¿Cómo gravar a los ricos sin que se larguen?

El último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INSEE) de Francia no engaña. Bajo el Gobierno de Nicolas Sarkozy, entre 2009 y 2010, el número de pobres en Francia (personas que ganan menos de 964 euros por mes) aumentó en 440.000 personas, hasta los 8,6 millones. La crisis golpeaba y las desigualdades no dejaban de aumentar. En el país obsesionado desde hace dos siglos y medio por la egalité, el 5% de la población con más ingresos se hizo un poco más rica todavía, mientras el nivel de renta medio (19.270 euros anuales) bajaba un 0,5%. Un año más tarde, el 25 de agosto de 2011, 16 empresarios y directivos de empresas publicaban un manifiesto nada habitual, en el que pedían al presidente Sarkozy que instaurara “una contribución excepcional para los más favorecidos”.

En aquella lista estaba Lilliane Bettencourt, la heredera de L'Oréal. Le faltaba poco para ser inhabilitada por los jueces, pero se atrevió a ponerse en primera fila contra la política de su amigo Sarkozy, criticada por la izquierda por haber habilitado exenciones fiscales a los más ricos valoradas en miles de millones de euros anuales. El manifiesto no pedía nada extraordinario. Simplemente, un impuesto “razonable, para evitar efectos económicos indeseables tales como la fuga de capitales o el aumento de la evasión fiscal”.

“Somos conscientes de los beneficios que proporciona el modelo francés y el ambiente europeo al cual estamos vinculados y a cuya preservación deseamos contribuir”, decían los millonarios solidarios, que añadían: “Es necesario un esfuerzo global de reforma, tanto sobre los gastos como sobre los ingresos”, dado que “el déficit y las perspectivas de agravación de la deuda pública amenazan el porvenir”.

Sarkozy instauró una contribución especial para los más favorecidos

La carta la firmaban, entre otros presidentes de empresas, los de Veolia, Accor, Publicis, Total, Société Générale, Danone, Orange, Volvo, Meetic, Air France-KLM, y PSA Peugeot-Citroën. La crema del índice CAC40. Le Monde testó su opinión, y la contestación fue: “¡Cóbrennos! (pero una cosa razonable)”.

Es sabido que en esta lista de potentados con ganas de arrimar el hombro no figura el hombre más adinerado del país, Bernard Arnault. Una posible razón de la ausencia del presidente de LVHM, la cuarta fortuna del mundo según Forbes, con un patrimonio estimado entre los 21.000 millones de euros y los 32.000 millones, es que aquella carta iba destinada a Sarkozy, de quien es buen amigo.

Lo cierto es que Arnault ha esperado un poco más para manifestarse, y cuando lo ha hecho no ha sido para pedir al Gobierno que le cobre más. El empresario, de 63 años, ha provocado un terremoto al admitir que es cierto que ha solicitado la nacionalidad belga, añadiendo que no lo hace para exiliarse fiscalmente sino “para desarrollar negocios allí”. Pocos le han creído, porque el grupo Arnault posee ya una filial en Bélgica, y porque su tendencia a marcharse cuando vienen mal dadas no es nueva. Tras la victoria de François Mitterrand, el 10 de mayo de 1981, Arnault se marchó a EE UU y estuvo tres años fuera. Muchos otros, asustados ante la llegada “de los comunistas”, desfilaron hacia Suiza con los ahorros en el maletero. El miedo a la voracidad impositiva de la izquierda es un clásico en el Hexágono. Igual que en Italia y España, como bien sabían y contaron Azcona y Berlanga.

“¡Cóbrennos! (pero una cosa razonable)”, dijeron muchos millonarios

“Es un sismo político, pero no un evento fiscal, porque Arnault sigue viviendo en Francia y paga sus impuestos aquí”, recuerda Philippe Bruneau, presidente del Círculo de los Fiscalistas. Para engrosar las listas de los exiliados fiscales, Arnault debería cambiar su domicilio. De momento, ya dispone de una vivienda en las afueras de Bruselas desde finales de 2011. Otra posibilidad, puramente especulativa, recuerda Bruneau —y “opción extrema”— sería que renunciara a la nacionalidad francesa, lo cual le permitiría instalarse en Mónaco. Algo que los franceses no pueden hacer desde 1962.

Aquel año, en un esfuerzo por luchar contra el dumping fiscal, el general De Gaulle obligó al príncipe Rainiero de Mónaco —llegó a amenazarle con cortarle la luz— a firmar una convención que cerró las puertas del paraíso fiscal a los franceses: aunque residan en el Principado, siguen sometidos al fisco galo.

La historia del dueño de las maletas Louis Vuitton es quizá la más llamativa, pero es muy parecida a la de cientos, quizá miles de franceses. Aparte de Mónaco, Francia es un país rodeado de paraísos fiscales: Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido. Se calcula que unas 4.000 grandes fortunas francesas han elegido ya domicilio fiscal en Bélgica, donde la fiscalidad es más indulgente. En Suiza se encuentran sobre todo las grandes fortunas y deportistas, donde tributan una tasa calculada en función del valor de su vivienda y no de los ingresos, y con un mínimo establecido en función del cantón. Tres cantones ya han abolido esos privilegios, y, de aquí a fin de año, Berna y Ginebra decidirán si hacen lo mismo en referéndum. Según el diario suizo Le Temps, de las 6.000 personas que se acogen al forfait fiscal, unos 2.000 son franceses.

