El Supremo anula la prohibición del ‘burka’ en Lleida

El Tribunal Supremo ha entrado a resolver parcialmente lo que los propios magistrados califican como “un problema de marcado sentido político” que se ha suscitado en distintos países. ¿Pueden legítimamente algunas mujeres musulmanas usar un burka (velo integral) en la calle y relacionarse completamente tapadas con el resto de los miembros de su comunidad? El Ayuntamiento de Lleida —y después de él media docena de municipios— entendió que no, y lo prohibió modificando unas ordenanzas municipales. La Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal, en una sentencia de 14 de febrero hecha pública ayer, anula y declara contrarios a derecho esos artículos.

El argumento fundamental de la sentencia es que los Ayuntamientos carecen de competencias para limitar un derecho fundamental como es la libertad religiosa, algo que solo se puede hacer mediante una ley, un tipo de norma reservada al Parlamento. El alto tribunal deja claro que su sentencia no responde a la pregunta general de si en España y en nuestra Constitución cabe o no una prohibición general del uso del burka, como en Francia y Bélgica, sino que se limita a analizar la cuestión del Ayuntamiento de Lleida y su competencia. De hecho, deja abierta la posibilidad de que una ley estatal entre a regular la cuestión sin prejuzgarla.

El municipio no puede, según la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Conde Martín de Hijas —exmiembro del Tribunal Constitucional como otro de los firmantes de la resolución, Jorge Rodríguez-Zapata—, establecer “por sí mismo, limitaciones al ejercicio de un derecho fundamental en los espacios municipales”, algo que excede de un interés local y provoca que el derecho quede limitado en una parte del territorio nacional y no en otros. “La insuperable exigencia constitucional de la necesidad de la ley para limitar el ejercicio del derecho fundamental no puede sustituirse (…) por las posibilidades normadoras de las ordenanzas municipales”, razona.

El Supremo entra también en otra cuestión: la argumentación del Ayuntamiento para defender su medida asegurando que el burka perturba la tranquilidad y la convivencia en el municipio, en la realización de las actividades cotidianas. Y dice que “la realidad de esa perturbación (…) carece de una demostración convincente en cuanto simple constatación sociológica”. Añade, además, que si existiera un Ayuntamiento no sería el que debería arreglarlo.

La resolución recoge también otra cuestión relevante: ¿Debe prohibirse el burka partiendo del presupuesto de que la mujer no lo usa libremente sino por una coacción? El alto tribunal advierte en este punto del “riesgo perverso que pueda derivarse” de esta decisión: “El enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar (…) lo que a la postre resultaría contrario al objetivo de integración en los diferentes espacios sociales y, en suma, en vez de servir a la eliminación de discriminaciones, pudiera contribuir a incrementarlas”.

Los hechos se remontan a 2010, cuando el pleno municipal de esa capital aprobó, el 8 de octubre, la modificación de tres artículos de la ordenanza municipal de civismo y convivencia que prohibían el acceso o permanencia en los espacios o locales destinados al uso o servicio público “a las personas que porten velo integral, pasamontañas, casco integral y otras vestimentas o accesorios que impidan o dificulten la identificación y la comunicación visual de las personas”. Se prohibía también, entre otras cuestiones, acceder con esas prendas al archivo municipal y se obligaba a los que lo portaran a identificarse ante el personal de transporte de viajeros bajo amenaza de multa de hasta 600 euros. La propuesta fue apoyada por 14 concejales del PSC, seis de CiU, dos del PP y un edil no adscrito. ERC se abstuvo mientras que IC votó en contra.

La Asociación de Inmigrantes Watani por la Libertad y la Justicia recurrió el acuerdo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no les dio la razón. En una sentencia de 2011 desestimó el recurso considerando que no vulneraba los principios de igualdad y participación y que, en todo caso, el respeto a la manifestación de las creencias religiosas tiene el límite del mantenimiento del orden.

El Supremo examina el derecho comparado y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para concluir que no hay un “consenso jurídico” sobre la cuestión ni una pauta jurisprudencial “segura e inequívoca”. Resalta que, en los países del entorno, solo dos, Francia y Bélgica, han prohibido el velo integral.