Sanidad prevé atender a sin papeles y cobrar a su país de origen

Quiso echar agua al fuego, y resultó gasolina. El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, el único representante del Ministerio de Sanidad que este mes de agosto ha intentado explicar cómo se iba a asegurar la atención a los inmigrantes en situación irregular con enfermedades crónicas cuya tarjeta caducará el 31 de agosto, ofreció una solución: serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. “Se les enviará por la asistencia que se les ha prestado aquí”, afirmó el jueves en declaraciones a Radio Nacional. Sonaba bien, pero tiene un inconveniente: es inviable (al menos, de momento).

En la entrevista, Rivero —con quien este periódico ha intentado hablar pero no lo ha conseguido— dijo que España tenía “bastantes” convenios con otros países para estas circunstancias. Al preguntar sobre ellos, el Ministerio de Sanidad remitió al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y es cierto. En la web de este organismo figura que hay acuerdos con 21 países. La decepción viene después: cuando se revisan los textos, solo en seis de ellos (Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez) está previsto que se cubra la atención sanitaria. Algo es algo, podría decirse. Pero al leer en detalle el convenio aparece un requisito —lógico, por otra parte—: que el interesado esté asegurado. Justo lo que no están los inmigrantes en situación irregular.

Por ejemplo, en el resumen que la propia Seguridad Social da sobre el convenio con Marruecos se especifica que la atención sanitaria será para:

—Trabajadores asegurados en un país, así como sus familiares que le acompañen, que se desplacen temporalmente a su país de procedencia por vacaciones retribuidas o ausencias autorizadas y que precisen de forma inmediata la asistencia sanitaria.

—Trabajadores enfermos que hayan sido autorizados a trasladarse al otro país y los familiares que le acompañen.

—Pensionistas de un país y sus familiares que residan en el otro país.

—Familiares del trabajador asegurado en un país que residan en el territorio del otro país.

Por tanto, los inmigrantes en situación irregular, que, por eso mismo, no han podido asegurarse, quedan excluidos.

Aparte de esto —que no es poco— hay otro problema. Si hay algo que no ha caracterizado hasta ahora al Sistema Nacional de Salud ha sido su agilidad para cobrar a otros países las atenciones que aquí se prestan a sus ciudadanos. Las comunidades no tienen preparados los mecanismos correspondientes, como puso de manifiesto un informe del Tribunal de Cuentas del 2009 que aseguraba que se podían haber recaudado 970 millones solo de los países de la UE y la EFTA (Noruega, Islandia, Suiza), con los que sí hay acuerdos. Esta cifra ha sido utilizada hasta la saciedad por Sanidad, que ha mezclado este auténtico turismo sanitario (o incapacidad gestora) con el supuesto abuso de los inmigrantes en situación irregular, que ocasionan un gasto muy inferior, como acreditan todos los estudios. Primero, porque son menos. Y, segundo, porque van menos al médico.

El turismo sanitario de los europeos costó 970 millones en 2009

De hecho, alguna de las comunidades más afectadas por este abuso, como la valenciana, lleva desde 2008 luchando contra ello. Entonces, la ley de Aseguramiento del Sistema Sanitario de la Comunidad Valenciana —con unos principios similares a los que ahora se aplican a toda España de que la asistencia sanitaria no es un derecho sino que se gana por haber cotizado a la Seguridad Social, aunque ese dinero no se utilice para pagar la sanidad— pretendía ahorrar hasta 210 millones de euros al año.

Eso es de relativa fácil aplicación con países europeos, con sistemas sanitarios similares al español, y un nivel de informatización y regulaciones internacionales que permiten ese tipo de intercambio de información. Pero pensar que el Gobierno pueda pasar una factura por la atención sanitaria a un país pobre por un ciudadano que está en situación irregular y cuya dolencia, probablemente, no sea atendida por la sanidad pública de su país de origen parece, cuando menos, un ejercicio de optimismo exagerado.

En el fondo, las declaraciones de Rivero —recién llegado al cargo; fue nombrado el 25 de julio— parecían bienintencionadas. Tanto que hasta la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), una de las organizaciones que más se oponen a lo que han calificado como apartheid sanitario, las recibió como algo positivo. Su secretario general, Salvador Tranche, llegó a decir que era una propuesta “excelente”. Por lo menos les parecía mejor que la idea de que estas personas suscribieran una especie de póliza por 710 euros al año (o más del doble si son mayores de 64 años) que también ha barajado este verano Sanidad.

Valencia elaboró en 2008 una ley para cobra a los ciudadanos de la UE

Aparte de estas declaraciones, la Semfyc mantiene su registro de profesionales objetores a la prohibición de atender a inmigrantes sin papeles, que ya va casi por los 1.100 inscritos. Esta postura va, poco a poco, concretándose. A la idea del Consejo General de Enfermería de instalar consultas en sus sedes, se sumó el Colegio de Médicos de Cantabria, que propuso algo similar. Con ello respondía a la consejera, María José Sáenz de Buruaga, que ha sido la última en afirmar que atender a estas personas en centros públicos es ilegal.

Rivero siguió la línea del ministerio de que los que lo necesiten serán atendidos en urgencias. Al respecto, señaló que será el médico el que decida si la atención al inmigrante irregular es urgente “y hay que tratar a ese paciente”. “No puede ser otra persona” la que tome la decisión, señaló, porque solo el médico sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento. Según el responsable sanitario, si no se toman las medidas asistenciales necesarias se puede adquirir una patología “mucho más compleja de la que se tiene en un momento dado”.

Este argumento es asumido por los médicos de urgencias, que recuerdan que según la Organización Mundial de la Salud, esta condición depende del afectado, y, por tanto, una primera atención debe darse a cualquiera. Lo que sucede es que después de esa evaluación, se verifica la gravedad y se decide, por lo que no puede ser una puerta de entrada universal para todos los pacientes. Así que, cuando faltan 20 días, y por muchas declaraciones en contra que se hagan, la atención a los sin papeles sigue en el aire.