En Suiza se tributa
en función del valor de
la casa y el cantón

El Reino Unido, donde la fiscalidad sobre el trabajo es más ligera que en Francia, es también uno de los destinos clave, sobre todo de emprendedores, que se encuentran además con menos trabas burocráticas. Londres se llama en París “la sexta ciudad francesa” por sus más de 250.000 residentes, y el premier David Cameron ha ironizado con la famosa tasa Hollande diciendo que pondrá “la alfombra roja” a los exiliados franceses.

El impuesto del 75% para las rentas superiores al millón de euros, anunciada por Hollande durante la campaña de la pasada primavera cuando Sarkozy se le acercaba en los sondeos, ha suscitado un debate muy animado. A la oposición de los deportistas y los artistas — “el 75% es demasiado”, dijo la actriz Catherine Deneuve—, que afirmaron que sus cortas y azarosas carreras no merecían una exhibición de patriotismo tan cara (salvo Yannick Noah, un exiliado a Suiza luego arrepentido que se dijo encantado de poder pagarla), se sumaron enseguida los técnicos en la Constitución, que señalaron el peligro de que la norma sea anticonstitucional por no respetar el criterio de igualdad.

“El caso Arnault es el árbol que esconde el bosque y es una pena esta focalización sobre él porque evita hablar del verdadero problema”. Bruneau resalta que se calcula que anualmente hay entre 700 y 800 franceses que abandonan el país por motivos fiscales y “que se van con su capital y también con sus cerebros”. El fenómeno del exilio fiscal se ha democratizado mucho desde finales de los años noventa y acelerado a principios de la última década, con las facilidades de movilidad que aportan las nuevas tecnologías y el transporte. “El verdadero problema no son tanto las grandes fortunas como los jefes de pequeñas y medianas empresas de provincia, con decenas de miles de euros, que deciden abandonar el país porque la fiscalidad es demasiado alta”, asegura.

El exilio fiscal también
afecta a jefes de pequeñas
y medianas empresas

El fenómeno podría amplificarse en función de los retoques que realicen el Gobierno y el Parlamento sobre los presupuestos para 2013, que empiezan a tramitarse ahora y estarán listos a finales de mes. “Conozco casos de personas que ya han optado por exiliarse este verano, pero sobre todo hay muchos que están consultando y esperando a ver el detalle de las subidas de impuestos para tomar una decisión”, explica Bruneau.

Para luchar contra el exilio fiscal “necesitamos una verdadera política europea”, explica Thierry Pech, director del mensual Alternatives Économiques, en una entrevista al diario Libération. “Resulta extraño haber redactado el nuevo tratado de estabilidad sin acompañarlo de verdaderas medidas de armonización fiscal. En un momento en que los europeos buscan nuevas herramientas de solidaridad presupuestaria, las diferencias de trato sobre este tema crean una competición en la zona euro y más allá. Por lo tanto, el problema de la evasión fiscal en nuestras fronteras seguirá”.

“La mejor manera de solucionar el problema sería hacer como Estados Unidos y gravar a los ciudadanos en función de su nacionalidad y no de su domicilio”, avanza. Sarkozy ya avanzó esta idea durante la campaña. “Permitiría por una parte acabar el dumping fiscal en Europa y recuperar a los exiliados allí donde estén”, apunta. “No será fácil, habrá que negociar con los países en cuestión, como Bélgica, pero creo que va en el sentido de la historia”.

Una solución sería gravar por la nacionalidad y no por el domicilio

Finalmente, el Gobierno ha revisado a la baja la tasa del 75%, limitándola a los ingresos del trabajo, dejando fuera a los del capital, que ya están tasados por el Impuesto sobre la Fortuna, y limitándola a un plazo de dos años “si todo va bien”. Hollande ha afirmado que “no se trataba de buscar recursos complementarios, sino de dar ejemplo, de que los que tienen más puedan decir: ‘Hacemos un acto cívico”.

La medida afectará finalmente a unos 2.000 o 3.000 contribuyentes. Un símbolo de equidad y justicia en un momento difícil. Muchos franceses podrán, así, seguir con la tradición de odiar a los ricos. “No los soportamos desde la Revolución”, dice Maider, profesora de español en un colegio. “Es un hecho que no nos gustan los ricos, si no, ¿cómo explicar la portada de Libération contra Arnault? ¿En qué país se puede imaginar?”, se indigna el asesor fiscal.

Se refiere a la portada del diario de este lunes, en el que se invitaba al empresario a irse con el provocativo titular: Lárgate, rico capullo. El diario de la familia Rothschild —que apreció el “golpe de marketing”— jugaba con la frase pronunciada por Sarkozy en una feria agrícola, cuando le soltó a un ciudadano que no le quería dar la mano: “Lárgate, pobre capullo”.