusó de adulterio ante un tribunal, en un primer momento durante los últimos meses del año pasado. Entonces, la joven y el hombre acusado junto a ella negaron los cargos y el juez desestimó el caso, según cuenta a EL PAÍS la también sudanesa Hala Alkarib, directora regional de la Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (SIHA, por sus siglas en inglés). SIHA, con sedes en Kampala, Uganda y Jartum, está trabajando con los abogados del caso.

Abdallah está casada y su marido, que es militar, fue destinado a otro lugar de Sudán hace algo menos de un año. Fue tras este hecho cuando la familia acusó a Abdallah de adulterio. "Esta chica proviene de una familia extremadamente pobre y sospecho que la acusaron porque esperaban recibir algún tipo de compensación", dice Alkarib en conversación telefónica desde Kampala.

La familia volvió a acusar a Abdallah de adulterio el pasado abril, esta vez ante otro tribunal en Omdurmán. "Parece ser que tras la primera acusación, sus familiares han abusado de ella y que su hermano llegó a darle una paliza", cuenta Alkarib.

En esta ocasión, Abdallah admitió haber cometido adulterio y sin ninguna otra prueba o testimonio, y en el mismo día, el 22 de abril, el juez Sami Ibrahim Shabo la encontró culpable y la condenó a morir lapidada. El hombre que supuestamente habría cometido adulterio con ella volvió a negar los cargos y fue dejado en libertad, lo que no parece coherente con la condena a la joven. "Creo que la familia no sabía que podía ser condenada a muerte", comenta Alkarib. "Cuando escucharon la sentencia se quedaron en shock, particularmente su hermana, que fue quien entonces buscó ayuda legal".

Desde SIHA denuncian, además, que Abdallah no tuvo acceso a un abogado antes o durante el juicio y que tampoco pudo contar con un intérprete de árabe, el idioma usado en el proceso y que no es su lengua materna. La ley sudanesa dice que toda persona acusada de un crimen grave tiene derecho a representación legal durante el juicio. Alkarib cuenta que la joven sufre de angustia y que no entiende por qué ha sido encarcelada ni la situación legal en la que se encuentra.

Abdallah tiene otros dos hijos, que han quedado al cuidado de su hermana, y desde SIHA no pueden confirmar si el bebé que está con ella en la cárcel es resultado de la supuesta relación ilícita. "Ni siquiera sabemos si el adulterio existió, porque ambos lo negaron en un principio, ella lo admitió solo tras ser golpeada y el hombre lo ha seguido rechazando", explica Alkarib.

Si el tribunal rechazara esta apelación, los abogados aún podrían recurrir a la Corte Suprema de Sudán.

La sentencia se basa en el artículo 146 del Código Penal de Sudán, de 1991, que señala que "quien cometa la ofensa de zina será castigado con ejecución por lapidación si el infractor está casado o con cien latigazos si no está casado".

Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han condenado la sentencia y piden a las autoridades sudanesas que la anulen.

No es la primera vez que Sudán condena a una mujer a morir lapidada por un crimen de este tipo, y en todos los casos anteriores los tribunales anularon las sentencias tras las apelaciones.

"Pero yo no tengo mucha confianza, hace varios años de las otras veces y ahora la situación política es completamente diferente", señala Alkarib. "Desde la separación de Sudán y Sudán del Sur, la discriminación contra las mujeres en Sudán se está volviendo más severa".

HRW destaca que Sudán es uno de los siete países del mundo que incluyen la muerte por lapidación entre sus penas y que la gran mayoría de sentencias han sido impuestas en mujeres. "Queremos que dejen de hacer pasar a las mujeres por este tipo de trauma", dice a EL PAÍS Agnes Odhiambo, investigadora en la división de derechos de las mujeres de HRW en África, establecida en Nairobi. "No podemos estar seguros de que no vayan a cumplir la sentencia y, en cualquier caso, esta chica ya está sufriendo una situación dramática, encarcelada con su bebé", continúa Odhiambo.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por casi todos los países del mundo, incluido Sudán, no prohíbe la pena de muerte pero la admite solo en casos de crímenes muy serios, entre los que no se encuentra el adulterio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros documentos y tratados internacionales, de los que Sudán es signatario, prohíben el trato cruel e inhumano que supondrían sentencias como la lapidación.

HRW, AI, SIHA y otras organizaciones han pedido repetidamente a las autoridades sudanesas que eliminen la lapidación y otros castigos corporales de su código penal y que detengan la discriminación contra las mujeres. HRW señala que mujeres y niñas pueden ser arrestadas y sufrir hasta 40 latigazos si violan el artículo 152 del Código Penal, que prohíbe "actos indecentes e inmorales" sin definirlos claramente. En la práctica, ha habido casos de mujeres condenadas a latigazos por llevar pantalones o faldas a la altura de las rodillas.

No ha sido posible contactar con ningún representante del Gobierno sudanés en Jartum ni con la embajada sudanesa en Nairobi, que no han contestado los correos electrónicos ni las llamadas de este periódico.